Las comunidades locales siguen enfrentando los impactos ambientales negativos de la mina de cobre Panguna, en la Región Autónoma de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea. La misma nunca fue apropiadamente clausurada
Londres, Inglaterra. Las comunidades locales finalmente están viendo algunos avances en su lucha por justicia, 36 años después de que la mina de cobre Panguna, en la Región Autónoma de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea (PNG), se convirtiera en el centro de las denuncias de los propietarios de tierras por los daños ambientales.
La publicación de la primera evaluación independiente sobre los impactos ambientales y sociales de la mina a cielo abierto, que en su momento fue una de las más grandes del mundo, también ha aumentado las expectativas locales de que el antiguo propietario mayoritario, el grupo británico-australiano Rio Tinto, financie los trabajos de remediación.
“Este es un hito significativo para Bougainville, que nos ayuda a dejar atrás el daño y la agitación del pasado y a fortalecer nuestro camino hacia un futuro más sólido”, declaró el presidente de Bougainville, Ishmael Toroama, en un comunicado público, en diciembre de 2024.
“Este proceso se ha basado en el diálogo, la empatía y la cooperación; ahora esperamos continuar con la colaboración y ver acciones concretas para abordar los impactos”, dijo Blaise Iruinu, jefe supremo del clan local Barapang y miembro del comité de supervisión de la investigación sobre los impactos, en declaraciones a medios locales.
A mediados del siglo XX, las islas de Bougainville y el este de Nueva Guinea estaban bajo administración de Australia, que tenía el mandato de las Naciones Unidas de prepararlas para el autogobierno.
La mina de Panguna se desarrolló como una fuente clave de ingresos para sostener económicamente el nuevo Estado de Papúa Nueva Guinea (PNG), establecido en 1975. Los propietarios de tierras afectados no fueron ampliamente consultados sobre la construcción de la mina y muchos se opusieron a ella.
La mina fue operada por Bougainville Copper Ltd (BCL), una filial de Rio Tinto, desde 1972 hasta que el estallido de la guerra civil obligó a su cierre en 1989, sin que fuera clausurada de manera adecuada.
El conflicto comenzó con un levantamiento liderado por los propietarios de tierras, tras el fracaso de las negociaciones con la empresa sobre sus denuncias sobre daños ambientales y distribución desigual de los beneficios de la mina.
Si bien en ese momento no existía un requisito legal para que las empresas mineras realizaran evaluaciones de impacto, Rio Tinto firmó dos acuerdos sobre la eliminación de relaves en 1971 y 1987.
En ellos, la empresa se comprometió a tomar medidas para proteger y remediar las tierras afectadas por los residuos, pero estos acuerdos no se implementaron de manera efectiva. La mina generaba 150 mil toneladas de residuos de relaves por día, lo que acumuló un total de aproximadamente 1 mil millones de toneladas a lo largo de su operación.
En 2016, Rio Tinto se deshizo de sus intereses en la mina abandonada y al mismo tiempo rechazó cualquier responsabilidad por los problemas ambientales.
Los isleños de Bougainville, la mayor de las islas del archipiélago Salomón, nunca aceptaron esta postura. En 2020, 156 residentes locales presentaron una denuncia por violaciones de derechos humanos, con la asistencia del Human Rights Law Centre de Melbourne, ante el punto de contacto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Australia.
Alegaron que Rio Tinto no cumplió con sus obligaciones de responsabilidad corporativa, según las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
Actualmente, más de 25 mil personas residen cerca de la mina. Un informe preliminar del Human Rights Law Centre sobre los efectos en sus vidas describió la contaminación de fuentes de agua y cultivos, el desplazamiento de aldeanos sin una reubicación adecuada y una serie de problemas de salud.
“El cobre es altamente tóxico para peces, plantas y otras formas de vida acuática, y en concentraciones elevadas puede representar un riesgo para la salud humana”, señaló el informe After the Mine de 2020.
Tras negociaciones mediadas con los denunciantes y los gobiernos de PNG y Bougainville, la empresa minera acordó financiar un estudio independiente sobre los impactos, que comenzó en 2022.
El informe de la Fase 1 de la Evaluación de Impacto, elaborado por la consultora de ingeniería australiana Tetra Tech Coffey, se hizo público en diciembre de 2024.
Concluyó que el colapso del pozo minero y la desintegración de la infraestructura representan un peligro inminente para las personas que viven cerca. Además, los residuos mineros han contaminado el suelo, las áreas de cultivo y los recursos hídricos, incluido el principal río Jaba-Kawerong.
También, se detectó la presencia de sustancias químicas tóxicas en algunas zonas y materiales peligrosos almacenados en condiciones precarias, que se están volviendo cada vez más inestables.
“Nunca elegimos esta mina, pero vivimos con sus consecuencias todos los días, intentando sobrevivir en el desastre que quedó atrás. La evaluación del impacto heredado nos ha proporcionado, por primera vez, datos concretos y una base para encontrar soluciones”, declaró Theonila Roka Matbob, principal denunciante, el 6 de diciembre de 2024.
El informe concluye que las secuelas no abordadas de la mina Panguna han vulnerado los derechos humanos de los habitantes de Bougainville. Asimismo, han afectado su acceso a la vida, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda y un medioambiente limpio.
En respuesta, Kellie Parker, directora ejecutiva de Rio Tinto Australia, afirmó: “Nuestro enfoque en Bougainville se basa en un compromiso significativo y en soluciones a largo plazo”.
La empresa ha formado un grupo de discusión con el gobierno de Bougainville y BCL para acordar los próximos pasos.
“Trabajaremos con las partes involucradas y consultaremos a las comunidades locales para desarrollar un plan de respuesta a los impactos identificados”, añadió, asegurando que la compañía tiene un “compromiso genuino de actuar con respeto y colaboración en este tema crucial”.
Keren Adams, directora legal del Human Rights Law Centre, mencionó a IPS que Rio Tinto debe tomar medidas inmediatas para mitigar los riesgos más urgentes para las comunidades locales, “como garantizar el acceso a fuentes de agua seguras, construir puentes para que los habitantes puedan cruzar el río Kawerong sin peligro y estabilizar los diques e infraestructuras en riesgo de colapso”.
En agosto de 2024, Rio Tinto acordó comenzar de inmediato a trabajar en varios puntos críticos de la mina, donde existen peligros inminentes para el bienestar de la población.
Aún no se ha determinado el cronograma ni el costo total de la remediación. “Aunque el informe ha identificado los impactos que deben corregirse, todavía es necesario realizar un análisis adicional sobre las opciones para hacerlo. Una vez definido, se podrán calcular los costos y planificar las acciones”, explicó Adams.
Sin embargo, el profesor Peter Erskine, director del Centro de Rehabilitación de Tierras Mineras de la Universidad de Queensland, comentó a IPS: “Para llevar a cabo una limpieza y rehabilitación sostenible del sitio siguiendo las mejores prácticas, se necesitaría el consentimiento y la colaboración de los propietarios de las tierras y el proceso tomaría más de una década”.
Además, indicó que el costo ascendería a miles de millones de dólares. BCL estima que la rehabilitación requeriría una inversión de 5 mil millones de dólares, más del doble de los ingresos generados por la mina durante sus años de operación, que sumaron 2 mil millones.
La limpieza es una prioridad, ya que el gobierno de Bougainville planea reabrir la mina para financiar su aspiración de convertirse en una nación independiente. Este remoto grupo de islas, ubicado en el extremo oriental de PNG, ha luchado durante años por su autogobierno.
En diciembre de 2019, se celebró un referéndum sobre el futuro político, y el 97.7 por ciento de los votantes optó por la independencia. Actualmente, no hay otro sector económico desarrollado en la región, por lo que la mina de Panguna es vista como la única opción viable para hacer realidad la independencia en términos fiscales.
BCL, ahora en manos mayoritarias de actores locales, ha obtenido la renovación de su licencia de exploración en Panguna. En noviembre, los propietarios de tierras firmaron un acuerdo de acceso con la empresa.
El presidente ejecutivo de BCL, Mel Togolo, sostiene que la mina generará 36 mil millones de dólares en ingresos durante su segunda etapa de explotación y que responderá a la creciente demanda mundial de cobre, un material clave en la industria de energías renovables.
Transformar la mina Panguna desde su estado actual es una tarea colosal, y los líderes y habitantes de Bougainville exigen acciones concretas por parte de Rio Tinto.
“Rio Tinto aún no ha asumido el compromiso de financiar ni las soluciones ni la limpieza que las comunidades están reclamando. El Human Rights Law Centre seguirá trabajando con los residentes para garantizar que la empresa asuma la responsabilidad por las secuelas que ha dejado”, enfatizó Adams.
Catherine Wilson/Inter Press Service (IPS)*
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