En el pasado, era un lugar común pensar que la violencia del narcotráfico sólo tocaba a quienes se atrevían a meterse con él. La creación de narcoestados o narcolocalidades ha vaciado de contenido esa noción.
El próximo 1 de septiembre, el presidente Peña Nieto hará públicos los resultados de su primer año de gobierno: el alza en las tasas de la pobreza y la violencia, el colapso del mercado interno y la nula generación de empleos. Una hipótesis perversa podría explicar la situación: inducir una austeridad fiscal deliberada para que la consecuente recesión doblegue y obligue a la población a aceptar la reprivatización energética, ante el temor de perder su empleo y el agravamiento de sus necesidades sociales
En nuestro país, los defensores de los derechos humanos son los más amenazados. Muchos han sido agredidos y encarcelados por funcionarios de las tres instancias de gobierno y también por delincuentes. Hacer valer garantías y derechos les ha valido toda clase de intimidaciones, particularmente por instancias gubernamentales que no entienden que, ante las violaciones a los derechos, las agrupaciones civiles deben denunciarlas para alertar a la opinión pública de las injusticias que permiten, por omisión o complicidad, las autoridades judicial y administrativa.
Pobres “moderados”, “extremos”, “alimentarios”, en “capacidades y patrimonio”, “carentes sociales”, en “ingresos inferiores al mínimo” y en “bienestar”… toda una parafernalia de términos para ocultar una realidad: el 80 por ciento de mexicanos vive en la miseria. Sin un plan económico y social que se diferencie al de los últimos 5 sexenios, el gobierno de Peña Nieto verá cómo el número de pobres se incrementa mes con mes
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas –cuyo brillante estudio se debe a Hans Kelsen en su libro El derecho de las Naciones Unidas–, a la letra dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión…” (Javier Hervada y José María Zumaquero, Textos internacionales de derechos humanos). Con base en ese artículo de vigencia universal constituido hace varios años, el director de la organización Artículo 19, en su jurisdicción para los Estados Unidos Mexicanos y Centroamérica, Darío Ramírez, mantiene un monitoreo sobre el desempeño de esas libertades, no solamente a través de sus informes anuales, sino también de constantes pronunciamientos para velar por el trabajo de periodistas.
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