A principios de mes publicamos la dolorosa decisión que tuvo que tomar el secretario Francisco Gil Díaz para separar del cargo a su experimentadísima directora general de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, quien por su alta capacidad manejaba el 75 por ciento del presupuesto federal, pero debido a las acusaciones en su contra presentadas ante la PGR (Averiguación Previa 3745/DDF/2002) y ante la Secretaría de la Función Pública por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones, desvío de recursos federales y daño presupuestal, tuvo que renunciar.

Pero esta funcionaria no fue dejada en el desamparo por su jefe, pues Gil Díaz utilizó sus influencias para que fuera nombrada oficial mayor de la Procuraduría General de la República, en sustitución de Germán Gallegos, quien dejó el cargo a la salida de la PGR del general Rafael Macedo de la Concha.

Así las cosas parecen resueltas para todos; sin embargo, la titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Aída Amanda Córdova Chávez, piensa otra cosa y en las auditorías realizadas a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos, motivadas por la denuncias en contra de Barra y Gómez Ortigoza, los auditores emitieron observaciones y recomendaciones.

De acuerdo con el oficio número 06/113/397-1294/2004, con fecha del 29 de noviembre de 2004, la contralora Córdova Chávez hace tres observaciones a Barra y Gómez Ortigoza, en donde confirma diversas irregularidades administrativas en las que ha incurrido:

1. La Dirección General de Programación y Presupuesto “A” operó con una estructura orgánica anterior a la que debería corresponder de acuerdo a las modificaciones al Reglamento Interior de la SHCP de fecha 31 de julio de 2002, no obstante que en el mes de septiembre de 2002, la Dirección de Técnica Operativa de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP inició las gestiones de Registro de la Estructura Orgánia y Ocupacional de esta Dirección General ante las áreas correspondientes.

2. La DGPyP “A” no cuenta con manuales de procedimientos acordes a las funciones establecidas en las modificaciones al Reglamento Interior de la SHCP de fecha 31 de julio de 2002.

3. Constancias de nombramiento de servidores públicos adscritos funcionalmente a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” desactualizadas.

“Al respecto, solicito gire sus instrucciones a fin de que se implanten las medidas preventivas y correctivas contenidas en el informe de referencia, conforme a los términos y plazos acordados en el comentario de las observaciones, toda vez que en un plazo de 45 días hábiles realizaremos la auditoría de seguimiento correspondiente, a fin de constatar la solventación de las observaciones detectadas”.

Es decir, para evitar enfrentar cualquier roce con el Órgano Interno de Control de Hacienda, Gil Díaz prefirió remover a su directora general estrella y evadir las responsabilidades ocasionadas por la operación irregular del área que manejaba.

Otro Problema para Gil Díaz

Pero la salida de Hacienda de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza no soluciona el conflicto, pues las averiguaciones en su contra y de las cuales les da un seguimiento puntual la Cámara de Senadores, siguen su curso.

Además, tal parece que las irregularidades en esa secretaría de Estado son una constante, pues también el Órgano Interno de Control en Hacienda hizo recomendaciones y observaciones al director general de Programación y Presupuesto “B”, Pablo S. Reyes Pruneda, a quien mediante el oficio número 06/113/397-1293/2004 la contralora Aída Amanda Córdova Sánchez le explica las operaciones administrativas incorrectas que realizó al manejar el 25 por ciento del presupuesto federal:

1. La Dirección General de Programación y Presupuesto “B” operó con una estructura orgánica desactualizada en el periodo comprendido del 1 de agosto de 2002 al 31 de diciembre del mismo año.

2. Falta de manuales de procedimientos específicos de las actividades sustantivas que realiza la Dirección General de Programación y Presupuesto “B”.

3. Constancias de nombramiento de servidores públicos adscritos funcionalmente a la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” desactualizadas.

4. Plazas presupuestales adscritas a la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” en el periodo de 1 de agosto de 2002 al 31 de diciembre del mismo año, no consignadas en una estructura orgánica autorizada.

En fin, tal parece que el desorden y las torpezas del gabinetazo empezarán a tener solución hasta que dejen el cargo. Habrá que esperar un año más.

El Oscuro Plan de la Banca

Hace algunos días informamos sobre las estrategias de los principales bancos del sistema crediticio nacional para asegurar el pago de los bonos Fobaproa, mediante los cuales se concretó el oscuro y fraudulento rescate bancario. Dimos a conocer las emisiones de certificados bursátiles por parte de Banamex y Banorte, que tuvieron como garantía, precisamente, los bonos Fobaproa, con lo que sacaron de sus balances esta deuda y la transfirieron a inversionistas del mercado de valores.

Bueno, pues sucede que todas estas acciones forman parte del plan que la banca ha puesto en operación este año, considerado como clave en la conclusión del rescate bancario, y a partir de septiembre comienza el vencimiento de estos pagarés que, hasta donde sabemos, su legalidad sigue en duda luego de que no se ha cumplido a cabalidad el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Como antecedentes y testimonios que documentan las irregularidades en la operación del Fobaproa y, en consecuencia, en la emisión de deuda que fue comprometida con los bancos, se encuentran las auditorias realizadas por el contador canadiense Michael Mackey, los resultados de las revisiones hechas por el ex contralor interno del IPAB, Fortunato Alvarez y, finalmente, los puntos de acuerdo emitidos por la Cámara de Senadores a través de la Comisión de Seguimiento del IPAB, que exigen el cumplimiento de la Ley en la materia.

Sin embargo, los bancos tienen prisa por cerrar cuanto antes este oscuro capítulo del rescate bancario, pues si se llegaran a aplicar los descuentos que marca Michael Mackey como operaciones irregulares al monto de los pagarés, así como también lo ha hecho notar la Auditoría Superior de la Federación, pues tendrían que usar las reservas previstas desde hace años en el caso de una aplicación estricta de la ley.

Por ello, será en junio próximo cuando el IPAB, en una Junta de Gobierno en donde mandan la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, fije el monto de los pagarés IPAB que intercambiará a los bancos que mantienen en sus balances los bonos del Fobaproa, con los que se busca cerrar de manera definitiva el capítulo del rescate bancario.

De acuerdo con funcionarios del IPAB, sería en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno del instituto cuando se analicen los resultados de las revisiones de Gestión, Existencia y Legalidad que se acordaron con Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC en un intento más por cumplir con las disposiciones del artículo Quinto Transitorio de la Ley del Protección al Ahorro Bancario.

Se estima que el monto que asumirá el IPAB como intercambio de los bonos Fobaproa por deuda IPAB superará los 120 mil millones de pesos; sin embargo, legisladores y ex funcionarios del instituto como Adalberto Palma, quien fuera vocal independiente del IPAB, consideran que se sigue incumpliendo el artículo Quinto Transitorio.

El convenio firmado entre Hacienda y los bancos viola el procedimiento establecido en el Congreso para sustituir los pagares de Fobaproa por obligaciones del IPAB y para aceptarlos como deuda pública, pues según Adalberto Palma hasta ahora los resultados de las auditorias realizadas por Michael Mackey, contenidas en los cuadernos de trabajo y en los llamados bank reports, no se han aplicado para reducir el costo fiscal de la deuda del Fobaproa, por lo que, dijo, aún no puede cerrarse el rescate bancario con el intercambio de pagarés como pretenden algunos bancos y la Secretaría de Hacienda.

Para Mario Di Constanzo, asesor en el Senado de la Comisión de Seguimiento del IPAB, aseguró que el resultado de las revisiones contables no arrojarán descuentos significativos, además de que los despachos contratados por el IPAB (Hernández, Marrón y Cía, S.C.; Gossler, S.C., y De la Paz, Costemalle-DFK, S.C.), a los cuales se les pagó 7 millones de pesos, no tienen facultades para señalar ilegalidades además de realizar su revisión al margen de las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en materia de capitalización y constitución de reservas.