


“Seguridad nacional”, el ardid para eludir la ley. En México, los organismos de inteligencia –civil y militar– no rinden cuentas del dinero público que ejercen ni de su desempeño profesional. Con frecuencia, estos organismos son utilizados para espiar ilegalmente a los adversarios políticos del régimen en turno y violar derechos humanos.

Ya que sabemos más sobre el espionaje a gobernantes y ciudadanos gracias al atrevimiento del fundador de Wikileaks asilado en una embajada, Julian Assange, y de Edward Snowden, a salto de mata, ambos luchando por las libertades de la humanidad, es más que necesario ir a las páginas de la experta en seguridad Mary Kaldor, profesora y directora del Centro de Estudios sobre Globalización de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, Inglaterra.

El testigo predilecto de la PGR en el sexenio de Calderón, Jeniffer, no dudó en señalar a Nicolás Hernández como cómplice del narcotráfico cuando éste ya no le era útil a Marisela Morales. Fue “una traición” de la exprocuradora, señala quien fuera delegado de la PGR en Quintana Roo y, por años, hombre cercano a la actual cónsul de México en Milán.

Los informantes que han puesto al descubierto el espionaje, las intrigas, los sabotajes y otras actividades ilegales de los organismos de seguridad nacional estadunidenses no son simples “denunciantes”, como si se tratara de ciudadanos que buscan corregir las pocas fallas de un sistema democrático.

En el sexenio anterior, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), todos los responsables de la seguridad nacional conocieron perfectamente la constante intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos del país. También sabían del espionaje de ese país a México porque la Secretaría de la Defensa (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR) utilizaron los equipos de espionaje e intervención de llamadas que empresas estadunidenses les vendieron por instrucciones precisas de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

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