Francisco López Bárcenas*
Un rumor que comenzó a circular durante la segunda quincena de enero, que indicaba que los habitantes de varios pueblos rarámuris se estaban muriendo de hambre, movilizó a varias dependencias gubernamentales y algunos sectores sociales; los primeros para contener el rumor y los segundos para apoyarlos con alimentos, a lo que después también se sumaron las instancias gubernamentales. Aunque falso, el rumor vuelve a poner a la vista de todos una verdad sabida: los pueblos indígenas de México, entre éstos los rarámuris de Chihuahua, padecen hambruna. Muchos no la ven, quizá porque esperan mirarlos caer frente a sus ojos como moscas fumigadas para aceptarlo, pero hay muchísimas evidencias de ello: la imposibilidad de acceder a tres comidas diarias por la falta de ingresos económicos, desnutrición crónica por la mala calidad de la comida que ingieren y enfermedades que ya se creían superadas derivadas de la desnutrición, entre otras.
El libro Morir en la miseria es una investigación realizada hace cuatro años por el equipo de reporteros de Contralínea, que documentó en varios municipios del país la situación de pobreza en que viven los pueblos indígenas. Y datos oficiales recientes así lo reconocen. A principios de 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó en el país el Informe de la evaluación de la política de desarrollo social en México 2011, con un apartado especial sobre la política de desarrollo social y los pueblos indígenas. Breve pero contundente, revela la crítica situación en la que viven los integrantes de los 62 pueblos indígenas de la nación, al demostrar con cifras oficiales lo que ya se sabe desde hace mucho: los pueblos indígenas viven en una pobreza ancestral privados de sus derechos elementales y sin posibilidades reales de remontarlos en el corto plazo, a menos que se modifiquen de forma radical las relaciones que el Estado y la sociedad han establecido a lo largo de la historia, pues en pleno siglo XX siguen siendo de colonialismo y de discriminación.
El Informe comienza admitiendo que “la población indígena concentra los indicadores más agudos de pobreza y marginación y los índices más desfavorables de desarrollo humano y pobreza”. Con cifras de un informe del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo elaborado en 2010, afirma que el 79 por ciento de los indígenas se encuentra en situación de pobreza, es decir que no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación, salud y educación, ni aunque dedicaran todos sus ingresos a esos rubros; ni acceden a servicios de vestido, vivienda y transporte. De este porcentaje, el 40 por ciento –más de la mitad– se encuentran en pobreza extrema, es decir que no cuentan ni con 1.25 dólares por día para satisfacer sus necesidades, conforme el criterio del Banco Mundial. Además de lo anterior, 64 por ciento de esta población sufre privación en al menos tres derechos sociales esenciales y sólo 4 por ciento escapa a esta situación.
El Informe profundiza en cuatro rubros: educación, alimentación, salud y bienestar social, y en todos éstos los resultados son alarmantes: el 49 por ciento de los indígenas –casi la mitad de la totalidad– viven rezago educativo; el 27 por ciento de los jóvenes indígenas mayores de 15 años –más del 25 por ciento del total– es analfabeta; 13 por ciento de niños entre seis y 14 años no asiste a ningún circuito escolar; sólo 70.5 por ciento tienen aptitud para leer y escribir; y sólo el 1 por ciento de jóvenes indígenas accede a la educación superior. De igual manera, el porcentaje de asistencia a primaria “está muy por debajo de la media nacional y existe retraso en la terminación a tiempo de este ciclo; 60 por ciento lo termina recién cumplidos los 13 años, mientras que el 38 por ciento lo hace alrededor de los 16. En secundaria el panorama es aún más crítico, sólo el 38 por ciento tiene la secundaria completa recién los 16 años. Se estima que alrededor del 20 por ciento de la población indígena queda totalmente excluida de cualquier circuito educativo”.
En el rubro de alimentación se indica que el 40.5 por ciento de la población indígena tiene carencias de alimentación, lo que se refleja en la persistente desnutrición, agravada por su condición de marginalidad y exclusión. Esto afecta a los niños indígenas, que duplican el promedio nacional en esta situación. La mala nutrición se manifiesta también en la presencia de anemia, que desde 2006 afectaba a 27 por ciento de la población. El problema se agrava porque sólo el 16.5 por ciento tiene acceso a la seguridad social, la vivienda y los servicios ligados a ésta. Con datos de 2010, el Informe confirma que el “51 por ciento de la población indígena tiene carencias en los servicios básicos de la vivienda y 42 por ciento la tiene por la calidad y los espacios de las mismas”.
En la dimensión de bienestar económico se descubre que la desigualdad en ingresos entre indígenas y no indígenas “varía hasta 36 por ciento; con una tasa de ocupación indígena de sólo 48 por ciento, dentro de la cual 23 por ciento no percibe ingresos y 53.5 por ciento percibe ingresos menores a dos salarios mínimos”. También se indica que “entre 2008 y 2010, aumentó la pobreza de la población indígena, a pesar de que en ese mismo periodo se incrementó la cobertura de los servicios básicos (educación, acceso a la salud, acceso a calidad y servicios de la vivienda). A pesar de lo anterior, esta población sigue teniendo niveles de pobreza y de cobertura de servicios básicos muy diferentes a los de la población que no es indígena, lo cual enfatiza la necesidad de tener políticas públicas eficaces para este grupo de población”.
Los datos del Informe resultan graves por los resultados que expone, pero también porque desde agosto de 2001 se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, acompañada de la obligación de los tres niveles de gobierno de establecer instituciones que determinaran “las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán de ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”. Para “abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades deberían de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas, propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades y consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”.
En la misma disposición se establecía claramente que “para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas”. Para cumplir la primera obligación, a nivel federal, año con año la Cámara de Diputados establece dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida presupuestal específica para pueblos indígenas.
Parte de ese presupuesto se destina a programas que maneja la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mientras que otra parte se ubica en programas específicos de diversas dependencias, como la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras. Existe una partida más que no está etiquetada y que, por lo mismo, no se sabe su destino ni hay manera de ver los resultados de su aplicación. De los estados de la república y los municipios no se tiene ninguna información. Tampoco se sabe si existen mecanismos a través de los cuales los pueblos indígenas participen en el diseño y ejercicio de los planes de desarrollo que los impacten ni mecanismos de vigilancia. De ahí que constituya otro pendiente.
Sin embargo el Informe del Coneval establece que los programas sociales dirigidos a la atención y resolución de las problemáticas y necesidades de la población indígena suman 14 y dentro de éstos los más destacados por el monto absoluto de recursos ejercidos son en su orden el de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, el de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena y el de Albergues Escolares Indígenas. Se destaca también el crecimiento relativo del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. Dentro de este conjunto de programas, el gasto ejercido decreció 5.4 por ciento, entre 2008 y 2010.
Ante este panorama hay cuestiones que no pueden eludirse, una de éstas es la de buscar las causas de esta situación; otra, la forma de enfrentarla de manera eficaz. Lo primero que se tiene que asumir es que se trata de problemas ancestrales, derivados de la forma particular en que el Estado y la sociedad se relacionan con los pueblos indígenas. Ésa es una verdad conocida desde hace décadas. Desde la de 1960, al analizar la realidad política del Estado mexicano, el sociólogo y crítico Pablo González Casanova concluyó que “el problema del indígena es esencialmente un problema de colonialismo interno, donde las comunidades indígenas son las colonias internas dentro de los límites nacionales”. Después Guillermo Bonfíl Batalla explicaba que la categoría de indio “no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema social global del que los indios forman parte. La categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial”. El exrelator de Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, coindice con ambos pensadores: la expansión de la economía capitalista, junto con la ideología del liberalismo económico transformó la calidad de las relaciones no indígenas, dando origen a una segunda forma de colonialismo que él denominó colonialismo interno.
De acuerdo con estas explicaciones, si los pueblos indígenas viven en la pobreza no se debe a que sean indígenas, sino por la condición colonial en que se encuentran. La solución entonces, no se encuentra en apoyos sociales o gubernamentales que atiendan los efectos de esa relación sino en transformarla de raíz. Dicho en palabras de las demandas de los pueblos indígenas mismos: su futuro está en reconocer su derecho a la autonomía y como parte de ésta su derecho al desarrollo. No se trata de propuestas nuevas porque su demanda ya tiene años, sólo que ha sido ignorada. La autonomía, por ejemplo, es una formulación para el ejercicio de la libre determinación de los pueblos sin que éstos pongan en peligro la unidad de los estados nacionales, pero con pleno reconocimiento como sujetos colectivos y derechos específicos, entre éstos el de diseñar su propio desarrollo. Se trata de un derecho reconocido por el Estado mexicano en el ámbito internacional, pero no en el interno, lo cual representa una anomalía que urge corregir si queremos modificar la situación en la que viven.
Con respecto del desarrollo, lo primero que se tiene que reconocer es que cada pueblo tiene su propia visión, de acuerdo con su cosmovisión, historia y las condiciones específicas en que desarrolla su vida en la actualidad; de ahí que sea un error elaborar planes y programas enfocados a atender sus necesidades sin tomarlos en cuenta (como hasta ahora se hace). Lo que hay que hacer es tomar en serio la existencia de los pueblos y darles la oportunidad de que ellos planteen las soluciones a sus problemas. A eso se refería Bonfíl Batalla cuando planteaba el etnodesarrollo, entendiendo por tal “el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia y sus recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones”.
En conclusión, la situación de pobreza y pobreza extrema en que viven los pueblos indígenas en la actualidad no podrá solucionarse mientras no se supere la condición de colonialismo interno en que se encuentran. Para lograrlo es necesario que el Estado y el resto de la sociedad mexicana no indígena reconozcan esta situación y la modifiquen. La forma en que esto puede lograrse es aceptar de manera seria que los pueblos indígenas son verdaderos pueblos, con todo lo que esto implica jurídicamente. Como tales tienen derecho a la autonomía y como parte de ésta que a sus territorios y los recursos naturales existentes en ellos se reconozcan y respeten, lo mismo que a sus propios gobiernos y a diseñar el tipo de desarrollo que mejor les convenga. Pensar que con ayudas alimenticias o que satisfagan sus necesidades inmediatas se va a resolver el problema es no tener conciencia de las dimensiones del problema.
*Abogado, especialista en derecho indígena y asesor agrario
