En 2011, el penúltimo año de Felipe Calderón al frente del gobierno federal, se destinaron 59 mil 136 millones de pesos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Esto significó un aumento de 40 mil 51 millones respecto del último año del sexenio de Vicente Fox; es decir, los recursos se incrementaron en un 209.8 por ciento una vez que se dio el cambio de gobierno.

 

Los datos se asientan en el Cuaderno 3. Gobierno y gasto federalizado, de la serie Evaluación de la Cuenta Pública 2011, que elaboró la Unidad de Evaluación y Control, dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

 

En éste se muestra el incremento de recursos destinados al SNSP. Mientras que en 2006, último año del sexenio foxista, el presupuesto fue de 19 mil 85 millones de pesos; en 2007 ascendió a 28 mil 361 millones; para 2008 alcanzó los 34 mil 111 millones; en 2009 se le destinaron 47 mil 261 millones; en 2010 el monto se redujo a 45 mil 761 millones; pero en 2011 tuvo un  aumento significativo, al ascender a 59 mil 136 millones de pesos. No obstante, a pesar del incremento en el gasto, los delitos también aumentaron. Por ejemplo, en 2006 se registraron 27 mil 551 homicidios, mientras que en 2011 la cifra se incrementó en casi 10 mil casos: en ese año se cometieron 37 mil 409.

 

A lo largo del sexenio pasado, los asesinatos fueron en aumento: en 2007 hubieron 25 mil 113; en 2008, 28 mil 18; en 2009, 31 mil 545; y en 2010, 34 mil 545. Las estimaciones oficiales superan los 100 mil homicidios en los 6 años del gobierno calderonista.

 

Los secuestros también aumentaron: de 595 en 2006 a 1 mil 344 en 2011. En 2007, el propio SNSP registró 438; en 2008, 907; en 2009, 1 mil 163, y en 2010, 1 mil 220.

 

Otro ejemplo de la fortaleza del crimen corresponde a los robos. En 2006 hubieron 545 mil 232; en 2007, 610 mil 730; en 2008, 656 mil 877; al siguiente año, 680 mil 566; en 2010, 726 mil 661; en 2011, 751 mil 750. Anualmente, entre 2006 y 2011, la comisión de este delito creció 37.8 por ciento.

 

 

María Eugenia Suárez de Garay, titular de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia Penal del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), explica que en México se privilegia una política de fuerza sobre otra que puede combinar inteligencia, cooperación y coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y su modernización.

 

En entrevista con Contralínea, indica que “a pesar que desde 2008 se aprobó la reforma al sistema de justicia penal, todavía no podemos hablar de avances realmente significativos. En México seguimos sin tener un sistema de justicia penal moderno, transparente y garante, lo cual se relaciona directamente con el crecimiento de los índices de homicidios, secuestros y robos”.

 

No porque se invierta más, señala, se tendrán mejores resultados. La estructura que tendría que soportar dichos gastos y que debiera dar cauce a una política integral no se tiene. Por ello, los resultados “no son los que esperamos”.

 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es encabezado por el presidente de la República y está integrado por las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, la Procuraduría General de la República, los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal.

 

Además del Consejo Nacional de Seguridad Pública se constituyeron, con los consejos locales y regionales, las conferencia nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y  de Seguridad Pública Municipal.

 

Entre sus objetivos estratégicos para 2012 destacaba la consolidación del Secretariado Ejecutivo del SNSP como órgano rector coordinado, articulado y vinculado a todos los integrantes de dicho sistema, de forma eficaz, y eficiente, a fin de lograr políticas públicas y pactos consensuados.

 

A decir de Suárez de Garay, los objetivos planteados no se alcanzaron debido a que existe un hoyo negro en muchas de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia en el país. Por tanto, la estructura de seguridad pública que se tiene no es capaz de soportar políticas innovadoras que recojan la manera específica de entender integralmente los problemas.

 

“La gran desilusión es que, si bien ha habido inversión pública, el impacto en el fortalecimiento de las capacidades técnicas es muy pequeño, también porque son instituciones que se rigen bajo esquemas de extrema informalidad y de códigos internos casi de autogobierno”, señala.

 

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Fuente: Contralínea 330 / abril 2013