La Cámara de Senadores, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se disputan el control de los órganos de combate a los delitos llamados de “cuello blanco”. Principalmente los relacionados con el blanqueo de capitales, producto del rentable negocio de las drogas, en donde bandas criminales reciben ganancias por miles de millones de dólares –según cifras de Estados Unidos en México se “lavan” 35 mil millones de dólares anuales– y parte de ese dinero sirve para corromper funcionarios y policías, financiar campañas políticas, comprar jueces y magistrados e influir en el mismo Congreso.

La prensa dio cuenta la semana pasada de cómo nuevamente en el Senado de la República se tiene listo el proyecto de reforma contra el lavado de dinero, mismo que fue modificado de su iniciativa original enviada por el presidente Felipe Calderón y que traslada de la SHCP a la PGR la investigación y persecución de este delito.

El acuerdo entre las diferentes fracciones del Senado es para que una nueva Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada sea la responsable de combatir este delito. Dicho órgano de investigación estaría adscrito a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR y pretende sustituir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de Hacienda.

La titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, podría convertirse en los próximos días en la nueva procuradora general de la República (tal y como aquí lo escribimos hace ya varias semanas), en sustitución del defenestrado Arturo Chávez Chávez, a quien Calderón le exigió su renuncia por inútil, negligente e incapaz en la lucha contra la delincuencia organizada, pues en poco más de un año al frente de la PGR, Chávez Chávez omitió abrir averiguaciones previas por cada homicidio vinculado al narcotráfico, cuando esa era su principal responsabilidad como Ministerio Público Federal.

Ahora está en manos del Senado de la República la ratificación de Marisela Morales como nueva procuradora, y es precisamente el Senado el responsable de modificar la legislación para combatir el lavado de dinero, delito que según los especialistas es el punto más vulnerable del crimen organizado, por lo que el gobierno federal debería combatirlo antes que recurrir al enfrentamiento armado.

La UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera es el órgano encargado de investigar las fortunas de funcionarios y políticos corruptos. En sus archivos reúne miles de expedientes de servidores públicos, legisladores, políticos, militantes partidistas y empresarios que se han enriquecido con dinero del erario federal y con negocios que realizan con el crimen organizado y cárteles de la droga.

Dicha Unidad fue creada como un órgano de seguridad nacional responsable de combatir el financiamiento al terrorismo, al crimen organizado y narcotráfico, lavado de dinero, fraudes empresariales y, en los últimos años, prevenir el ingreso de dinero sucio a campañas políticas y procesos electorales.

En el portal de la Secretaría de Hacienda explica que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004, el gobierno mexicano constituyó la UIF en la Secretaría de Hacienda “como una instancia central nacional para la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otra información financiera que puede ser útil para detectar operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo (LD/FT)”.

Las principales tareas de la UIF consisten en instrumentar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código, referentes a LD/FT.

El objetivo de estas tareas es evitar que el sistema financiero mexicano sea utilizado en la realización de actos u operaciones vinculados con dichos delitos, con lo que se procura preservar su integridad y, por ende, la de la economía nacional. En esa Unidad se reúnen expertos en la lucha contra el lavado de dinero y especialistas en seguir las huellas del dinero sucio.

El GAFI

Según el acuerdo inicial adoptado en el Senado de la República, ya no será la Secretaría de Hacienda la que investigue estos delitos financieros, pero los acuerdos internacionales suscritos por México y su incorporación a organismos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), obligan al gobierno a que sean las autoridades financieras las responsables de prevenir e investigar cualquier delito relacionado con el lavado de dinero.

Es decir, si México quiere seguir perteneciendo al GAFI, uno de los requisitos principales es que las autoridades hacendarias, por conducto de la UIF, sean las responsables del intercambio de información con sus similares de otros países, pues es claro que el lavado de dinero cruza muchas fronteras y la comunicación y entrega de información con otras naciones es fundamental para avanzar en combatir este delito.

Por eso más allá de los acuerdos alcanzados en el Senado de la República, la UIF simplemente no va a desaparecer de la Secretaría de Hacienda y será esta Unidad la que mantenga la comunicación con otros países para el intercambio de información sobre el delito de blanqueo de capitales producto del narcotráfico y terrorismo.

La Secretaría de Hacienda sostiene que la Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, que dependerá de la SIEDO en la PGR, será la Unidad encargada de recibir los expedientes que integre la UIF, pero definitivamente esta seguirá con su trabajo de inteligencia financiera en contra de los delitos de cuello blanco.

Por tal motivo, todos los especialistas y técnicos que durante varios años han trabajado en la UIF y han reunido miles de expedientes en contra de presuntos responsables de lavar dinero, pueden estar tranquilos porque mantendrán su trabajo y tampoco pasarán a las filas de la PGR, pues sin ser policías son expertos contadores, abogados, fiscalistas, administradores y analistas que investigan con inteligencia los llamados delitos de cuello blanco.

El GAFI fue creado en la cumbre que el grupo de los siete países más desarrollados celebró en París en julio de 1989, para luchar en contra del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el terrorismo. Está integrado por 33 países u organizaciones regionales: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Comisión Europea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, Hong Kong, China, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Federación Rusa, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido.

La seguridad en la aviación comercial

Fue a principios de año cuando la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó las restricciones a la aviación comercial que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas en ese mercado, lo que ponía en entredicho la soberanía del país en muchos sentidos. Depender de aerolíneas extranjeras que cubran rutas estratégicas para la economía era un costo alto que se tendría que haberse pagado de no corregir el rumbo.

El accidente aéreo en el que perdió la vida Juan Camilo Mouriño fue lo que encendió las señales de alerta de que algo muy grave estaba sucediendo en la aviación mexicana. Pilotos que no estaban capacitados para operar cierto tipo de aviones, falta de equipo para capacitación y una escasa vigilancia de las autoridades ante la falta de personal, fue lo que en términos generales llevó a la FAA a degradar en su territorio a la aviación comercial mexicana. Las autoridades de la SCT aseguran, sin embargo, que fue la decisión de suspender, por razones de seguridad, a la aerolínea Aviacsa la que alertó a la FAA. Un argumento poco creíble.

Para empezar, los estadounidenses confirmaron que en México las autoridades que vigilan el sector, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), sólo contaban con 8 pilotos para inspeccionar los tipos de naves que se operaban en la industria. Ahora, después de que en diciembre se recuperó la autorización de la FAA, se cuenta con 45 pilotos capacitados en cada tipo de avión comercial que opera en los cielos mexicanos y del extranjero.

Pero también se descubrió que en México no se tenía un proceso para convalidar simuladores de vuelo. Ahora, la DGAC asegura que ya se convalidaron 60 simuladores. Entre las pocas aerolíneas que necesitan cumplir este requisito se encuentra Volaris, que encabeza Carlos Mendoza, y que tendrá que cubrir a la brevedad la condición de contar con su propio simulador de vuelo o, en su defecto, compartirlo con otra aerolínea.

Después del accidente donde falleció Mouriño y de la suspensión de Aviacsa, en la DGAC también se dedicaron a organizar expedientes del personal de aerolíneas comerciales y privadas que comandaban aviones, para determinar quienes seguían en activo y si contaban con las licencias vigentes.

Se encontraron muchas sorpresas, porque desde el 2002 la Organización de Aviación Internacional (OASIS) determinó que las aerolíneas debían obtener un certificado que las acreditara como operadores aéreos. El problema fue que algunas aerolíneas, para demostrar que tenían la capacidad necesaria, utilizaron pilotos que no estaban certificados en los aviones adecuados. Por ello, la DGAC, cuyo presupuesto pasó de 350 a 500 millones de pesos, dirigió un proceso para lograr más de 400 horas de demostración de capacidades de vuelo y certificaciones. Así fue como México recuperó su grado de seguridad ante la FAA.

Aunque se trata de una situación muy delicada, la DGAC decidió intervenir e involucrar la seguridad en los aviones que operan en la administración pública. La preocupación no era gratuita. Después de todo, con el accidente de Juan Camilo Mouriño había comenzado gran parte de la preocupación de la FAA.

En una investigación publicada por Contralínea, la Auditoría Superior de la Federación advirtió, por ejemplo, que la mitad de las aeronaves que la Procuraduría General de la República utilizaba en tareas de combate contra la delincuencia organizada y el narcotráfico no está inventariada y sobrevuela con matrículas estadunidenses, lo que contraviene la ley.

La investigación de la reportera Ana Lilia Pérez destaca que el personal de servicios aéreos no cumple con los controles de confianza y decenas de pilotos de esa dependencia perdieron sus licencias por irregularidades. Así, la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la PGR, según la ASF, opera con graves deficiencias administrativas.

Por ello, la DGAC no quiso correr riesgos. Héctor González Weeks, su titular, resolvió sustituir por personal capacitado de la DGAC a los 24 inspectores “honorarios” nombrados por la PGR y que no pertenecían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que encabeza Dionisio Pérez -Jácome.

El reporte de la ASF correspondiente a la cuenta pública 2009 ya no incluyó esta información que se dio desde hace varios meses para evitar riesgos innecesarios, después de que la aviación civil mexicana logró recuperar la categoría 1 en materia de seguridad por parte de la FAA.

Pero el problema no termina allí. La mitad de las aeronaves que la PGR utiliza en tareas de combate contra la delincuencia organizada y el narcotráfico no está inventariada y sobrevuela con matrículas estadunidenses, lo que contraviene la ley. El personal de servicios aéreos no cumple con los controles de confianza y decenas de pilotos de esa dependencia perdieron sus licencias por irregularidades. Así que el trabajo de la DGAC apenas comienza.