En medio de la crisis que envuelve al gabinetazo, en donde después del desafuero del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador vino la renuncia del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, se espera en los próximos días más cambios y nuevos nombramientos. Pero más allá de la espectacularidad que dan los reflectores a funcionarios del primer nivel del gobierno foxista cuando son removidos, hay otros movimientos en el gobierno federal que, aunque parecen menores por tratarse de mandos medios, no lo son.

Este es el caso Así, en la Secretaría de Hacienda ya prepara el acta de entrega-recepción de la directora general de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, quien tiene la enorme responsabilidad del manejo del 75 por ciento del presupuesto federal y quien por instrucciones del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, pasará a ocupar la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la República, en sustitución de Germán Gallegos, es decir se hará cargo de las finanzas y la administración de la PGR. Extraño cambio cuando se trata del brazo derecho del secretario Gil Díaz y, sobre todo, por el hueco que deja en Hacienda.

Pero dicho movimiento podría parecer poco complicado si no fuera porque Cecilia Barra y Gómez Ortigoza tiene un proceso penal abierto en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, por la supuesta comisión del delito de desvío de fondos en el manejo del presupuesto público, por lo que el nuevo procurador Daniel Cabeza de Vaca Hernández tendrá que decidir si acepta o no a la experimentada funcionaria en cuestiones presupuestales y administrativas que es enviada por Gil Díaz para convertirse en la nueva oficial mayor.

La historia de dicha acusación en contra de la todavía directora general de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, la hizo la exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos, Lilia Cortés García, quien acusó a Barra y Gómez Ortigoza ante tribunales laborales por despido injustificado y después ante la PGR por maneo indebido del presupuesto federal, en donde se presumen desviaciones de recursos públicos para favorecer a secretarías y paraestatales en donde laboran “amigos” de la funcionaria, según la denuncia penal.

Por la tarde de ayer se esperaba una reunión en las oficinas de la PGR entre Cecilia Barra y Cabeza de Vaca, para determinar la situación de la acusación penal y decidir la conveniencia o no de que dicha funcionaria de Hacienda se incorpore a la Procuraduría.

Le Atribuyen Desvíos de Fondos Públicos

Otro asunto que tiene que ver con la misma directora general de Programación y Presupuesto, es una tarjeta informativa con carácter de “confidencial” y fechada en agosto de 2004, y firmada por Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, en donde solicita al director general adjunto de Seguridad Nacional, Jesús Villalobos López, liberar un presupuesto de 30 millones de pesos para el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), instancia judicial en la que se lleva en curso la denuncia en su contra por el despido injustificado de la ex directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos, Lilia Cortés García (expediente 1418/03).

Según dicha tarjeta “confidencial”, en agosto de 2004 Cecilia Barra solicitó a Jesús Villalobos López contactar a los funcionarios Roberto Chaparro Sánchez, director general de Administración del TFCA, y a Armando Botello Azuara, director general de Recursos Humanos y Materiales del mismo Tribunal, para informarles de la autorización de 30 millones de pesos “libres de medidas y de gastos de inversión”.

La notificación se debía hacer, indica el documento, a David Duque López, secretario particular del magistrado presidente, Alfredo Farid Barquet, porque “es el compromiso con el Magistrado para que lo firme”.

La disposición de Cecilia Barra habla de un presupuesto aún no aprobado por la Cámara de Diputados, y dado que se trata de un acto irregular, en el mismo documento advierte a Jesús Villalobos que de este movimiento no debía informar ni a Francisco Suárez Warden, oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, ni a su particular, Federico Talavera Noriega, pues dicha operación es irregular.

Según indica el documento, Cecilia Barra haría un arreglo posterior en la Dirección General de Programación, Operación y Presupuesto (DGPOP) de la Segob, “con Nacho o con Jorge”. Se refiere a José Ignacio García Olvera, director general de Programación y Presupuesto de la Segob, y a Jorge Malagamba, director de Presupuesto.

La orden era aplicarlo de manera “libre”, es decir, sin aprobación previa de la Cámara de Diputados y, “si no puedes aplicarlo antes free, mándalo después en el aprobado de la Cámara para que salga en publicación”, dice la tarjeta “confidencial”. De esa manera se legalizaría una operación ilegal. Como recordatorio final, el documento dice: “No se te olvide ese pedo cabrón”.

Sobre ello, en conversación telefónica, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza aseguró que el documento es apócrifo y que ella nunca elaboró una tarjeta con esa información, pues evidentemente si se dan instrucciones de esa naturaleza no se hace por escrito y menos con su firma, de tal manera que desconoce el origen del documento.

Acusan también a oficial mayor de PGR

Otra denuncia penal presentada ante la PGR involucra al todavía oficial mayor de esta dependencia, al delegado en el Distrito Federal y a un agente del Ministerio Público, quienes fueron acusados por varios delitos, entre ellos el de encubrimiento por evitar que avance una investigación en contra de funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

Los delitos son usurpación de funciones, falsedad en declaraciones y ejercicio indebido del servicio público, de los cuales son acusados el todavía oficial mayor de la Procuraduría General de la República, Germán Gallegos; el delegado de la PGR en el Distrito Federal, Rolando Villaseñor, y el agente del ministerio público federal Luis Cano Guerrero, cuya averiguación previa 192/DGDCSPI/04 debe investigar la propia PGR.

La acusación se hizo el 14 de julio de 2004, cuando la exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos, Lilia Cortés García, presentó la denuncia ante la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, en donde acusó a los tres funcionarios por dilatar, entorpecer y retrazar el cause legal de una averiguación previa iniciada en contra de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, directora general de Programación y Presupuesto ‘A’ en la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, esta historia de supuesta corrupción se remonta a diciembre de 2002, cuando Lilia Cortés presentó una denuncia ante la PGR (Averiguación Previa 3745/DDF/2002) y ante la Secretaría de la Función Pública en contra de una funcionaria de Hacienda, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, por ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones, desvío de recursos federales y daños presupuestal.

Lo anterior motivó que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda determinara que Barra y Gómez Ortigoza carecía de atribuciones legales y normativas para desempeñar sus funciones como directora general de Programación y Presupuesto, consistentes en operar el presupuesto de la nación, por lo cual ha violado el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, a pesar de que se han comprobado las violaciones a reglamentos y normas legales, en la Secretaría de la Función Pública se resisten a sancionar a la funcionaria de Hacienda, pues su jefe inmediato es el secretario Francisco Gil Díaz, de quien recibía órdenes directas, y en consecuencia es el principal responsable de las irregularidades cometidas en el manejo de los fondos presupuestales.

Para dilatar más las cosas y encontrar una salida legal que les permita encubrir este caso de corrupción, en el Órgano Interno de Control afirman que las auditorías aún no han concluido para poder determinar el daño presupuestal ocasionado por Barra y Gómez Ortigoza, quien hasta la fecha ha sido la responsable del manejo irregular de 4 billones de pesos destinados a secretarías de Estado, órganos administrativos desconcentrados, instituciones de salud y educación, paraestatales, fideicomisos y hasta a la misma Presidencia de la República.

Y para seguir con la farsa de las investigaciones, en la PGR tampoco hay avances sobre la denuncia que presentó Lilia Cortés desde el 2002, la cual ha sido renumerada en cinco ocasiones para dilatar el proceso. Después de permanecer casi dos años empantanada, el delegado Rolando López Villaseñor argumentó “incompetencia” en el caso y envió el expediente a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la Administración de la Justicia (UEIDSPAJ), en donde fue renumerada con el folio 42/UEIDCSPAJ/04.

En una ampliación a la averiguación previa 42/UEIDCSPAJ/04, Lilia Cortés acusó al delegado de la PGR en el Distrito Federal, Rolando López Villaseñor, y al oficial mayor Germán Gallegos Gutiérrez de tráfico de influencias, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público por “interferir de manera dolosa el avance de la indagatoria”.

Entre las pruebas que hay en contra de los funcionarios de la PGR por encubrir y entorpecer las indagatorias, en las fojas 379 y 380 de la averiguación previa aparece una nota signada por el agente del Ministerio Público, Miguel Angel Castañón Camacho, quien afirma que el 25 de junio de 2003 informó al delegado de la PGR en el DF que había girado citatorios a seis de los inculpados: Cecilia Barra, su asesor José Conpi; su secretario particular, Rolando Méndez Chayeb; su coordinador administrativo, José Ricardez Pérez; la directora general de Recursos Humanos de la SCHP, Rosaura Velarde Rodríguez, y el actual coordinador administrativo de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”, David Aguirre, pero que recibió una llamada, por el micro 3638, de parte de Roberto Peña Mendoza, asesor del oficial mayor de la PGR, quien le ordenó a nombre de éste entregar datos confidenciales de la averiguación previa y los motivos por los cuales se citó a declarar a los inculpados.

En respuesta, el agente Castañón Camacho le explicó que no podía entregarle tal información porque no tenía la autorización del delegado de la PGR. La respuesta a lo anterior fue reasignar la averiguación previa a otro Ministerio Público.

Entrevistado en sus oficinas de la PGR, el oficial mayor Germán Gallegos rechazó los cargos en su contra y explicó que su relación con la funcionaria de Hacienda es estrictamente profesional, por lo que se deslindó de intervenir en las indagatorias que la Procuraduría sigue en contra de Cecilia Barra.