En plena discusión por la nueva legislación en materia de archivos, la cerrazón y destrucción de los fondos sobre la Guerra Sucia resguardados en el Archivo General de la Nación pero controlados por el Cisen, intenta ocultarse a punta de propaganda
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) cumplirá tres lustros de mantenerse a cargo de la Galería 1 del Archivo General de la Nación (AGN), en la cual se encuentran los vestigios documentales de los órganos de espionaje y represión política de los gobiernos priístas desde Miguel Alemán a Carlos Salinas de Gortari.
15 años de mutilación, saqueo, destrucción quirúrgica de evidencias sobre la brutalidad del Estado mexicano; 15 años de la simulación de la entrega del acervo del Departamento de Investigación Política y Social (DIPS), la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), que continúa custodiado por agentes adscritos al heredero de ellos: el Cisen.
A pesar de los reclamos de investigadores, periodistas y familiares de los asesinados y desaparecidos por las manos gubernamentales, la promesa de resguardo y acceso público a los fondos dista de cumplirse, al contrario: dado el tiempo transcurrido en control de los mismos señalados de perpetrar crímenes considerados de lesa humanidad, el resultado temido por especialistas es la pérdida sistemática de los archivos necesarios para lograr una memoria histórica y una oportunidad de reparación para las víctimas de la llamada guerra sucia.
“A la gente del Archivo [General de la Nación] no se le permitía entrar, literalmente, a los fondos de la Galería 1”, admitió en entrevista Aurora Gómez Galvarriato, directora del AGN de mayo de 2009 a agosto de 2013 (“El Cisen se infiltra en el Archivo General de la Nación”, Contralínea 457) Los registros de las tareas de espionaje, intervención y represión gubernamentales, correspondientes al periodo comprendido entre 1946 y 1985, fueron trasladados al AGN durante los primeros años del gobierno de Vicente Fox.
Eventos públicos, discursos, propaganda aún con reminiscencias de la campaña “del cambio”, de la justicia en cuanto a delitos del pasado. El primer presidente panista aún se esforzaba por aparentar ser distinto a sus sucesores tricolores.
La promesa era que la apertura de la memoria histórica ayudaría en las labores de castigo y reparación en casos relacionados con delitos cometidos por el propio Estado durante la guerra sucia.
Evidencias del seguimiento, intervención, persecución, de la preparación y ejecución de asesinatos y golpes contra organizaciones sociales; datos sobre la caza de estudiantes, campesinos, trabajadores, sindicalistas, médicos, escritores, pintores, actores, periodistas… considerados enemigos de los poderes públicos y fácticos durante la segunda mitad del Siglo XX, serían trasladados al AGN para que pudieran ser escrutados por la población, se dijo.
Más de 4 mil cajas fueron trasladadas de un ente ligado a la Secretaría de Gobernación a otro, el acervo se mudó del Cisen al Palacio de Lecumberri, más el control de los documentos continuó bajo ese órgano de inteligencia.
Vicente Capello y Rocha, agente de la DFS durante décadas, se encargó de los archivos hasta 2011, año de su muerte, apoyado por elementos de la misma corporación. “Llegaban las solicitudes [de acceso a la información]. Se le pasaban y él [Capello] armaba el expediente”, contó Gómez Galvarriato, una de las directoras del AGN.
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]15 años de mutilación, saqueo, destrucción quirúrgica de evidencias sobre la brutalidad del Estado mexicano”.[/blockquote]
Durante los 15 años, la permanencia de la agencia ha sido de facto, sin ningún sustento legal ni siquiera por escrito o acordado formalmente.
Cuando se dio el “traspaso” entre el Cisen y el AGN, Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación, se encargó de asegurar la permanencia de los agentes de inteligencia en el archivo, formalmente administrado por civiles expertos en materia de archivos, ajenos a las tareas de inteligencia.
El acuerdo presidencial correspondiente a la supuesta revisión de los delitos por motivos políticos y sociales, en su séptimo artículo, fue claro sobre quién tendría que custodiar los expedientes:
“El Archivo General de la Nación deberá recibir, custodiar, organizar y conservar los archivos, documentos y expedientes que conformen los acervos.”
Y hasta agregó que “la información transferida que hubiere sido generada hasta el año de 1985 inclusive, podrá ser consultada por cualquier interesado”.
Pero desde el principio, y 15 años después, los archivos continuaron bajo resguardo directo del Cisen; sin vigilancia, sin control, los agentes revisaron, ordenaron, manipularon los documentos. Después de cinco lustros, los pocos documentos revisados (en proporción con lo existente) han presentado recortes, tachaduras, secciones faltantes o series de reportes incompletas.
El manejo durante década y media de las pruebas de la brutalidad del Estado ha sido a discreción de los mismos integrantes del órgano heredero de los señalados de haberlos cometido, y actualmente bajo el gobierno del propio partido al que pertenecieron.
“¿Qué quedará ahora?”, se pregunta el investigador Tomoo Terada, quien lleva 10 años peleando contra el enquistamiento del Cisen en el AGN. Y él mismo responde:
“Lo que vamos a encontrar con plena seguridad, es destrucción después de años en los que todos esos papeles han estado en control de esta gente sin supervisión externa, sin que le informen a nadie, sin que haya estado controlado por la propia gente del archivo. Indica que lo que hicieron fue destruir todo lo que pudiera ser realmente nocivo para ellos, algo que demostrara… por suponer, algún documento que presentara una orden escrita de puño y letra de Luis Echeverría: `maten a la gente´ o algo por el estilo.”
De Stella María González Cícero a Mercedes de Vega Armijo, todas las administraciones del AGN se plegaron ante la presencia del Cisen.
Contralínea solicitó conversar tanto con la actual directora, Mercedes de Vega, como con Alina Argüelles González, jefa del Departamento de Control de Acervos Históricos y Registro Central, quien ha exigido a los investigadores entregar un comprobante de domicilio para solicitar información del área controlada por el órgano de inteligencia. Pero no hubo respuesta.
Propaganda y realidad
“Elena Poniatowska consultó su expediente, del fondo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), en resguardo del AGN”, publicó el gobierno federal el 4 de noviembre de 2016, en plena discusión por la nueva legislación en materia de archivos. Fotografías de la escritora, feliz, primero, al entrar al remozado Lecumberri, y después seria, leyendo un par legajos.
La imagen de la transparencia y apertura a su pasado del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto fue encarnada por Poniatowska.
“Está asombrada. Nunca hasta ahora había leído los informes que la policía secreta del régimen priísta escribió sobre ella entre los años sesenta y ochenta”, había escrito unos días antes Jan Martínez Ahrens. “Los documentos, guardados en el Archivo General de la Nación, le han sido entregados por El País”, remató (“Poniatowska se enfrenta a los informes secretos del régimen priísta sobre ella”, 21 de octubre de 2016).
En su casa, repasó los documentos; después acudió al AGN a la sesión de fotos difundida por la administración federal.
“De la imagen de la propia Poniatowska mostrando los papeles acerca de ella se muestran tachaduras en el papel que sostiene”, apunta Tomoo Terada. “Es decir que, con papeles en mano y todo, Elena Poniatowska no puede conocer ciertos datos de los documentos acerca de ella misma porque otros decidieron por ella. Es más, esos otros decidieron que esos son todos los papeles que se encontraron sobre ella y que sobre ella podían ser entregados”, agrega (“Polémica con la Defensora del Lector de El País, Lola Galán”.
Tras un breve periodo de semiapertura de los fondos, en el que los agentes del Cisen nunca salieron del AGN, la Galería 1 fue resellada en 2015 para evitar cualquier acceso directo. Las quejas y expedientes abiertos contra el endurecimiento de las formas en el Archivo General han sido rechazadas por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El Inai ha respaldado la cerrazón de lo que quede de los archivos de las antiguas agencias de represión; ha ignorado, convalidado de hecho, el control del Cisen sobre documentos de interés público.
La propaganda gubernamental apoyada por diversos medios de comunicación se contrapone contra los reclamos de investigadores y asociaciones en defensa del derecho a la información y los derechos humanos.
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Contralínea 522 / del 15 al 21 de Enero 2017
