La justicia argentina dictó una sentencia histórica en Neuquén a favor de los mapuches: la petrolera Piedra del Águila deberá pedir autorización a la comunidad wentru trawel leufu para trabajar en las 3 mil 800 hectáreas que le concesionó la administración local en la región del Picún Leufú. La determinación judicial establece que todo gobierno que desatienda las leyes indígenas incurrirá en actos discriminatorios
Darío Aranda / Página12 / IPS-Voces de la Tierra
Buenos Aires, Argentina. La justicia falló a favor de los mapuches de Neuquén: una empresa petrolera deberá pedir autorización a los indígenas para trabajar.
En las comunidades indígenas y entre los abogados especializados en derecho indígena, se escucha, desde hace tiempo, una afirmación, mezcla de hipótesis y deseo, pero también con sustento jurídico: de respetarse los derechos indígenas, las empresas y gobiernos no podrían avanzar unilateralmente sobre los territorios de los pueblos indios.
La Justicia de Neuquén acaba de dar un paso en ese sentido. Falló contra una empresa petrolera que pretendía impedir los reclamos de la comunidad mapuche wentru trawel leufu (hombres de río reunidos), afectada por la invasión de su territorio ancestral.
La sentencia, la primera de su tipo en Neuquén y que será precedente para otras causas en Argentina, afirma que se transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales. Remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación (nacional e internacional) que protege los derechos indígenas y apunta también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (las leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.
En enero de 2007, el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Águila la concesión de 3 mil 800 hectáreas de la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive, desde mediados del siglo pasado, la comunidad wentru trawel leufu. A finales de 2007, la empresa llegó hasta el lugar y reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad le prohibió el ingreso. En julio de 2008, volvieron con una nueva estrategia: ofrecieron dinero para obtener permisos de exploración y extracción. “La actividad petrolera es opuesta a nuestra forma de vida. No autorizamos”, fue la respuesta unánime.
La petrolera ingresó por la fuerza a territorio mapuche, atacó a miembros de la comunidad y contrató a 40 personas que, bajo el supuesto rótulo de desocupados a la espera de un trabajo, reprimieron a las familias indígenas; mataron casi un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo, y sostuvieron un proceso de desgaste para expulsar a la comunidad de su tierra.
Comenzó una fuerte campaña local y provincial para responsabilizar a los mapuches por trabar supuestas inversiones petroleras que implicarían beneficios para el pueblo y puestos de trabajo.
Página 12 dio cuenta de esos episodios en la edición del 10 de febrero de 2008.
La presión sobre la comunidad incluyó la judicialización: la empresa presentó un recurso de amparo para que la justicia prohíba a la comunidad mapuche realizar acciones directas que pudieran “obstaculizar” la extracción de hidrocarburos en el propio territorio comunitario. En sólo 24 horas, la jueza Graciela Blanco dictó una medida cautelar que ordena a los miembros de la comunidad abstenerse de impedir las tareas de la empresa. La defensa denunció que no se tuvo en cuenta la legislación indígena.
Sobrevino la apelación y, luego de tres años, la sentencia, dictada por el Juzgado Civil 2 de Cutral Có, negó la solicitud de amparo y priorizó el derecho indígena. “Corresponde rechazar la acción promovida por la petrolera Piedra del Águila”, resume el fallo judicial sin precedentes, y remarca que la acción inconsulta de empresas y gobiernos viola la Constitución Nacional y la de Neuquén, y los tratados internacionales de rango supraley (el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo).
También se desoyó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La sentencia remarca la necesidad de poner en práctica esas normas y rechaza que, como suele suceder en los tribunales, se pretenda imponer el Código Civil sobre la Constitución Nacional y tratados internacionales.
“Reconoce a la comunidad y reconoce el territorio comunitario y su carácter constitucional. Afirma que la posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es la posesión individual del Código Civil. Que se basa en la preexistencia al Estado”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Juan Manuel Salgado.
La sentencia, dictada el 16 de febrero, pero difundida en marzo, también destaca un derecho imprescindible en cuanto a territorios indígenas: “Debe asegurarse la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (…) La consagración del derecho de participación implica que las comunidades indígenas siempre deberán ser consultadas cuando se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, ya sea en forma directa como indirecta”, afirma el juez Mario Tommasi, y explica que la participación de las comunidades indígenas debe ser libre y plena en todas las fases del proceso y que la consulta debe ser previa a la adopción de las decisiones que los afecten.
La sentencia no trata si la empresa debe retirarse del lugar, pero deja claro que no se pueden realizar tareas de exploración y explotación sin previa consulta y participación de la comunidad. “La justicia nos dio la razón; ahora será el pueblo mapuche movilizado, con cortes de caminos, el que impedirá que exploten y contaminen nuestro territorio”, anunció Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad wentru trawel leufu.
