El outsourcing –uno de los peores y más abusivos esquemas laborales– gana terreno en México, pero en forma ilegal. A pesar de que la llamada tercerización está legislada, en la mayoría de los casos persisten prácticas contrarias a su reglamentación, bajo el amparo o la omisión de las autoridades encargadas de supervisar estas áreas.

Incluso cuando cumple la ley, esta forma de contratación expolia los derechos laborales y genera incertidumbre: al ser temporal –1, 3, 6 meses–, elimina el derecho de antigüedad y con ello la posibilidad de una jubilación, así como la libre asociación sindical; promueve salarios y prestaciones menores a los que ofrecerían esquemas de contratación directa; el patrón real no tiene ninguna responsabilidad respecto del trabajador y puede prescindir de sus servicios en cualquier momento sin justificar el despido; en los peores casos –industria petrolera, por ejemplo–, no garantiza siquiera la seguridad física de los empleados, menos su capacitación.

El motivo principal por el cual las empresas formales recurren a este esquema es para generar “ahorros” y evitar conflictos laborales: al no haber sindicalizados no hay problemática interna.

Actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene registro de unos 4.9 millones de trabajadores subcontratados. Miles de trabajadores que a diario pierden sus derechos: el outsourcing limita los derechos humanos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda digna. Además, se puede prestar a la comisión de delitos, que van desde la evasión del impuesto sobre la renta, la elusión de cuotas al IMSS, hasta el lavado de dinero y la cooperación con el crimen organizado.

La situación en este ámbito está tan mal que una de sus principales promotoras, la trasnacional Manpower, ha alertado la desmedida ilegalidad que impera en este “modelo de negocio”. Según la compañía –que se describe a sí misma como líder global de servicios y soluciones innovadoras de capital humano por casi 70 años–, sólo 20, de 900 empresas dedicadas al outsourcing, cumplen con los estándares legales y fiscales.

Para Manpower, prevalece la irregularidad en tercerización de empleados. Al citar los resultados del informe Staffing industry 2016 –que evalúa la condición del outsourcing a nivel mundial–, señala que de esas 900 empresas que en promedio ofrecen este tipo de “servicios”, sólo 100 están registradas ante el IMSS y, de éstas, sólo 40 pagan los impuestos correspondientes.

Pero la cosa va peor: de esas 40 compañías que se supone pagan impuestos, sólo la mitad cumple con los estándares establecidos por la Asociación Mexicana de Capital Humano, que incluyen auditorías legales y fiscales.

De acuerdo con el doctor en derecho Alejandro Martínez Rocha (“Vinculación entre las outsourcing, el lavado de dinero y la delincuencia organizada”, en Delitos de cuello blanco, José Rodrigo Roque Díaz, coordinador; Inacipe), a través de las outsourcing, las empresas pueden cometer defraudación fiscal.

“Las empresas que realizan estas subcontrataciones con engaños se benefician de las exenciones que otorga el ISR [impuesto sobre la renta] a nivel de contribuciones federales, e incluso dejan de retener y de enterar al fisco sobre las cantidades correspondientes”. Martínez Rocha agrega que en este delito hay “una coautoría entre la empresa y la outsourcing, mediante una asesoría de consultoría fiscal agresiva.”

En su ensayo, el doctor en derecho explica que es ese dinero que la compañía “ahorra” gracias a la intervención de las empresas que prestan la asesoría outsourcing el que “de forma natural” se busca filtrar al sistema financiero. Con ello “se intenta ocultar su procedencia ilícita, lo cual constituye un delito de corte fiscal”.

En ese sentido, los datos sobre el esquema de subcontratación en México de Manpower son alarmantes: entre enero y octubre de 2016, los trabajadores eventuales han crecido 7.4 por ciento comparado con el mismo periodo del año anterior.

Datos del IMSS indican que las industrias que más empleos de este tipo han generado son la de servicios sociales y comunales, con 30.6 por ciento; la de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, con 21.2 por ciento; y las industrias extractivas, con 10.3 por ciento.

El mercado de outsourcing no es menor. Según Manpower, equivale a 4 mil 400 millones de dólares (unos 70 mil  millones de pesos) anuales. Tan sólo las 20 empresas de tercerización que supuestamente cumplen con la ley y los estándares generaron ingresos por 1 mil 400 millones de dólares (algo así como 21 mil 900 millones de pesos) en 2015.

Para dimensionar el mercado, Manpower compara esa cifra total con el reporte Staffing industry 2015, y observa que el crecimiento de la industria del outsourcing es de 12.9 por ciento. Sin embargo, indica, debido al incremento del dólar frente al peso mexicano este año se habla de un mercado de tercerización que decreció 1 por ciento en términos de dólares.

Y, como en todos los sectores, en este también hay acaparamiento. El diagnóstico de Staffing Industry Analysts revela que las cuatro principales empresas representan el 74 por ciento del mercado en el país. De éstas, la propia Manpower es la que ocupa el primer lugar, con 38 por ciento del mercado. “Gran parte del negocio formal está concentrado en este pequeño grupo”, se jacta la trasnacional.

Según su información corporativa, en la región México, Caribe y Centroamérica cuenta con más de 170 mil empleados temporales y permanentes, más de 1 millón de candidatos registrados, y atiende a más de 2 mil clientes mensuales.

Con el outsourcing sólo se benefician las empresas y trasnacionales: los  trabajadores no sólo se siguen enfrentando a devastadoras jornadas, sino que lo hacen por un ingreso mucho menor. Esto deriva en masas infinitas de pobres, sin derechos ni libertades. Pero al gobierno y a los legisladores esto no les importa, pues responden a los intereses de las grandes compañías y no al del pueblo.

Nancy Flores

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 519 / del 19 al 25 de Diciembre 2016