Bajo la falsa bandera de la independencia, desde que Norma Lucía Piña Hernández asumió la presidencia del Poder Judicial de la Federación, regresó el nepotismo, se dejó de combatir la corrupción y se apostó por intervenir en el proceso electoral pasado, criticó el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ministro en retiro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Al participar en el primer encuentro del parlamento abierto sobre la reforma judicial, el jurista recordó que en su administración se promovieron cambios para hacer válida una verdadera justicia para el pueblo, castigar la corrupción y desarticular las redes de nepotismo, entre otras acciones; pero “lamentablemente, partir de en enero de 2023, se tomó otra decisión, y la decisión fue destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado”.
Frente a todos los integrantes de la cúpula judicial, incluida la ministra Piña Hernández –quien asumió la presidencia de ese Poder de la Unión en enero de 2023–, el doctor Zaldívar acusó que a partir de entonces: “se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad”.
Entre la destrucción de los avances, señaló que “la Escuela Judicial volvió a ser el club de amigos, y el Instituto [Federal] de la Defensoría Pública, el patito feo del Poder Judicial, pero sobretodo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición –en una suspensión, en una sentencia– lo que habían perdido en las urnas, y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada, con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros”.
El ministro en retiro acusó que todo esto se hizo “con la máscara de la supuesta independencia judicial: ‘somos independientes y podemos hacer lo que queramos, y no tenemos que darle explicaciones a nadie’. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto, y el pasado 2 de junio el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial, y que requerimos una justicia diferente”.
Recordó que en las pasadas elecciones, casi 36 millones de votos respaldaron el Plan C, que fue el llamado hecho por el presidente López Obrador para reformar –entre otros asuntos– al Poder Judicial. Con esa votación, expuso Arturo Zaldívar, la mayoría de los mexicanos “le dijeron a los ministros y a las ministras: ‘¡no más injusticia. Ya basta. Queremos un Poder Judicial sensible cercano a la gente, con humanismo, y fundamentalmente un Poder Judicial más democrático’”.
Por ello, consideró que el mandato popular es muy claro y no se puede traicionar a los más de 35 millones de mexicanos y mexicanas, casi 36 millones que votaron por el Plan C, que implica entre otras cosas, dijo, “que las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular”.
El jurista advirtió que “la justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece: al pueblo de México, para que, por fin, sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas”.
Al inicio de su reflexión, Zaldívar indicó que “cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial, se habla de independencia judicial y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos, y no garantías instrumentales para la justicia”.
Agregó que casi siempre se olvida que “la independencia judicial exige legitimación social: esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo. La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora. Si preguntamos a la gente –que lo hicimos en los Diálogos por la Transformación, [durante] seis meses intensos y más de 400 foros–, la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social”.
Por ello, dijo, “hace unos años, ante esta situación tan grave de la justicia, y en particular del Poder Judicial federal –con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso de la Unión–, se llevó a cabo una reforma judicial con y para el Poder Judicial, una autorreforma del Poder Judicial, que fue muy importante y que dio resultados mientras se tuvo la voluntad de que los diera. Se combatió como nunca la corrupción. Se desarticuló el nepotismo, se previno y se castigó el acoso sexual. Generamos una justicia digital completa. Tuvimos una escuela profesional, judicial profesional, con una nueva carrera judicial. Se generó un auténtico instituto de la defensa pública; y lo más importante se generó una política de igualdad y paridad de género”. Todo ello cambió, para mal, con la llegada de Norma Piña a la presidencia del Poder Judicial, el 2 de enero de 2023.
