Sociedad y periodistas han vuelto a tomar las calles. La protesta de ayer domingo inició en el Ángel de la Independencia de la capital del país y se extendió por varios estados de la República, en donde ciudadanos y trabajadores de los medios de comunicación marcharon por las calles para reprochar al gobierno federal los más de 100 periodistas asesinados o desaparecidos –hombres y mujeres– desde que el Partido Acción Nacional arribó a la Presidencia de la República y los más de 50 mil muertos en todo el país por la “guerra” de Felipe Calderón. En los últimos cinco años, ocho mujeres periodistas fueron privadas de la vida en México, dos de ellas hace 12 días en el Distrito Federal, mientras que la impunidad y la falta de investigación prevalecen en la mayoría de los casos.Durante la actual administración se contabilizan 73 agresiones contra periodistas: 59 asesinatos y 14 desapariciones. Si se agregan los números del sexenio de Vicente Fox Quezada (27 asesinados y 2 desaparecidos), la cifra se eleva a 102.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos consideran que México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo.

Al menos desde 2008, México ha mantenido una tasa de poco más de un periodista asesinado mensualmente (1.13). De continuar el comportamiento de las estadísticas, aún podrían ocurrir cuatro homicidios más en contra del gremio periodístico antes de concluir 2011.

El reciente asesinato de Marcela Yarce, reportera y fundadora de Contralínea, y Rocío González Trápaga, periodsta independiente y exreportera de Televisa, podría alertar sobre una nueva tendencia en las agresiones contra mujeres del gremio periodístico. Hasta la fecha, los registros oficiales y de organizaciones no gubernamentales dan cuenta de ocho asesinatos de mujeres periodistas en lo que va del actual régimen calderonista. En toda la historia del periodismo en México y hasta antes del gobierno actual, habían sido asesinadas seis trabajadoras de los medios de comunicación.

En el Distrito Federal, entidad que se había mantenido con los índices más bajos de agresiones a mujeres periodistas, ahora se pueden contar cuatro casos. Tres de ellos fueron asesinatos. Uno, desaparición forzada. Seis homicidios restantes ocurridos durante el panismo han ocurrido en Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.

A decir de Agniezka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, “las mujeres defensoras (de derechos humanos) y las mujeres periodistas estamos en una situación aún más vulnerable por la condición de género. Creo que en este caso (el de Marcela Yarce y Rocío González) eso fue muy evidente”.

Representantes de organizaciones no gubernamentales coinciden en que el gobierno, en sus tres niveles, no ofrece las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo. No se cuenta con una policía investigadora que favorezca el esclarecimiento de cada uno de los casos denunciados.

La Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas, pugna por que el Estado mexicano reconozca la importancia de este sector de la sociedad y, de esta forma, pueda convertirse en una comisión permanente con mayores facultades.

En cuento a la labor de las fuerzas policiales, una mayor capacitación de sus cuadros podría derivar en mejores investigaciones que favorezcan el esclarecimiento de los casos. Pues siempre que se mantengan impunes los crímenes contra periodistas se estaría favoreciendo la incidencia de estos delitos que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia.

Agresiones a Contralínea, alertan ONU y CIDH

A tres días que fueran encontrados los cuerpos sin vida de las periodistas Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, el relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, expresó su “más profunda consternación” por el asesinato de las comunicadoras perpetrado el pasado 31 de agosto. Apenas en junio pasado, este representante de la ONU había dado cuenta de la actual situación de la prensa en México, y documentó las agresiones a la revista Contralínea

En un comunicado emitido el 4 de septiembre –tres días después de que fueron encontrados los cadáveres de las periodistas–, el relator recomendó al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para garantizar que la investigación de los hechos se realice de forma “independiente y ágil”.

En otro comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su condena a los asesinatos de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González Trápaga. Lamentó las pérdidas y advirtió que los trabajadores de Contralínea han sido objeto de constantes amenazas, hostigamientos e intimidaciones para entorpecer su labor periodística.

La Relatoría de la CIDH exige a las autoridades del Estado mexicano el esclarecimiento del doble homicidio ocurrido el pasado 31 de agosto. Asegura que en la medida en que se esclarezcan y castiguen actos criminales como éste, se estará enviando un mensaje para desincentivar a los detractores de la libertad de expresión.

Para La Rue, quien en agosto de 2010 encabezó una visita oficial a México conjuntamente con la Relatora de la CIDH, Carolina Botero, recuerda que durante esa visita conoció del acoso que ha padecido la revista Contralínea por sus investigaciones periodísticas.

En el documento, el relator señala que parte de dicho acoso ha sido el hostigamiento judicial que el semanario ha enfrentado a través de múltiples demandas judiciales “arbitrarias”, interpuestas por contratistas del gobierno federal con el propósito de frenar las investigaciones sobre actos de corrupción o actuaciones indebidas.

Contralínea también ha padecido el veto publicitario del gobierno de Felipe Calderón que, según documenta el organismo de las Naciones Unidas, utiliza la publicidad oficial como mecanismo para premiar o castigar a medios de comunicación en función de sus líneas informativas.

En abril de 2010, una caravana de organizaciones civiles que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, fue emboscada y algunos de sus integrantes lesionados o asesinados. Entre los heridos se encontraba David Cilia, quien junto con Érika Ramírez, ambos reporteros de la revista, se mantuvieron “desaparecidos” durante dos días.

Todos estos hechos, que fueron presentados ante la Asamblea General de Naciones Unidas en junio pasado, son retomados por La Rue en su comunicado.

A 12 días de la muerte de Marcela y Rocío

Este lunes se cumplen 12 días de la muerte de nuestras compañeras periodistas Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, y las investigaciones siguen sin poder determinar quiénes son los responsables ni cuál es el móvil del crimen.

Ante los nulos resultados hasta ahora, los periodistas en México exigen al procurador Miguel Angel Mancera, mantener abiertas todas las líneas de investigación hasta que se detenga a los culpables del crimen de las dos comunicadoras.

Una decena de organizaciones periodísticas y por la libertad de expresión, sindicatos, reporteros y medios firmaron cartas enviadas al presidente Felipe Calderón; al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora; a la procuradora general de la República, Marisela Morales; al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad Casaubón, y al procurador capitalino Miguel Angel Mancera, en donde les demandan:

“Tal y como lo han alertado las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas, el clima de represión y violencia contra los periodistas convirtió a México en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo: en la última década han sido asesinados 100 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y 13 colegas están desaparecidos.

Sólo en cinco años del gobierno de Felipe Calderón se han cometido 59 asesinatos, entre ellos los feminicidios ocurridos el 1º. de septiembre contra nuestras compañeras Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga. Con estos dos crímenes ascienden a ocho los comunicadores asesinados en México durante 2011, en cuyos casos no se ha descartado un vínculo con la actividad profesional.

Anteriormente habían sido registrados los homicidios de Noel López Olguín, el 8 de marzo en Veracruz; Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerda Meléndez, el 25 de marzo en Monterrey; Miguel Ángel López Velasco, el 20 de junio en Veracruz; Yolanda Ordaz, el 26 de julio en Boca del Río, Veracruz; y Humberto Millán, el 25 de agosto en Culiacán. Además, el 7 de junio desapareció en Guerrero el periodista Marco Antonio López Ortiz, cuyo paradero todavía es desconocido. En otros ataques contra medios de comunicación murieron la repartidora de periódicos, Maribel Hernández, el 31 de enero en Ciudad Juárez; y el ingeniero Rodolfo Ochoa Moreno, el 9 de febrero en Coahuila.

Ana María Marcela Yarce Viveros es fundadora de la revista Contralínea y Rocio González Trápaga trabajó durante más de una década en Televisa. La saña cometida contra ellas por sus verdugos durante horas -entre la noche del 31 de agosto y las primeras horas del jueves primero de septiembre- nos estremece: fueron incomunicadas, golpeadas, vejadas, estranguladas y dispararon contra ellas.

Los hechos, que estremecieron al mundo entero, no sólo son una llaga para el gremio, sino para la población mexicana, que en un país bañado en sangre, hoy llora a más de 50 mil personas asesinadas bajo el gobierno de Felipe Calderón.

Como reiteradamente han señalado los organismos internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano tiene obligación de garantizarle a sus ciudadanos su integridad, y a los periodistas un libre ejercicio profesional. En representación del Estado, las autoridades federales y locales tienen la obligación de garantizarle a la población ejercer su derecho a la información. Sin embargo, ante el clima de inseguridad, cada vez más comunicadores ven la autocensura como único medio de protección.

Por ello, es urgente que los tres niveles de gobierno tomen medidas para detener las agresiones contra el gremio y contra la población en general.
Apelamos a la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparacióna adecuada”.

Como lo demuestran distintos organismos de derechos humanos y el reporte más reciente del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) la libertad de expresión está en riesgo. Se incremetaron las agresiones, la impunidad, la censura y la inseguridad para los periodistas. Las demandas judiciales y los castigos a medios de comunicación críticos al gobierno –sobre todo a través de la publicidad gubernamental- son mecanismos indirectos que coartan la libertad de expresión.

-Exigimos una investigación a fondo y castigo a los culpables del feminicidio de Marcela y Rocio.

-Exigimos el procurador Miguel Angel Mancera deje de emitir juicios de valor sobre la moral de las víctimas o filtre información que no ha sido corroborada.

-Demandamos el esclarecimiento de más de 100 asesinatos cometidos contra el gremio.

-Demandamos cese a las agresiones contra el equipo de la revista Contralínea y distintos medios del país.

-Demandamos al Estado mexicano que atienda las recomendaciones que en matria de libertad de expresión le han hecho la CIDH y la ONU.

-Demandamos que se atienda la comunicación emitida por la oficina de la CIDH desde Washington D.C. el pasado 7 de septiembre.

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