En el gobierno federal persiste la dilapidación de recursos, pero esta vez no hablamos del desvío de fondos públicos al que nos tiene acostumbrados el gobierno panista igual como ocurría cuando el PRI ocupaba la Presidencia de la República, sino a los elevados salarios que funcionarios de primer nivel se asignan arbitrariamente, superiores incluso a los 150 mil pesos mensuales, cuando el salario mínimo oficial apenas alcanza los mil 400 pesos.

La lista de los funcionarios mejores pagados del gabinetazo la encabezan el secretario de Salud, Julio Frenk Mora; el procurador del Medio Ambiente, José Luis Luege Tamargo, y el director general del ISSSTE, Benjamín González Roaro, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicados en el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003.

Además del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, otros 10 funcionarios de primer nivel perciben sueldos superiores al que por ley es considerado como el máximo nivel salarial en la administración pública federal.

De acuerdo con el artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2003, “ningún servidor público de las dependencias o entidades podrá obtener una percepción ordinaria neta mensual superior a la del titular del Ejecutivo Federal”.

No obstante, las excesivas remuneraciones revelan que algunos funcionarios desacataron esta disposición y se asignaron salarios de primer nivel. Así, se revela cada vez más el doble discurso de la política de austeridad que enarbola el gobierno foxista, capaz de despedir a 5 mil trabajadores petroleros para demostrar su efectiva reducción de egresos, pero incapaz de reducir los onerosos salarios de los servidores públicos.

La ASF advierte que las desmedidas asignaciones económicas de estos funcionarios se dieron en infracción de lo establecido en el artículo 38 del PEF. Y es que, mientras que la percepción ordinaria neta mensual aprobada para Vicente Fox ascendió a 155 mil 42 pesos, el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE) recibió 208 mil 500 pesos.

Onerosos Salarios en el ISSSTE

El análisis de la Auditoría revela que esta cifra es 28.3 por ciento superior al salario presidencial, además de que no corresponde al límite establecido en el anexo 10 del PEF para el ejercicio fiscal 2003, que en el nivel I presupuesta como máximo 145 mil 355 pesos.

Pero en el ISSSTE esta no fue la única irregularidad detectada, ya que los sueldos de otros seis directivos (el vocal ejecutivo, el director del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, los subdirectores generales “A” y “B”, el contralor y el coordinador general “A”) también sobrepasaron la remuneración que supuestamente recibe Vicente Fox.

En vez de cobrar el tope salarial que marcó el PEF para el nivel K, de 139 mil 834 pesos, estos seis funcionarios percibieron 165 mil 700 pesos mensuales, 2 por ciento más que el presidente de la República.

Otro funcionario que rebasó los límites impuestos por la ley fue el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, quien cobró mensualmente 163 mil 100 pesos, .4 por ciento más que el primer mandatario mexicano, cuando los márgenes legales establecieron como máximo un salario de 149 mil 327 pesos.

Quien también se benefició por esta vía fue el procurador ambiental José Luis Luege Tamargo, quien a pesar de tener poco trabajo o al menos eso parece, su salario superó en un 8.5 por ciento al del presidente de la República, al contabilizar 176 mil 300 pesos. Según el Presupuesto de Egresos, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente debió haber percibido como máximo 146 mil 257 pesos.

Otro funcionario favorecido fue el director general del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, José Raúl Ortiz Magaña. La remuneración de este servidor público sobrepasó en un 10 por ciento a la de Fox, tal vez porque trabaja más, pues ascendió a 178 mil 700 pesos. Con respecto a los límites establecidos en el PEF, el funcionario cobró 38 mil 866 pesos de más, ya que el nivel K tiene como tope salarial 139 mil 834 pesos.

Por estas irregularidades, la ASF solicitó a la Secretaría de la Función Pública que “revise las percepciones de los 10 servidores públicos que, en 2003, tuvieron una percepción ordinaria neta mensual superior a la del titular del Ejecutivo Federal, en infracción de lo establecido en el artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 y, en su caso, se promueva la devolución de los pagos en exceso”.

Los Excesos de la Tremenda Corte

Otro funcionario que se excedió en materia salarial fue Mariano Azuela Güitrón, quien cobró mensualmente 649 mil 433 pesos, según lo informó ayer el reportero de La Jornada, Enrique Méndez.

Pero el dispendio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación alcanza incluso a los mandos medios; de acuerdo con los gastos de la nómina, por el cargo de chofer se erogó un salario similar al de los secretarios particulares.

Según el informe de la Auditoría Superior de la Federación, “al revisar la plantilla final de plazas de mandos medios y superiores de la SCJN, se constató que las 20 plazas de chofer de ministro se encuentran registradas en el nivel 28 con rango máximo, que significa un nivel igual al del secretario de oficina del ministro, secretario administrativo y jefe de departamento”.

En 2003, el sueldo mensual del chofer de ministro ascendió, en términos brutos, a 17 mil 900 pesos, indica la investigación fiscal. El incidente de los conductores de los ministros generó una recomendación a la Suprema Corte, para que “instruya a quien corresponda para que revise su plantilla de personal, para que los puestos de chofer de ministro se ubiquen en el puesto que corresponda a su actividad”.

Pero la SCJN respondió a la ASF que “es importante aclarar que las plazas de chofer de ministro son consideradas como de confianza y, por las tareas inherentes al puesto, los servidores públicos que ocupan dichas plazas tienen que laborar incluso, sábados y domingos, sin soslayar que también juegan un papel importante en la seguridad personal de los funcionarios”.

Según detalla el informe, para la Corte “se considera apropiado señalar lo dispuesto en el último párrafo del artículo 41, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2003, que a la letra dice: ‘en aquellos puestos de personal civil de las dependencias cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del funcionario público, podrá otorgarse un pago por riesgo de hasta 30 por ciento sobre la percepción ordinaria bruta mensual, en los términos de las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría observando lo dispuesto en el artículo 43 de este Decreto’.

“De lo antes descrito, la ASF puede comprobar que a los servidores públicos que ocupan las plazas de chofer de ministro, no se les efectúa ningún pago adicional como estímulo por riesgo, como en el caso de las dependencias de la Administración Pública Federal.”

Pero la SCJN va más allá con tal de justificar esta situación y solicita a la ASF que oculte la información referente a los salarios. “Debido a que el sueldo no es oneroso en comparación con las funciones que desempeñan, si no se tiene inconveniente, se solicita atentamente a la Auditoría Superior de la Federación suprimir este párrafo del informe, ya que se considera que sólo es aplicación de criterio”.

Es decir, que en la Suprema Corte además de servirse con la cuchara grande del presupuesto federal pagado con los salarios de los mexicanos, pretende impunidad informativa a fin de que la población no se entere del dispendio de recursos que ahí se hace.