Con una orden de restricción territorial y bajo vigilancia satelital para impedir que huya y abandone la capital del país, el exalcalde perredista de Cancún y excandidato a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, dejó hace unos días la prisión de El Rincón, en Tepic, Nayarit, en donde se encontraba preso por delitos vcontra la salud y lavado de dinero.

El fallo de un juez a favor de Greg Sánchez se suma a la cadena de pifias en las que han incurrido la Procuraduría General de la República y el gobierno de Felipe Calderón en la aplicación de justicia y cumplimiento de la ley, pero también confirma la corrupción que envuelve al Ministerio Público Federal –al integrar mal las averiguaciones previas– y al Poder Judicial –en donde muchos de sus jueces reciben dinero a cambio de sentencias manipuladas–, así como el uso faccioso de los órganos de procuración de justicia para realizar persecuciones políticas en contra de opositores.

Después de que varios jueces declararon su incompetencia en el caso de Greg Sánchez, un tribunal federal pudo ordenar en el inicio del oportuno periodo vacacional la liberación de Sánchez, quien ahora – y hasta nuevo aviso – seguirá su caso en libertad. Así, mientras un Tribunal Colegiado resuelve el conflicto de competencias entre el juez del estado de Quintana Roo y el juez de Nayarit que se declararon incompetentes, Greg Sánchez permanecerá en libertad con tres averiguaciones previas en su contra – una de ellas por lavado de dinero – y un brazalete electrónico en la muñeca que lo vigila minuto a minuto.

Las acusaciones contra Greg Sánchez no son menores: lavado de dinero y tráfico de indocumentados. Las pruebas tampoco son escasas: testigos protegidos que declaran sobre su participación en el negocio del tráfico de personas, un abultado expediente integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se confirman depósitos y operaciones financieras por más de 9.4 millones pesos y 1.5 millones de dólares. Esos recursos provendrían de supuestos pagos que recibió el excalde de Cancún de parte de bandas del narcotráfico, como la de los hermanos Beltrán Leyva y la de Los Zetas. El problema para las autoridades judiciales será determinar qué juez de distrito es el que se encarga de demostrar los delitos de los que se acusa a Greg Sánchez y que, finalmente, se le consigne por ellos.

De acuerdo con los expedientes financieros elaborados por la UIF y que fueron procesados por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, Greg sólo reportó ante el fisco haber acumulado ingresos durante seis años (entre 2002 y 2008) por apenas 2 millones 383 mil 311 pesos, lo que deja sin sustento los 27 millones de pesos restantes en monedas nacional y extranjera. Esto explica porque el exedil de Cancún ha sido tan cauto en sus declaraciones a la prensa y ha preferido refugiarse en sus creencias religiosas para evitar explicar el origen de esos millones de pesos.

Las instituciones financieras utilizadas por el candidato perredista al gobierno de Quintana Roo para guardar el dinero supuestamente ilícito son: GMAC Mexicana Sociedad Financiera de Objeto Limitado, en Monterrey, Nuevo León, cuenta 84080018392800; HSBC en Cancún, Quintana Roo, cuenta 4035427160; American Express Bank del Distrito Federal, cuenta 0376672390141002; Banco Mercantil del Norte, Grupo Financiero Banorte, cuentas 198975522 y 739009634; Banco Nacional de México, cuenta 3432239; Scotiabank Inverlat, cuenta 1153544.

Fue en mayo de 2010 cuando Greg Sánchez, en medio de su campaña para contender por la gubernatura al estado de Quintana Roo, fue detenido luego de que la PGR aseguró que contaba con pruebas que lo vinculaban con el Cartel de Sinaloa y con organizaciones de sicarios dedicadas al tráfico de personas.

Los jueces

En Nayarit, Laura Serrano Aldarete, jueza segundo de lo penal en Nayarit, decidió no resolver la orden de aprensión en contra de Greg Sánchez y envió el caso al juez quinto de distrito de Quintana Roo, Darío Carlos Contreras Favila, quien tampoco aceptó el asunto, con lo que se inició un intercambio del expediente y la posibilidad de que Greg Sánchez no fuera consignado. Por tanto, el Primer Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región con sede en Chihuahua, a través del magistrado José Avalos Cota, estimó que no había pruebas en contra de Greg.

Ávalos Cota simplemente desestimó la determinación previa del juez segundo de distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit, Carlos Alberto Elorza Amores, quien llegó a la conclusión de que las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal eran suficientes para mantenerlo sujeto a proceso y en prisión durante más de un año.

Pero, según la prensa que sigue la actividad de los juzgados, la actuación del magistrado ha generado muchas sospechas: en primer lugar Ávalos Cota esperó hasta el último día laborable en el sector judicial para emitir su resolución, la cual, además, no comunicó de manera oficial sino por medio de fax e incluída sólo la orden de libertad y, por supuesto, dejaba fuera los argumentos que lo llevaron a concluir la inocencia de Greg Sánchez, lo que impidió a la PGR que presentara una respuesta para mantener al político perredista tras las rejas.

La crisis en la aplicación de justicia queda al descubierto con el caso de Greg Sánchez: jueces en reclusorios de máxima seguridad que no aceptan los casos ante amenazas o corrupción y la falta de pericia de los ministeriores públicos para integrar adecuadamente sus investigaciones que también están plagadas por la infiltración de dinero sucio, mientras que los ministros de la Suprema Corte se mantienen en sus pedestales como semidioses sin hacer caso ni atender la corrupción que envuelve a todo el Poder Judicial.

El artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales establece que los delincuentes de alta peligrosidad no deben estar en prisiones normales, sino en lugares de máxima seguridad que garanticen que no escapen. Sin embargo, no debería proceder que un juez declarara su incompetencia en un caso para enviarlo al juzgo adscrito a un penal de máxima seguridad. Para no entorpecer el caso, debería proceder al análisis de la orden de aprehensión. Así, para la PGR se ha convertido en un verdadero problema el hecho de que los jueces de procesos penales a nivel federal se declaren incompetentes y envíen los casos a las autoridades adscritas a penales de máxima seguridad. Para los delincuentes, en cambio, es una oportunidad perfecta para recuperar su libertad mientras los jueces se lavan las manos.

Éste parece ser el caso de Laura Serrano Aldrete, quien habiendo sido jueza tercero de distrito en el Reclusorio Norte del Distrito Federal fue trasladada a Nayarit para sustituir a Eduardo Elorza Amores, quien inició los juicios a los principales líderes de la “Familia Michoacana”. Al parecer, Serrano Aldrete no quiere casos complicados en su juzgado o simplemente cumple órdenes para declararse incompetente.

Serrano Alderete tiene varios casos interesantes entre sus expedientes vinculados con el crimen organizado: siendo jueza 12 de distrito en Baja California liberó a Jesús Navarro Montes, acusado de tráfico de indocumentados, pues estimó que no quedaron satisfechos los requisitos para imputarle los cargos de violación a la Ley General de Población. Esa decisión le mereció a México una severa crítica por parte de Michael Chertoff, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Navarro Montes también fue acusado de haber asesinado el 19 de enero de 2008 al agente Luis Aguilar de la Patrulla Fronteriza.

Antes, Serrano Alderete, en el caso de Carlos Cabal Peniche, absolvió al artífice del fraude con Banco Unión y alguna vez calificado como el “banquero modelo” de pagar más de 239 millones de pesos, y sólo lo sancionó con 90 días de prisión por ser responsable de una defraudación fiscal por 370 mil 625 pesos cometida en 1993 por su empresa San Carlos World Trade. Fue así como Cabal Peniche logró vencer a la PGR en un caso que ameritó su extradición y persecución judicial y mediática.

Pero a la corrupción de los jueces también se suma la ineptitud de la PGR, que les permite encontrar ventanas de oportunidad para justificar sus pifias. Aparentemente, el uso de testigos protegidos sería la prueba “débil” o “no dura” en el proceso en contra de Gregorio Sánchez que habría posibilitado al magistrado Ávalos Cota dictar la liberación del político. Sin embargo, será interesante observar los argumentos del funcionario judicial para saber hasta dónde llegaron los favores a Greg Sánchez, sobre todo porque hay pruebas contundentes en el expediente sobre depósitos millonarios en efectivo que nunca pudo comprobar el político perredista de la corriente de los chuchos.

La segunda evidencia de la acusación de la Procuraduría General acerca de los presuntos vínculos de Greg con el crimen organizado, se basa en declaraciones de tres delincuentes miembros de las bandas de los Beltrán Leyva y de Los Zetas, sujetos a los beneficios que otorga el gobierno dentro del Programa de Testigos Protegidos. Éstos afirman que Sánchez Martínez estaba en la nómina del narcotráfico y recibía mensualmente 60 mil pesos, además de otras partidas de dinero por protección y transportación de drogas.

El exalcalde de Cancún también estuvo involucrado, según los testigos protegidos, en el tráfico de indocumentados. En este ilícito la autoridad también ha involucrado a su esposa cubana Silvia Benítez Niurka Alba. Según los testigos, ambos cobraban por la transportación e ingreso al país de cubanos, rusos y chinos, actividad por la cual los Beltrán Leyva les pagaban una cantidad extra, además de darles recursos para sobornar funcionarios del Instituto Nacional de Migración y de gobierno.

La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/315/2009 da cuenta que el testigo con nombre clave Zajed rindió declaración ministerial el 19 de enero de 2010. En ella explica que era el encargado del pago de “la nómina” de la organización comandada por Arturo Beltrán Leyva, para negociar y sobornar a funcionarios de todos los niveles de gobierno. También se responsabilizaba de las relaciones con otras bandas criminales, como Los Zetas.

“Este tráfico de indocumentados es operado por hombres de confianza de Gregorio Sánchez Martínez, su jefe de escoltas y Erik Ramírez Martínez, quienes se encargan del trato directo con el jefe de la plaza de Los Zetas, así como con los hermanos Beltrán Leyva”, declaró el testigo Zajed.

Ahora, la PGR tendrá que demostrar que Greg Sánchez sí incurrió en lavado de dinero y ofrecerle al juez que se ocupe del caso que esos recursos de procedencia ilícita provenían del tráfico de indocumentados, acusación de la que, al parecer, Greg Sánchez está siendo exculpado por un magistrado cuyas decisiones resultan por lo menos muy sospechosas. En este caso concreto el Consejo de la Judicatura federal debería por lo menos abrir un expediente y cerciorarse de que no haya dinero del narcotráfico en las decisiones judiciales.

En la historia quedará asentado que un magistrado no encontró pruebas suficientes para girar orden de aprensión contra un político acusado de traficar con personas y lavar dinero, pero que en mayo de 2010 dictó sin mayor problema o duda un auto de formal prisión – sin derecho a fianza – contra indígenas cucapá, Emilio Hurtado Valenzuela y Juan Antonio Guerra, cuyo único delito era pescar en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California-Delta del Río Colorado. Así se aplica la justicia en México.

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