En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, México ha erogado 2 mil 35 millones 822 mil dólares en armamento y equipo militar adquirido a Estados Unidos. Al tipo de cambio actual, el monto sería equivalente a 28 mil 560 millones 37 mil 613 pesos. Entre las adquisiciones se encuentran helicópteros, aviones y vehículos todo terreno.
El gobierno federal cuenta con, al menos, nueve vehículos aéreos no tripulados o drones. Los más caros están al servicio de la Policía Federal, la cual pagó por dos unidades 48 millones 500 mil dólares (unos 638 millones de pesos) a la israelí Elbit Systems, Ltd. Con la misma compañía, la Sedena adquirió también dos aeronaves cuyo costo ascendió a 25 millones de dólares (alrededor de 329 millones de pesos).
Sin cumplir todavía 1 año en el cargo como presidente de la República, Enrique Peña Nieto prepara los primeros cambios en su equipo más cercano del gabinete. Algunos por enfermedad, otros por edad y los más por negligentes e incompetentes.
Una vez documentado el espionaje estadunidense sobre territorio mexicano y su población, incluido el presidente Enrique Peña Nieto –lo cual era del dominio público pero ahora ha sido comprobado con documentos extraídos de órganos de inteligencia de aquel país–, qué argumentos puede utilizar el gobierno federal para reclamar enérgicamente a su homólogo de Estados Unidos, cuando han sido las mismas administraciones priístas y panistas que durante décadas consintieron el intervencionismo extranjero en las decisiones políticas, económicas y de seguridad del país.
Estudiantes, activistas, amas de casa, campesinos… Contra cualquiera se podrían enfilar las instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano. El marco jurídico define ambiguamente cuáles son las actividades que amenazan a la nación; y nada dice de cuáles son los objetivos, intereses y aspiraciones nacionales.
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