En medio del controvertido rescate financiero que realizó la Secretaría de Hacienda en beneficio de los banqueros, mismo que contó con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el secretario Francisco Gil Díaz ha olvidado atender los asuntos propios de esa Secretaría de Estado y ello ha ocasionado que la dependencia esté desactualizada en su estructura orgánica, carezca de manuales de procedimientos y no tenga constancias de nombramientos actualizadas.

Por si eso fuera poco, un documento del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Hacienda explica que “lo anterior evidencia debilidades en los sistemas de control interno en el manejo de los recursos humanos a cargo de la Dirección General de Programación y Presupuesto B (a cargo de Pablo Reyes Pruneda) de la Secretaría de Hacienda, por lo que se sugiere implementar (sic) las acciones recomendadas en las observaciones de referencia, con la finalidad de estar en posibilidad de promover su solventación en plazos establecidos”.

Una auditoria que realizó el OIC a la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” (número de revisión AF-98/2003) entre el 10 de septiembre de 2003 y 30 de agosto de 2004, y que estuvo bajo la coordinación del contador público Edmundo Alvarez Moreno y fue supervisada por Alfredo Flores Ortiz, establece que se Hacienda ha operado con una estructura desactualizada, no tiene manuales de procedimientos como lo exige el artículo 65 del Reglamento Interior y las constancias de nombramientos de servidores públicos están desactualizadas.

Además, una dirección general adjunta, dos direcciones de área y tres plazas con nivel de mando de supervisión operaban sin encontrarse consignados en una estructura orgánica autorizada.

La gravedad de estas irregularidades administrativas es que se operó fuera de control del reglamento interno de la Secretaría de Hacienda, lo que podría ocasionar acciones legales en contra de los funcionarios que realizaron actos de gobierno sin tener facultades para ello y que pudieran afectar a terceros, pues es sabido que esa Dirección General de Programación y Presupuesto “B” tiene a su cargo el manejo de la tercera parte del presupuesto federal, situación que puede ser aprovechada para meter en un verdadero problema al secretario de Hacienda y al mismo presidente de la República.

Entre las recomendaciones echas por el OIC que debe realizar la Secretaría de Hacienda, destaca que la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” y la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Egresos deberán llevar a cabo las acciones necesarias para el registro y validación de la estructura orgánica funcional ante la Dirección General de Recursos Humanos de Hacienda.

Otra recomendación es actualizar los manuales de procedimientos específicos de la operación sustantiva de dicha dirección general y registrarlos ante la Dirección General de Recursos Humanos.

El OIC pide también que la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Egresos lleve a cabo la actualización de las constancias de nombramiento del personal adscrito a la Dirección General de Programación y Presupuesto “B”, pues no basta que Gil Díaz ordene nombramientos y la creación direcciones general para que esto se dé sin autorización y sin norma alguna y reglamentación alguna.

La cuarta recomendación apunta que la Coordinación Administrativa y la Dirección General de Recursos Humanos de Hacienda deberán llevar a cabo la conciliación de las plazas presupuestales, de las plantillas de personal y de los listados de nóminas del personal adscrito a la Dirección General de Programación y Presupuesto “B”, a efecto de regularizar las diferencias de conformidad con la normatividad aplicable a cada una de las irregularidades que se presenten.

Entre los funcionarios que cobraron su salario del erario público sin tener constancia de nombramiento de la Secretaría de Hacienda, están la directora general adjunta de Análisis y Evaluación de Proyectos Económicos, Débora Schlam Epelstein; el director general adjunto de Programación y Presupuesto de Apoyo en Energía e Infraestructura, Gustavo Nicolás Kubli Albertini; el director general adjunto de Apoyo en Energía, Juan Arturo Lim Medrano; el director general adjunto de Infraestructura, Arturo Lemus Carrillo; la directora general adjunta Laura Martínez Ampudia; el director general adjunto de desarrollo Social, Enrique Magaña Méndez; el director general adjunto de Desarrollo Agropecuario, Felipe Octavio Angulo Sánchez, y otros 17 servidores públicos de mandos intermedios.

Aunque todas las recomendaciones fueron aceptadas por el director general Pablo Reyes Pruneda, lo extraño es que ante tantas irregularidades en la estructura orgánica de la Secretaría de Hacienda, el OIC no aplicó sanción alguna.

Denuncian Corrupción en Gobernación

Antes de que Santiago Creel renunciara a la Secretaría de Gobernación en busca de la candidatura presidencial por su partido, el titular del Órgano Interno de Control en esa dependencia, Marco Antonio Herrera García, recibió una denuncia por supuestas irregularidades que se han cometido en la Dirección General de Recursos Humanos. La acusación directa es en contra de Ivonne González de Cossío, quien hasta el 15 de abril pasado se desempeñó como directora de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Gobernación, y también al subdirector de esa misma área Enrique Reyes Mondragón.

Llama la atención que la denuncia sea en Recursos Humanos que, por la honestidad, transparencia y buen desempeño de Santiago Creel, debería de haber sido cuidado son lo más importante y en consecuencia el trato al personal de la Secretaría de Gobernación debió darse en un clima de confianza y cordialidad para el buen funcionamiento de esa dependencia responsable del manejo de la política interna del país.

Por eso es importante esta acusación que tiene en su poder el contralor Marco Antonio Herrera García, a quien trabajadores de Gobernación le informan que Ivonne González de Cossío y Enrique Reyes abusaron de su responsabilidad pública y violaron la Ley Federal del Trabajo al despedir injustificadamente a varios empleados para acomodar en esas plazas a sus recomendados “mediante la manipulación de exámenes y procesos de reclutamiento”.

En la misma área de reclutamiento y selección de personal de Gobernación, González de Cossío despidió a cinco personas que demandaron laboralmente a la Secretaría y ganaron el caso por lo que tuvieron que ser liquidadas.

Otros dos servidores públicos Rubén Monroy, del INAFED, y Fabricio Brodziak, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, solicitaron becas para estudiar en el extranjero y la licenciado González de Cossío les argumentó falsamente que no había presupuesto para dicho trámite, ya que esos beneficios son manipulados para otorgarlos a los amigos y colaboradores de ambos directores, pues aunque no reúnan los requisitos se alteran documentos oficiales para otorgarles las becas, en una clara violación a los reglamentos y leyes en la materia.

Otra de las irregularidades señalada en la extensa carta entregada en el Órgano Interno de Control, se refiere a la asignación de contratos a proveedores de cursos de capacitación, en donde hay evidencias de la alteración de facturas para encarecer los costos de bienes y servicios contratados. Así, una jefa de departamento fue presionada para que firmara una de las facturas alteradas, pero como se negó, ahora está amenazada de ser despedida.

De los contratos para capacitación, los empleados de Gobernación se quejan de que son cursos relacionados con ventas y marketing disfrazados de desarrollo humano, por lo que parece extraño que la Secretaría de Gobernación los promueva con cargo al erario público por hasta 15 millones de pesos.

Costosa Imagen de Alcaldesa

La alcaldesa de Hermosillo, comunicóloga de formación, se alcanzó la puntada de contratar los servicios de una empresa de imagen que le costará a la hacienda municipal la cantidad de 450 mil pesos. El contrato por seis meses establece que la empresa de Jorge Ceballos de la Torre, Gabriela Morgado y Erick Swifth es la responsable de esta actividad sustantiva para la sociedad hermosillense.

Al parecer, la alcaldesa panista decidió contratar a esta empresa de consultoría por los “muy buenos resultados” obtenidos en Baja California, en particular en Mexicali y Tijuana, justificó una funcionaria municipal. En Baja California, el PAN sufrió un descalabro electoral de dimensiones descomunales al perder las alcaldías de Tijuana –gobernada desde 1989- y Mexicali, desde 1995.

Jorge Ceballos de la Torre fue desde 2001 asesor de imagen del gobernador panista Eugenio Elorduy, a quien le sirvió también como director de comunicación social en el primer ayuntamiento panista de la capital bajacaliforniana.

En enero del 2005, Ceballos fue despedido por los resultados obtenidos en los procesos electorales de agosto del 2004 en Baja California. Los equipos de campaña de los candidatos perdedores lo culparon de instrumentar una estrategia frívola y desacertada. El gobernador decidió destituirlo, redimensionar el área de asesores y nombrar al frente a Jorge de Garay.

Gabriela Morgado Cabuto se ligó al PAN en los últimos días de la administración de Ernesto Ruffo. Fue asesora del PAN en la entidad y durante la campaña de Jorge Ramos en Tijuana fue acremente criticada por los panistas.

Morgado fue despedida también cuando perdió Ramos Hernández ante Jorge Hank Rhon, al igual que los demás integrantes del equipo de asesores de imagen, entre los que estaba el propio Ceballos de la Torre. Sus colegas tuvieron mejor suerte: Jorge Cornejo es secretario particular del dirigente estatal del PAN; Ariel Lizárraga trabaja en la secretaría del ayuntamiento de Jorge Hank.

Ambos, Ceballos y Morgado salieron por la puerta trasera luego de las derrotas en Mexicali y Tijuana y de una imagen pública cuestionada de Elorduy Walter.

El tercer personaje de esta empresa consultora es Erick Swifth, un sicólogo que se integró al grupo de publicidad de Rufo Appel con la intención de realizar manejo de masas. Desde 1994 trabaja en el gobierno estatal y en la actualidad continúa asesorando a Eugenio Elorduy, aunque se encuentra marginado. Este sicólogo está adscrito a la Dirección de Comunicación Social del gobierno de Baja California.