Ni el Ejército ni la Marina actuaron ante el ataque paramilitar que se perpetró en Juxtlahuaca contra la caravana internacional de paz, aun cuando en México se libra una “guerra” contra el crimen organizado, señala el defensor de derechos humanos Ramírez Baena. La omisión –indica– se dio a pesar de que la Ubisort empata en la definición de “grupo ilegal”: los atacantes fueron más de tres, vestían uniforme camuflado y capuchas, y portaban armas de alto poder exclusivas de las Fuerzas Armadas. “La violencia en Oaxaca, para que Ulises Ruiz preserve al PRI en el poder”

Raúl Ramírez Baena*

Por un lado, los mexicanos hemos sido testigos del discurso, las reformas legales y los operativos policiaco-militares en la “guerra” de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.

Por otro, gracias a la oportunidad y solidaridad de los medios, fuimos testigos del brutal ataque que el pasado 27 de abril perpetraron impunemente integrantes de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, leales al gobernador de Oaxaca y a su partido, contra una misión civil internacional que llevaba víveres, ropa y cobijas a la comunidad indígena de San Juan Copala, declarada autónoma en 2007 por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente, asediada y aislada por los paramilitares de la Ubisort por ser opositora al régimen de Ulises Ruiz. Esta tragedia tiene la siguiente secuela:

1. En 2001, en el marco de la caravana zapatista que partió de la Selva Lacandona en Chiapas, el Estado mexicano se negó a concretar las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, acordes a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, derivados de la negociación entre los rebeldes y el gobierno federal mexicano, con la asistencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) de la Cámara de Diputados y de la Comisión Nacional de Intermediación, encabezada por el obispo Samuel Ruiz.

Teniendo como marco la negativa de los legisladores panistas de asistir a la sesión de trabajo del 26 de marzo de 2001 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena para concretar la llamada Ley Cocopa, finalmente, ante las maniobras del presidente Vicente Fox y del entonces senador Diego Fernández de Cevallos, entre otros, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) aprobaron una reforma al artículo 2 constitucional no acorde al espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Entre otros puntos fundamentales, negaron el reconocimiento a la autonomía de las comunidades indígenas, basada en sus usos y costumbres, tal y como se establece en la Convención 169 de la OIT, tratado ratificado por el Senado mexicano el 5 de septiembre de 1990.

2. Pese al incumplimiento del Estado mexicano del reconocimiento a la autonomía indígena, varias comunidades autóctonas del país, haciendo uso de sus derechos amparados por la Convención 169 de la OIT, se han dado la autonomía de facto de sus territorios, como fue el caso de la comunidad indígena de San Juan Copala.

3. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en lugar de propiciar un clima de diálogo, ha promovido la violencia a través de una serie de maniobras políticas y de fuerza por conducto de su partido, el PRI, de organizaciones civiles y de grupos paramilitares afines que actúan en la impunidad para impedir el desarrollo y goce de los derechos indígenas, civiles, políticos y sociales de comunidades independientes o afiliadas a partidos y organizaciones sindicales, campesinas y sociales opositoras a su régimen. Con ello, el gobernador persigue la preservación del PRI en el poder, aún a costa de violentar las leyes y los derechos de la población.

4. Ulises Ruiz merecía juicio político por el Congreso de Oaxaca y su separación del cargo tras los graves acontecimientos de 2006 en la capital del estado, a raíz de las protestas y plantón de maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que derivó en una violenta confrontación entre autoridades y manifestantes. El conflicto arrojó la muerte de 17 activistas (incluyendo la del documentalista estadunidense independiente William Bradley Roland, Brad Will) y decenas de heridos y detenidos. Sin embargo, lejos de ser juzgado como principal responsable de la violencia, los acuerdos e intereses desde el poder impidieron cualquier acción legal en su contra. El 13 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia encontró a Ulises Ruiz responsable de la violación a las garantías individuales durante el conflicto que se vivió en la capital de Oaxaca de mayo de 2006 a enero de 2007. Nuevamente, los intereses PRI-PAN-Presidencia impidieron cualquier acción legal contra el gobernador.

5. Las secuelas de la impunidad traen nuevamente la violencia a Oaxaca. En esta ocasión, el 27 de abril pasado, 27 activistas y periodistas nacionales y extranjeros (de Finlandia, Bélgica e Italia), integrantes de la “Caravana de Observación por la Paz”, fueron emboscados con armas de alto poder por encapuchados de la Ubisort afín al PRI, cerca de la comunidad triqui de San Juan Copala. La acción arrojó dos muertos: el ambientalista finlandés Jiry Jaakkola y Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y seis heridos. Durante más de dos días, dos periodistas del semanario Contralínea, Érika Ramírez y David Cilia (herido), estuvieron desaparecidos, escondiéndose de sus agresores. Otros dos activistas lograron escapar antes. De manera increíble, el gobierno de Oaxaca y la federación no intervinieron durante el conflicto y en la búsqueda de los desaparecidos tras el ataque, argumentando que los policías son recibidos a tiros por los paramilitares, deslindándose del ataque a la misión internacional, como si no hubiera ley ni gobierno para someter a los agresores y como si no hubiera libre tránsito en el país (“para qué fueron a esa zona de conflicto”, según el gobierno estatal). “Sabemos qué organismos vienen politizados, sabemos de financiamientos de organizaciones extranjeras donde actúan políticamente, indebidamente (…) Deben ser expulsados si no tienen los permisos y la justificación federal”, dijo el gobierno de Ulises Ruiz en un comunicado oficial, evadiendo su responsabilidad, erigiéndose como autoridad migratoria y pasando por alto los intercambios y compromisos de México con Finlandia y la Unión Europea, incluso, en materia de derechos humanos.

6. Una vez desatado el conflicto en San Juan Copala, el gobierno de Oaxaca nombró como interlocutor al secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Ramírez (exprocurador General de Justicia del Estado, exombudsman de Oaxaca y expresidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, de 2000 a 2001), que jamás tuvo comunicación con las víctimas ni con los directivos de Contralínea. Como una broma de mal gusto y fuerte tufo electoral, Ulises Ruiz responsabilizó a la coalición PAN-Partido de la Revolución Democrática-PT-Convergencia y a su candidato a la gubernatura, Gabino Cué, de ser los promotores del ataque armado.

7. En febrero de 2010, a promoción de la Representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) accedieron a organizar un seminario con invitados internacionales y representantes de las organizaciones no gubernamentales, periodistas y organismos públicos de protección, tendiente a crear en México un mecanismo nacional de protección a periodistas y defensores civiles, ante contingencias urgentes y amenazas graves a éstos. A reserva de que no se ha creado tal mecanismo, por principio de cuentas debieron funcionar canales oficiales de protección expedita en el caso de San Juan Copala. Sin embargo, los funcionarios de la Unidad Para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH estuvieron atenidos a “la voluntad política del gobierno” de Ulises Ruiz, arriesgando la integridad y la vida de los periodistas y activistas. El helicóptero del gobierno del estado en el que policías estatales, el padre de David Cilia y Miguel Badillo, director de Contralínea, viajaron para encontrar a los dos periodistas escondidos, originalmente era para vigilar a la caravana y al propio Badillo.

8. Si los atacantes de la Ubisort a la misión internacional fueron más de tres, con uniforme camuflado, capuchas y armas de alto poder exclusivas de las Fuerzas Armadas, provocando dos muertos, cinco heridos y cuatro desaparecidos, sólo en este ataque de muchos en que han cobrado otras víctimas, ¿no es entonces un grupo ilegal perteneciente a la “delincuencia organizada”, según la legislación penal federal? ¿No se merecía la acción inmediata del Ejército o la Marina (que nunca se aparecieron a pesar de ser un incidente internacional, lo cual es muy sugestivo), o sólo intervienen tratándose de narcos? Ni una sola mención del gobierno de Felipe Calderón al incidente. ¿El gobierno federal, una vez más, encubre a Ulises Ruiz? Sólo pregunto.

*Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC

Fuente: Contralínea 181 / 9 de mayo de 2010