Dicen que “los malos ejemplos cunden”. Y para el desatado precandidato del chuchismo –asesorado por el camachismo y el amarcelado grupo que tiene sitiado a Luis Marcelo Ebrard Casaubón quien, con Peña Nieto, se disputa el título del mejor galán–, nada como querer controlar los medios de comunicación impresos. El jefe de Gobierno vivió sus “cinco minutos” de gloria efímera al ser nombrado por sus invitados a una reunión sobre el calentamiento global (para sabotear la de Calderón, días después en Cancún, que resultó también un rotundo fracaso) el “mejor alcalde” ¡del mundo!

Al igual que panistas y perredistas del chuchismo camachista, odia las libertades de prensa impresa (donde tiro por viaje lo critican); pero no así las que pagan con publicidad para aparecer en televisión y las porras que le echan en la radio. Y por ese rencor, ha decidido copiar una de las censuras impuestas por Hugo Chávez, el venezolano del totalitarismo populista.

El procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Mancera, más o menos ha desempeñado con eficacia su obligación, salvo que no sabe cómo enfrentar las denuncias sobre el aumento de la criminalidad del narcotráfico que invade la capital del país, lo que pone en muy alto riesgo la seguridad de sus habitantes y, de paso, es amenaza directa al asiento de los tres poderes federales, con todo y el búnker donde se protege Calderón. Pues resulta que Ebrard y su consejero jurídico, Mancera, tienen el propósito de enviar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de ley muy semejante a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, impuesta por el presidente de Venezuela para controlar, mediante censuras previas, la libertad de expresión.

Ebrard y Mancera son del parecer que tal ley sujete las conductas de los periodistas y sus medios de comunicación para que, supuestamente, se “abstengan” de promover, hagan apología o inciten a la guerra, difundan mensajes favorables a los delitos, promueven intolerancia religiosa o publiquen informaciones y comentarios contrarios a la seguridad nacional. En un anteproyecto, se “aconseja a las autoridades pactar con los medios de comunicación para la adecuada difusión de la información”. La nota del reportero Arturo Sierra (Reforma, 11 de diciembre de 2010) es verídica y oportuna para alertar a la prensa escrita, a la radio y televisión, ya que nos pone al tanto de ese potencial zarpazo.

Se trata de que, con pretextos calderonistas-panistas, los seudoperredistas del chuchismo, encabezados por Ebrard, quieren limitar los deberes constitucionales, primero de los periodistas y luego de todos los ciudadanos del Distrito Federal, sometiéndolos al autoritarismo. Si ya de por sí con el populismo en marcha (de los festejos circenses por los centenarios, que requirieron, entre corrupción e inversión, millones de pesos, hasta las pistas de hielo y las albercas como “diversiones gratuitas”), Ebrard tiene a los habitantes secuestrados con dádivas para que olviden sus dramas de pobreza y desempleo. Con esa propuesta de ley, pasaremos del autoritarismo a la vil autocracia.

Y es que Ebrard y su círculo íntimo, dedicado a su precampaña por la candidatura del chuchismo-camachista, está descuidando más sus obligaciones (el mal gobierno y la mala administración de la ciudad están a la vista), y busca cómo silenciar la información sobre la inseguridad y otros males. Para esto, nada como una legislación a la Hugo Chávez: ordenar a la prensa oral, audiovisual y escrita que no se ocupe de la información general ni de la crítica, para dedicarse sólo a difundir los sucesos bonitos, que son escasos, por cierto. Calderón insiste en que los medios de comunicación se abstengan de poner al día, a la opinión pública, de los baños de sangre de la feroz rebelión del narcotráfico y sus ejércitos de sicarios armados hasta los dientes; que callen los feminicidios y no divulguen los homicidios, sobre todo, de civiles ajenos al conflicto.

Una legislación así conduce, entre las amenazas calderonistas y los propósitos ebradoristas, a implantar medidas anticonstitucionales con la mira de inquisiciones judiciales contra las libertades de prensa que son, todavía, derechos individuales y colectivos de los mexicanos para dar y recibir información de todo. Y de que se ejerza la crítica sin limitaciones autoritarias y autocráticas.

*Periodista

Fuente: Contralínea 215 / 09 de enero de 2011