2a quincena abril 2008

Libertad de prensa: investigar y difundir

 

“La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente”, asentaron los revolucionarios franceses en 1789. La determinación fue plasmada como el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Desde entonces, la libertad de prensa (libertad para investigar y difundir lo investigado) se convirtió en la garantía de los sistemas democráticos.
Por el contrario, la ausencia de la libertad de prensa es la característica más evidente de los regímenes autocráticos, oligárquicos o dictatoriales.
“La libertad de expresión es consustancial a la democracia”, sentencia el investigador del Instituto de Investigaciones de la UNAM, Raúl Trejo Delarbre. Agrega que el periodismo es una de los contrapesos que forzosamente existen en todos los regímenes democráticos.
Sin embargo, el diagnóstico de ese derecho en México –realizado por legisladores, juristas, investigadores y defensores de derechos humanos– no resulta halagador: durante los primeros 16 meses de la administración de Felipe Calderón, al menos siete periodistas han sido asesinados y tres sufren desapariciones forzadas.
Pero la eliminación física de los reporteros no es el único recurso del que los poderes –fácticos y formales– han echado mano para evitar la difusión de información contraria a sus intereses personales o de grupo. Existen otros mecanismos más “sutiles”, explica el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza: el “castigo” publicitario, las demandas “por daño moral”, las amenazas, las intimidaciones y el daño en propiedad ajena.
Todos estos tipos de violencia están vigentes en el México del siglo XXI. Y provienen tanto de poderes formalmente constituidos (ejecutivo, legislativo y judicial de los tres niveles de gobierno) como de poderes fácticos (asociaciones empresariales, grupos religiosos y organizaciones delincuenciales entre otros).
Cuando se ejerce cualquier tipo de coacción contra periodistas y medios de comunicación se violenta el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, advierte el investigador Ernesto Villanueva. Y la censura se convierte en una agresión contra toda la sociedad y no sólo contra el reportero o el medio censurado, pues “el periodismo es un contrapeso del ejercicio del poder político, económico y fáctico, y es el periodista quien ejerce de manera profesional la libertad de expresión”.

 


Álvarez Icaza


Además, la delincuencia organizada puede perpetrar agresiones contra periodistas porque “nunca hay responsables ni culpables; el Estado manda un mensaje de impunidad, por omisión”, considera el ombudsman capitalino Álvarez Icaza.
En efecto, las autoridades corruptas y la delincuencia organizada son las dos principales fuentes de inseguridad para los periodistas. Cuatro de cada 10 agresiones contra reporteros y medios de comunicación provienen del poder público, mientras al crimen organizado se le pueden atribuir tres de cada 10, señala el Centro de Periodismo y Ética Pública.
En su edición número 100 (que coincide con su sexto aniversario), Contralínea presenta un diagnóstico de la situación de la libertad de prensa en México, un derecho que resulta incómodo para los poderes fácticos y formales.

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 15 de Abril de 2008 | Año 6 | No. 100

 

 

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