La intervención de comunicaciones es cada vez más recurrida por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR), para la supuesta investigación de delitos relacionados con la delincuencia organizada y las “amenazas” a la seguridad nacional.
La recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo Guzmán, difícilmente impactará en el negocio multimillonario de las drogas. Tan sólo en 2015, los cárteles se habrían embolsado entre 6 mil millones y 39 mil millones de dólares [es decir, entre 102 mil millones y 663 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 17 pesos por dólar], según estimaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (informe National money laundering risk assessment 2015).
Dos de los más recientes procesos judiciales que se ventilan públicamente e involucran a políticos, artistas y narcotraficantes con el supuesto delito de lavado de dinero, confirman la desigualdad en la aplicación de justicia que hay en nuestro país. Por un lado, el gobierno protege a los amigos y miembros del sistema y evita que rindan cuentas y enfrenten a la justicia, como sucede con el exgobernador y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira. De manera distinta, se acosa judicialmente y se violan derechos a quienes critican al gobierno y antes de un juicio se les exhibe públicamente en una clara afectación al debido proceso, tal como ocurre con la actriz Kate del Castillo.
Una vez documentado el espionaje estadunidense sobre territorio mexicano y su población, incluido el presidente Enrique Peña Nieto –lo cual era del dominio público pero ahora ha sido comprobado con documentos extraídos de órganos de inteligencia de aquel país–, qué argumentos puede utilizar el gobierno federal para reclamar enérgicamente a su homólogo de Estados Unidos, cuando han sido las mismas administraciones priístas y panistas que durante décadas consintieron el intervencionismo extranjero en las decisiones políticas, económicas y de seguridad del país.
El amplio archivo que integró la PGR en contra de Raúl Salinas de Gortari –y que deberá defender en el proceso de apelación de la sentencia que exoneró al ingeniero y a sus cómplices– da cuenta puntual de cómo se fraguó y operó el multimillonario fraude a las finanzas públicas. El año 1991 marcó un punto fundamental en esa historia de peculado, que involucró prestanombres, más de un centenar de cuentas bancarias en México y el extranjero, una decena de empresas y más de 40 bienes inmuebles. El complejo esquema financiero y empresarial fue ideado explícitamente por dos abogados para ocultar que el origen de la fortuna es el erario nacional. En breve, el hermano incómodo del expresidente Carlos podría recuperar cada centavo y propiedad
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