El 50 por ciento de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas. La mayoría se ubican al Norte del país, revela estudio. “No existe una política integral de combate a la delincuencia”, explica especialista. “Debemos enseñarle a la gente que el respeto no se gana cargando un fusil”, menciona diputado
Felipe Calderón aumentó, en 5 años, en 40 mil millones de pesos el presupuesto anual del Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embrago los resultados fueron desastrosos: los homicidios, los secuestros y los robos crecieron 35, 125 y 37 por ciento respectivamente. “No hay coordinación entre las instituciones de seguridad”, señala especialista
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla importantes mecanismos de protección a las mujeres que, sin embargo, han resultado ineficaces. Es el caso de la declaratoria de alerta de género que se ha solicitado ya en cinco ocasiones, pero que jamás ha prosperado. La titular de la Conavim, instancia encargada de esta declaratoria, asegura que el mecanismo ya fue corregido y que, en breve, serán publicadas sus modificaciones. Se trata, dice, de hacer más llano el procedimiento y de quitarle los elementos subjetivos que pudieran utilizarse con fines políticos
A 6 años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –que define la violencia feminicida y que por primera vez en el país reconoce legalmente la violencia contra la mujer–, ocho entidades siguen sin tipificar el feminicidio. Una de éstas, Chihuahua, que resgistró el 45 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres durante los últimos 9 años. En tanto, las 24 entidades que ya incluyeron el tipo penal en su legislación presentan deficiencias en cuanto a la definición del delito. Por ejemplo, no lo contemplan de forma autónoma o incorporan elementos subjetivos que dificultan su acreditación
El Estado mexicano carece de un registro confiable de feminicidios, y las pocas estadísticas que existen al respecto son manipuladas con secrecía por las instituciones públicas. Dilcya García, titular de la Conavim, manifiesta que no resulta constructivo señalar a los responsables de esta omisión. Para la representante de la Segob el registro más confiable tendría que emanar de las procuradurías locales, lo que además permitiría indagar en el ámbito de la procuración de justicia
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