La Semarnat sí tuvo conocimiento previo de la “irremediable pérdida” de mangle y de especies de fauna en Tajamar, revela la manifestación de impacto ambiental. Ante el aval de autoridades ambientales a la depredación, la sociedad presentó 14 amparos contra el proyecto.
La actual administración debiera dar prioridad con carácter urgente a temas de preocupación nacional como el derecho a un medio ambiente sano, la defensa de la tierra y el territorio, los derechos de las personas y los pueblos transversalizados con una perspectiva de género y desde la interseccionalidad, en un contexto generalizado de crisis ambiental y las consecuencias que conlleva para los ecosistemas, para las personas en general y para grupos de poblaciones que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, entre ellos las mujeres.
Es sorprendente como la incompetencia del hombre se exacerba por dinero, cuando la condición humana desarrolla las ciencias y las artes, que hacen a las sociedades grupos civilizados; que, se supone, procuran para sí y para los animales con los que “comparten” la Tierra, un mayor bienestar. En México, los actos “civilizatorios” de empresarios e inversionistas usan el sobretodo del “desarrollo”, cuando implican establecer industrias o complejos inmobiliarios en lugares paradisiacos. Como una vez fue Tajamar, hoy reducto casi devastado, de lo que hasta la década de 1970 era una región virgen. Acciones avaladas por el gobierno a través de instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre otras igual de incompetentes.
Más de 12 mil millones de pesos salieron de las arcas mexicanas para el pago de “contribuciones voluntarias” a organismos internacionales, como la ONU y la OMC, entre otros. A mitad del sexenio, se cierra la llave.
Desarrollo inmobiliario estadunidense se implanta en Baja California Sur. Ya desarrolla un proyecto exclusivo en detrimento del medio ambiente y de las comunidades de pescadores de la región. Con anuencia de las autoridades, se ha apropiado de un área mayor a la autorizada y ha acaparado el agua potable.
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