Paramilitares desafían a la comunidad internacional de defensores de derechos humanos y emboscan a activistas y periodistas en la sierra triqui de Oaxaca. El grupo, armado con fusiles de uso exclusivo del Ejército, asesina a la dirigente del centro Cactus, Beatriz Alberta Cariño, y al observador Jiry Jakkola, de Finlandia, país que actualmente ostenta la coordinación en materia de derechos humanos de la Unión Europea; también balea a decenas de personas. En estos hechos, desaparecen –y tras largas gestiones son rescatados– los reporteros de Contralínea Érika Ramírez y David Cilia

Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotos / enviados

Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Al interior de la camioneta blanca tipo Van, marca Ford, ropas revueltas, envoltorios y restos de golosinas en los asientos, polvo de vidrios, sangre desparramada sobre los respaldos: parece conservar la desesperación de sus ocupantes por abandonar el vehículo. Al exterior, más de 20 impactos de bala de fusiles de asalto y la manta, que anunciaba la caravana humanitaria internacional por la paz, hecha jirones.

La camioneta se encuentra varada junto con una vieja grúa en la carretera que atraviesa esta cabecera municipal y llega hasta San Juan Copala, el principal centro político y ceremonial de la centenaria cultura triqui, al que sólo se puede acceder con el permiso de los grupos paramilitares, a decir del comandante regional de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) Lázaro Hernández, y del agente estatal de investigaciones del municipio, Miguel López.

En el vehículo perdieron la vida, el pasado 27 de abril, Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jiry Jakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés. Los activistas se encontraban al frente de un grupo de 27 personas entre defensores de derechos humanos, profesores, simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, adherentes a La Otra Campaña y periodistas, dos de ellos, Érika Ramírez y David Cilia, de este semanario.

Los automóviles fueron interceptados en el paraje conocido como La Sabana, a sólo un kilómetro de su destino y aproximadamente a 100 de esta ciudad de Juxtlahuaca. Uno de los vehículos pudo darse a la fuga y los otros tres fueron rafagueados con fusiles de asalto AK-47 y AR-15. El saldo preeliminar fue de dos personas muertas; 21, heridas (con lesiones de leves a graves); cuatro desaparecidas (los activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, Vocal, David Venegas y Noé Bautista, y los reporteros de Contralínea Érika Ramírez y David Cilia).

La caravana tenía como objetivo llegar al municipio autónomo de San Juan Copala, comunidad triqui que mayoritariamente simpatiza con el Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente (MULTI), impulsor de la autonomía y la autogestión indígena en la región y antagonista del también considerado izquierdista Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT) y del grupo priista Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), el cual cuenta con un grupo paramilitar al que se le atribuye la autoría de la emboscada. Entre los principales dirigentes de esta organización se encuentran Antonio Pájaro, Rufino Juárez, Evencio Martínez.

Cuatro automotores integraron la caravana: la camioneta blanca, con 16 personas a bordo; un sedan azul Dodge, Attitude, con placas de Quintana Roo, en el que viajaban los dos reporteros de Contralínea; una camioneta negra tipo Explorer, Ford, y una camioneta blanca que transportaba profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El convoy se encontró con la patrulla 1224 de la AEI aproximadamente 10 kilómetros antes de que fuera agredida. En el paraje de La Sabana, cuando pasaban de las 14:30 horas, la vanguardia se detuvo al observar una valla de piedras. La primera bala se incrustó en la parte delantera de la camioneta blanca tipo Van. Le siguieron cerradas descargas sobre los dos automotores siguientes. El último pudo dar la vuelta y regresar apresuradamente.

Los aproximadamente 20 encapuchados, apostados en un montículo al lado izquierdo de la caravana, dispararon a bocajarro sobre los automotores.

—Cuando comenzó la lluvia de balas, yo me hice bolita en el sillón. Balazos, balazos, balazos… no terminan –recuerda con lágrimas y desde el Hospital Rural 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mónica Citlali Ortiz, de 22 años, de la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL).

“Voltee a ver a mi compañera Beti (Alberta Cariño), pero fue en el momento en que le entró una bala en su cabeza. Y yo comencé a sentir algo caliente en mi espalda; me toco y veo sangre… Sigo escuchando balazos y cuando veo a mi compañero Jiry, en ese momento le toca un balazo en la cabeza y le saca los sesos.”

Mónica Citlali lograría huir al monte y luego encontrar la carretera. “Corrimos, rodamos, caminamos”, explica. En una casa le dieron agua y le pidieron que saliera por temor a represalias del grupo paramilitar. Llegó mediante un aventón al hospital. Con los ojos llorosos y los nervios faciales crispados, no puede creer que salga por su propio pie del hospital llevando entre sus manos su blusa blanca ensangrentada con el orificio de la bala a la altura del pecho. Se trató de un pedazo de bala que rebotó contra su espalda.

—Confusión, gritos, seguían los disparos. Percibo que hay gente herida, pero ya en muy mala condición –relata Daniel Arellano Chávez, integrante de VOCAL–. Decidimos bajarnos de la camioneta y salir corriendo; pero ellos se desplegaron muy bien e hicieron una línea de disparos; quedamos escondidos, pero atrapados; y luego ya empezó una persecución a pie sobre varios de nosotros.

Botas con casquillo metálico, pantalón de mezclilla, camisas sin distintivos y pasamontañas, los integrantes del grupo paramilitar utilizaron pocas palabras para coordinarse. Cuando hablaron, lo hicieron en español; pero, principalmente, se comunicaron mediante silbidos, sonidos de animales y ademanes.

—Yo estuve escondido como cinco horas en el monte junto con el reportero del periódico Noticias, Roger y Gabriela Jiménez –explica Rubén Valencia, integrante de VOCAL–. Decidimos salir, pero nos agarraron como a la media hora. Nos hincaron. Pero como el compañero del periódico Noticias dijo que era de la prensa, los tres pasamos como gente de la prensa.

Los operativos de “rescate”

Los agentes de la AEI, encabezada en la región por el comandante Lázaro Hernández, ingresaron a la zona hasta que contaron con el permiso de “los contactos” o “enlaces” de esa institución con el grupo paramilitar.

“Nadie puede ir ahí, ni el Ejército. Nosotros negociamos llegar hasta cierto punto y, aun así, ellos (los paramilitares) hacen disparos al aire. Si nos pasamos del punto al que acordamos llegar, sí nos disparan a dar”, explica.

Por su parte, el agente estatal de investigación del municipio de Juxtlahuaca, Miguel López, pregunta a los activistas y periodistas que integraron la caravana si “a poco no saben nada de esta zona; ¿no sabían que no pueden subir allá nada más porque sí?”

La primera incursión de la policía tuvo lugar el 28 de abril, al día siguiente de la emboscada. Alrededor de las 8:30 horas, 45 efectivos de la AEI junto con un cuerpo de peritos y otro de médicos salieron de Juxtlahuaca con rumbo al lugar donde se ejecutó la emboscada. No acudió el Ministerio Público. Alrededor de las 13:00 horas bajaron los cuerpos de Alberta Cariño y Jiry Jakkola. Dijeron no haber encontrado ni heridos ni más cuerpos. Luego de una segunda “incursión” y a más de 24 horas de las agresiones, los agentes bajaron los automóviles agredidos. Contrataron grúas particulares para trasladar los vehículos a corralones de esta ciudad.

El comandante Lázaro Hernández informó que no había encontrado “nada más” en la zona. Pero reconoció que el grupo de efectivos que lo acompaña debe hacer su trabajo “muy rápido” para no permanecer mucho tiempo en esos cerros agrestes.

Para Omar Esparza, de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, del Movimiento Indígena Agrario Zapatista, una de las organizaciones convocantes de la caravana, la agresión es a causa de que “los grupos caciquiles que controlan la vida de las personas en estos pueblos no han querido aceptar que las comunidades pueden ejercer su derecho a organizarse de manera autónoma”.

Alrededor de 22 impactos de bala se pudieron apreciar en el lado izquierdo de la carrocería del vehículo en el que viajaban los reporteros de esta revista: un Attitude azul, marca Dodge, con placas 4761TMD, del estado de Quintana Roo. Los cristales fueron reventados por las balas, las cuales se incrustaron en los sillones. En los asientos del piloto y traseros no se encontraron rastros de sangre. Sólo en el del copiloto se apreciaron pequeños manchones rojizos.

Zapatos, lentes, bolsa de maquillaje, suéteres quedaron como mudos testigos de la agresión y secuestro de los periodistas de este medio de comunicación.

 

El rescate

La mañana del 29 de abril, David Venegas y Noé Bautista rompieron el cerco paramilitar y llegaron a la ciudad de Juxtlahuaca. Confirmaron que David Cilia y Érika Ramírez, con quienes estuvieron escondidos en la serranía, estaban vivos y fuera de peligro de muerte.

“Si ellos llegan a morir, será de hambre o sed, porque las autoridades del gobierno de Oaxaca no han desalojado a los paramilitares”. Como prueba de vida presentaron un video en el que los periodistas de Contralínea informaban que estaban conscientes y solicitaban ser rescatados.

Tras largas gestiones con el gobierno del estado de Oaxaca, a las 16:40 inició el operativo para su rescate. Pasada la media noche, los periodistas fueron ingresados con vida al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Juxtlahuaca.

Érika Ramírez se encuentra sin ningún tipo de lesión, pero deshidratada y débil. David Cilia se encuentra con una herida de bala en la pierna izquierda y un rozón de bala a la altura de la cintura. (Redacción)

Gobierno federal, indolente ante las desapariciones

Integrantes de diversas organizaciones sociales se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación para exigir justicia e información sobre lo ocurrido el miércoles 27 de abril en las inmediaciones de la comunidad autónoma de San Juan Copala, cuando fue emboscada la caravana de paz con destino a ese poblado.

Tras dos horas de espera –durante las cuales policías federales replegaban a los manifestantes–, alrededor de las cinco de la tarde una comisión fue recibida por Jorge González González, subdirector de Concertación Política de la Secretaría de Gobernación. “No sabemos nada. Manden un correo al presidente”, la respuesta del funcionario.

Habitantes de la comunidad autónoma, familiares de las personas entonces desaparecidas a raíz de la emboscada, profesores de la Sección 22 del magisterio oaxaqueño y representantes del Comité 68, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de la Ciudad de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), participaron en la protesta.

Reyna García, mamá de David Cilia, periodista desparecido; Carlos Rodríguez, profesor de la UAM Xochimilco; Adolfo Palma, integrante del Comité 68; y Marco Albino, de las comunidades triquis, entregaron a esta Secretaría un documento dirigido a Fernando Gómez Mont, su titular, en el que le exigen información sobre las personas agredidas y desaparecidas “para precisar las responsabilidades judiciales de los culpables”. (Flor Goche)

 

ONU denunció la desaparición de reporteros

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, denunció la, hasta entonces, desaparición de los periodistas Érika Ramírez y David Cilia, tras la emboscada contra una misión humanitaria en Juxtlahuaca, Oaxaca.

En conferencia de prensa, el jueves 29 de abril de 2010, dijo que, con la privación ilegal de la libertad de los reporteros del semanario Contralínea, ya suman 12 los periodistas desaparecidos en México desde 2000.

Un día antes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México había condenado “los hechos de violencia en San Juan Copala, Oaxaca”, ocurridos el 27 de abril en contra de la caravana de paz que se dirigía a la comunidad autónoma triqui, y en los que murieron la defensora de derechos humanos Beatriz Cariño y el observador finlandés Jiry Jakkola.

Urgió “la pronta ubicación de las personas de las cuales se desconoce su paradero”, entre ellas Érika Ramírez y David Cilia, destacó. La OACNUDH llamó a las autoridades responsables para que “conduzcan una investigación imparcial, expedita y efectiva de los hechos que tenga como objetivo el procesamiento y, en su caso, la sanción de las personas responsables”.

También las exhortó a “adoptar las medidas necesarias para disminuir la tensión y la violencia en la zona triqui, mediante el desarme de los grupos civiles y el establecimiento de mesas de mediación y diálogo entre las partes involucradas plenamente respetuosas de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos su derecho a la libre determinación en los términos que señala la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. (Redacción, con información de Notimex)