En medio de severas acusaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) anunció el 4 de mayo, la venta del ciento por ciento de los títulos representativos del capital social de la empresa Ocean Garden Products Inc. (OGP), que hasta ahora sólo le había causado dolores de cabeza al director general de Bancomext, Héctor Reyes Retana.

El momento en que se reactiva este tortuoso proceso de privatización resulta bastante conveniente para los funcionarios públicos responsables de la administración de la empresa, sobre todo para su presidente ejecutivo, José Antonio Díaz Martínez, implicado por la ASF en un presunto daño patrimonial por más de 3 millones de pesos, y en un supuesto desvío de recursos superior a los 7 millones de pesos, cometidos entre 2003 y 2004.

Pero las denuncias hechas por el órgano de vigilancia del Congreso de la Unión van más allá, pues entre las irregularidades documentadas sobresale la contratación de un financiamiento externo por 85 millones de dólares, cifra superior a los 50 millones de pesos en que se oferta OGP. Pero lo más grave de las irregularidades descubiertas en Ocean Garden Products Inc., es que esa emisión de deuda se realizó sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y según la ASF podría convertirse en deuda pública una vez que se privatice la empresa.

“En caso de que se desincorpore Ocean Garden Products Inc., existe el riesgo de la asunción de pasivos por parte del gobierno federal”, detalla el informe de la ASF, en donde se precisa que Hacienda no autorizó a Bancomext reiniciar, a finales de 2004, el proceso de venta.

Y es que el intento de privatizar esta empresa dedicada a la importación y exportación de productos marinos con sede en San Diego, California, data del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando éste emitió la resolución para desincorporar a dicha empresa en noviembre de 1991.

Pero en el ejercicio fiscal de 2003, el presupuesto total de Ocean Garden Products Inc. ascendió a 3 mil 297 millones 125 mil pesos, mientras que en el 2005 el presupuesto autorizado es de 3 mil 892 millones 203 mil pesos.

Daño Patrimonial en OGP

Los resultados de la exhaustiva investigación de la Auditoría Superior Federación implican al actual presidente ejecutivo de Ocean Garden Products Inc. en un desvío de recursos por 11 millones 550 mil pesos, de los cuales 3 millones 769 mil corresponden al ejercicio fiscal 2003, y 7 millones 780 mil pesos a 2004.

La historia del daño patrimonial comenzó en septiembre de 2003, cuando José Antonio Díaz Martínez anunció a la prensa nacional la creación del Consejo Mexicano del Camarón, que entre sus objetivos principales está el de fomentar el consumo de este alimento mediante campañas publicitarias. Pues resulta que, sin retirarse del cargo público, Díaz Martínez también asumió la presidencia del flamante consejo.

De acuerdo con el informe, “en las oficinas de San Diego, California, se determinó que en 2003, OGP realizó pagos con recursos públicos por 326 mil 600 dólares (3 millones 769 mil 789 pesos) por concepto de publicidad y propaganda para promover al Consejo Mexicano del Camarón, que es una institución privada (asociación civil) ajena a la empresa, cuyo presidente lo es también de Ocean Garden”.

Para la ASF al disponer de recursos públicos, dichos pagos están fuera de norma. La entidad fiscalizadora advierte que “de enero a septiembre de 2004, OGP gastó recursos públicos por 676 mil 600 dólares (7 millones 780 mil 789 pesos) que, sumados con el monto anterior totalizan un millón 3 mil 200 dólares”.

Por la importancia del monto involucrado, la ASF emitió un pliego de observaciones en el que dictamina que “con la revisión practicada, se presume un probable daño y/o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 3 millones 669 mil 789 pesos, por realizar pagos con recursos públicos por 326 mil 600 dólares por gastos de publicidad y propaganda para la promoción del Consejo Mexicano del Camarón, en incumplimiento del artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales”.

Por tratarse de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, la Auditoría Superior de la Federación deja sin dictaminar los más de 7 millones de pesos que se erogaron por este mismo concepto en el ejercicio fiscal de 2004, y que deberán causar la misma penalización.

No obstante, para evitar la evasión de responsabilidades, la ASF solicito al Órgano Interno de Control de Ocean Garden Products, Inc. que realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente a los servidores públicos responsables de realizar pagos con recursos públicos, efectuados de enero a septiembre de 2004, por 676 mil 600 dólares (7 millones 780 mil 789 pesos), cuyo destino fue la publicidad y propaganda para promover al Consejo Mexicano del Camarón, institución privada ajena a OGP.

Además, el órgano de vigilancia recomendó al propio presidente ejecutivo de la empresa que se informe a su consejo de administración respecto a los pagos realizados en el ejercicio de 2003 con recursos públicos por 326 mil 600 dólares, destinados a publicidad y propaganda, y defina cómo se le devolverán los recursos a la entidad.

“Asimismo, informe de la evaluación del costo/beneficio de esta erogación en materia de ventas o utilidades, en cumplimiento de los artículos 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales”, sentencia.

La respuesta oficial de OGP

Del análisis de la ASF se desprende que, como resultado de la reunión entre auditores y directivos de la empresa Ocean Garden Products Inc., ésta justificó la millonaria erogación a favor de la asociación civil con un contrato signado en octubre de 2004, un mes después de que la paraestatal cubriera el último gasto por concepto de publicidad y propaganda.

Según OGP, “con el propósito de maximizar los precios de comercialización de los productos marinos e impulsar la imagen del camarón mexicano como el mejor del mundo, se realizaron campañas publicitarias para promover el sello Authentic Mexican Shrimp, con el rubro: Consejo Mexicano del Camarón, mediante el cual se garantiza la autenticidad de origen del producto”.

El informe de la ASF señala que OGP proporcionó copia del contrato de prestación de servicios y licencia de uso de marcas, que celebró con dicho consejo el 27 de octubre de 2004, en el que se estipula que la paraestatal proporcionará servicios de cobro y administración de las aportaciones y cuotas sociales que efectúen los asociados del consejo, servicios de diseño y coordinación de campañas promocionales publicitarias y de relaciones públicas en México y Estados Unidos, y control de calidad de productos.

En ese mismo contrato se determina que el Consejo Mexicano del Camarón pagará mensualmente a Ocean Garden Products Inc. la cantidad de 8 mil dólares por los servicios prestados, y un millón de dólares por concepto de desarrollo del consejo y de “Camarón Mexicano”.

Contratación ilegal de financiamiento

De acuerdo con el informe de la Auditoría, la deuda que Ocean Garden Products Inc. ha contratado en los mercados financieros extranjeros para financiar sus actividades, asciende a 105 millones de dólares (mil 207 millones 500 mil pesos). No obstante, al publicar la convocatoria de venta de OGP, Bancomext refiere que los interesados deberán demostrar que cuentan con capital contable o patrimonio mínimo equivalente a 50 millones de pesos, cifra mucho menor a los pasivos de la empresa.

Por los riesgos que representa la emisión de deuda, la ASF contempló como línea de investigación la comprobación de que los financiamientos bancarios a mediano y largo plazo contratados por OGP, y garantizados con sus activos, fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda.

En este rubro, la ASF detectó que “OGP contrató financiamientos con dos bancos, uno en Estados Unidos por el periodo de 2002 a 2005, y otro en México con una línea de crédito de 2002 a 2009, y un préstamo subordinado de 2004 a 2005 por 85 millones y 20 millones de dólares, respectivamente”.

Al solicitar a los directivos de OGP los documentos que facultaron la emisión de deuda, la empresa argumentó que “no se requiere de la autorización de Hacienda, debido a que OGP es una corporación de los Estados Unidos y los financiamientos no son un riesgo para el gobierno de México”.

Sin embargo, la ASF observa que la entidad fiscalizada no es una corporación de Estados Unidos, ya que está clasificada como empresa de participación estatal mayoritaria, de acuerdo con la relación de entidades paraestatales de la administración pública federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 2003.

El informe añade que el órgano de vigilancia solicitó a la Dirección General Adjunta de Deuda, de la Secretaría de Hacienda, el soporte de las autorizaciones para contratar los financiamientos, pero que no se contó con ningún documento que avalara la operación.

Para atender los requerimientos de la Auditoría Superior, la SHCP remitió el oficio número 305-1.2.1.-1153, fechado el 22 de octubre de 2002, mediante el cual comunica a OGP que su órgano de gobierno debe autorizar la contratación de financiamientos internos, y que su director debe de informar a la SHCP sobre la operación. Y aunque el oficio sentencia que la empresa “sólo puede contratar financiamientos externos con la aprobación previa de la Secretaría”, la paraestatal incumplió el requisito.

Para la ASF “en caso de venta o liquidación de Ocean Garden Products, Inc., existe el riesgo de que la deuda tenga que ser asumida por el gobierno federal”. Por ello, dictaminó que “se presumen hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de servidores públicos en ejercicio de sus funciones, debido a que se contrató un financiamiento externo por 85 millones de dólares, sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda. Al efecto, la Auditoría Superior de la Federación solicita al Órgano Interno de Control en OGP, que realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias”.

Además, el máximo órgano de fiscalización emitió una recomendación al presidente ejecutivo de la paraestatal, para que regularice ante la Dirección General Adjunta de Deuda de la SHCP los financiamientos contratados con bancos externos, y establezca medidas de control para que, en lo sucesivo, solicite las autorizaciones correspondientes a la Secretaría de Hacienda, en cumplimiento de los artículos 54 y 58, fracciones II y IV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

En el dictamen, la ASF considera que Ocean Garden Products incumplió con los ordenamientos jurídicos y las disposiciones normativas aplicables en las circunstancias y con los principios de contabilidad gubernamental, al utilizar recursos públicos por 326 mil 600 dólares en causas ajenas a la empresa; y al no obtener las autorizaciones para la contratación de una línea de crédito por 85 millones de dólares en el extranjero.

Pero la lista de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación no acaba ahí. Mañana, Oficio de papel dará cuenta de la venta ilegal de infraestructura de la paraestatal, y del incumplimiento de las disposiciones sobre el proceso de desincorporación.