Aquí hemos dado cuenta de varios casos que demuestran cómo al acceso a la información pública en nuestro país le hace falta aún avanzar, pues no es suficientemente amplio como muchos quisiéramos. Es cierto que ya se tiene una Ley Federal de Transparencia y que en 22 estados del país se ha legislado en la materia y, al mismo tiempo, se han conformado organismos encargados de aplicar la ley en la materia, como es el caso del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Pero tampoco se puede negar que hay un avance cuando por décadas imperó en México la cultura de la secrecía y el manejo de las funciones públicas como verdaderos cotos de poder cerrados a cualquier vigilancia. Por ello, era obvio esperar resistencias de quienes están obligados a cumplir la ley e incluso hasta complicidades entre los encargados de que se cumpla.

Pero hay también enemigos ocultos de la transparencia que, interesados, buscan crear inestabilidad al interior de los organismos encargados de la aplicación de este derecho de nuevo cuño, con el propósito de apoderarse de esos órganos para iniciar así un negocio basado en el chantaje y la extorsión para obtener inimaginables dividendos económicos.

El derecho a la información ha recorrido un sufrido camino en México, pues a partir de que en 1976 el entonces presidente José López Portillo integró al artículo 6º de la Constitución la frase: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”, tuvieron que transcurrir casi 30 años para que esa supuesta prerrogativa se hiciera realidad a través de una ley reglamentaria. En abril de 2002 se aprobó finalmente, luego de un proceso de estira y afloja, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por las mismas fechas, Sinaloa fue el primer estado de la República que aprobó una Ley Estatal de Acceso a la Información Pública, cuya vigencia inició antes que la propia Ley Federal, y por mandato de la misma ley local se conformó una Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIPES), integrada por tres comisionados y cuya presidenta es hasta la fecha una periodista, Dorangélica de la Rocha.

Ley modelo entonces, la sinaloense sirvió de base e inspiración para que otras entidades del país crearan su propia normatividad en la materia. La CEAIPES fue el molde de organismo para que también se conformaran órganos similares en varios de los estados que habían aprobado leyes en esa rama jurídica. Incluso, el IFAI se conformó meses después de que naciera el organismo de Sinaloa.

Hasta el momento, podemos esperar buena voluntad entre quienes tomaron la encomienda de hacer que la ley tuviera plena vigencia y de que los sujetos obligados se apegaran a la misma, pues de lo contrario habrá que denunciarlo en los distintos medios de comunicación, no debemos aceptar que luego de esa larga lucha por dar vigencia al derecho de acceso a la información, se crearan estructuras para establecer un sistema de simulación y engaños.

En ese orden, los vigilantes de la aplicación de la ley han tenido que iniciar de cero a partir de que en México no había una cultura basada en que la información pública le pertenece al pueblo y que éste es libre para acceder a la misma a través de herramientas jurídicas; pero también ha sido tarea ardua y difícil el enfrentar resistencias de quienes hoy se ven obligados a ejercer el servicio público bajo los valores de la transparencia y la rendición de cuentas.

En esas vertientes deben basar su trabajo los organismos encargados de la vigilancia de la ley: por un lado, socializar el conocimiento del derecho de acceso a la información, y por otro, concientizar a los servidores públicos de que la publicidad de los actos de gobierno es un tema que ya no tiene reversa en México y que deben estar a las consecuencias de ese hecho.

Intereses Obscuros en Órganos de Vigilancia

Pero en algo que al parecer no han reparado esos organismos, es en el peligro que se desprende de la simple lógica devenida de todo lo que representa la obligación de los funcionarios públicos para entregar información de la entidad que operan, donde el manejo financiero es una parte esencial de la información que debe ser pública.

En ese sentido, hay evidencias de que existen grupos con intereses oscuros que buscan apoderarse de la operación de los órganos vigilantes para sacar provecho del asunto, y en esa línea puede explicarse las dificultades que han enfrentado diversos organismos encargados de la aplicación de las leyes de acceso a la información. Dificultades que se originan a partir de conflictos internos provocados por intereses externos.

Así, no es casual que en Michoacán el órgano encargado de la aplicación de la ley haya sido sacudido en varias ocasiones por problemas causados desde su interior y también externos. Primero el Congreso local nombró tres comisionados que no llegaron siquiera a tomar posesión de sus cargos y posteriormente los tres comisionados emergentes que habían asumido funciones, fueron destituidos en otra acción del Legislativo que coronó toda la maraña tejida antes. El escandaloso caso se manejó como una supuesta renuncia, una renuncia obligada que jamás debió ser, porque quienes han sido nombrados para esta empresa deben defenderla sin intimidarse y enfrentar las andanadas con firmeza y entereza, pero no fue así.

Tampoco es casual que en Nuevo León uno de los comisionados haya tenido que “renunciar” al cargo por causa de conflictos internos y que por intereses del gobierno local se haya nombrado un cuarto comisionado bajo el carácter de supernumerario.

En el Distrito Federal las cosas también andan mal en un consejo conformado por 18 personas, de las cuales apenas tres tienen el cariz de ciudadanos. En otras entidades también se han registrado episodios de confrontación e intrigas.

En Sinaloa las cosas no andan tan bien, pues los comisionados han enfrentado un clima de desestabilización, aunque a la fecha sin consecuencias de consideración. En ese estado hay un personaje de mala fama pública, Joel Hernández Niño, que ha logrado infiltrar a la Comisión por conducto de uno de sus miembros y hasta se ha logrado apropiar, sin derecho alguno, de un departamento que la propia Comisión paga en Culiacán.

Y como se dice, la Comisión tiene al enemigo dentro y en estos momentos dicho personaje pretende desestabilizar a la CEAIPES. Es un sujeto que radica en el sur de esa entidad y que opera por cuenta propia. Por ejemplo, en el gobierno de Juan S. Millán participó en chantajes, rumores y guerra sucia y ahora pretende crear un cuerpo de asesores paralelo al del gobierno del estado que encabeza el priísta Jesús Aguilar. Para ello, dirige sus baterías en contra de un destacado académico de la UAS que ocupa el cargo de coordinador de asesores del gobierno actual y que ha tenido una prominente trayectoria en la izquierda sinaloense.

Por eso resulta inexplicable cómo es que ese personaje opere como asesor de un comisionado a quien asegura manipular a su antojo. Lo cierto es que en la CEAIPES deberían ya tomar cartas en el asunto, y si bien las funciones de ese organismo deben estar alejadas de la grilla política, el hecho de tener el enemigo en casa no debe tomarse como asunto menor.

Hasta ahora es inimaginable el poder que pueden tomar los organismos encargados de la aplicación de la ley, por lo que algunos personajes han considerado que esto puede ser un muy buen negocio económico, pero para ello es preciso controlar a ese organismo de la CEAIPES.

Es cuestión de imaginarnos que los conspiradores logren su objetivo de desestabilizar a quienes están honestamente empeñados en que la ley funcione como inhibidor de la corrupción oficial; ponerse ellos al frente o a través de individuos afines, les daría oportunidad de operar el chantaje y la extorsión a cambio de complicidades que deben tasarse en sumas millonarias. Y de estos casos Sinaloa tiene algunos ejemplos que la prensa local ha empezado a escudriñar y pronto, muy pronto, conoceremos más detalles.

Transparencia Contra Corrupción

Sin bien es cierto que los organismos vigilantes del acceso a la información pública operan con presupuestos muy raquíticos, es inagotable el caudal de recursos públicos que manejan las dependencias gubernamentales o la gran mayoría de los sujetos obligados; gracias a su inmoral utilización muchos servidores públicos se han vuelto millonarios y se han cobijado en la corrupción desmedida y en la impunidad que fue signo común de los gobiernos mexicanos en las últimas décadas.

En un escenario de alternancia política como en el que indudablemente nos encontramos, los organismos autónomos contra la corrupción pública se convierten en atractivos feudos para hacer negocios basados en la extorsión y en las componendas; aquí no importan colores, sino el poder del dinero; de lo que se trataría es de amasar fortunas a través de la complicidad con quienes saquean las arcas públicas. Es ése y no otro el objetivo de quienes hoy buscan desestabilizar a los órganos de autoridad en la materia, conformados por ciudadanos honestos que no se prestarían a esas negociaciones, cuyas acciones siempre deberán estar basadas en la legalidad.

La Comisión de Sinaloa debe seguir trabajando para cumplir mejor aún con los ciudadanos, pues aunque ha logrado resultados positivos, como por ejemplo ser el estado en donde se han presentado el mayor número de solicitudes de información por escrito, siempre debe aspirar a mejorar cada año su actuación y abrir aún más la información oficial.

La otra crisis que enfrentó la Comisión sinaloense fue la relativa a los salarios, pero ese asunto ya rebasado en los medios locales debe servir como ejemplo de que la transparencia empieza por la propia casa y fue mejor publicarlos en su portal electrónico que ocultarlos, cuando sólo se trata de ingresos devengados. Los comisionados y directivos deben saber que los ingresos que perciben son similares a los que reciben otros organismos de su tipo.

Cabe recordar que, de acuerdo con información publicada en la página Web de la CEAIPES, en el acta de la sesión de Pleno número 80, votada por unanimidad de los tres comisionados, se acuerda la reasignación de percepciones de los funcionarios de la Comisión, delegándole a la Coordinación de Administración y Finanzas que determine los montos y cantidades que permita el presupuesto. En esta misma sesión se acordó también la suspensión de servicios de asesoría local por honorarios; ya desde agosto se había cancelado una polémica asesoría externa.

Cuando la CEAIPES publica con nombre y apellido los montos de las reasignaciones hubo algunas críticas, por lo que en atención a éstas, en la sesión plenaria número 88, también votada por unanimidad de los tres comisionados, se acordó la reconsideración de percepciones de los funcionarios de la Comisión, siguiendo el mismo procedimiento, y apareciendo al día siguiente los nuevos salarios.

Otro asunto que debe revisar con atención la misma Comisión de Sinaloa, es el salario doble que percibe uno de sus integrantes por impartir cátedra en una universidad, en donde los ingresos rondan los 30 mil pesos mensuales y que, sumados al salario que recibe de la Comisión, le da un cuantioso monto. La pregunta sería si esto está permitido en las leyes sinaloenses.