Las políticas públicas para proteger y atender a las personas que solicitan refugio en el país no funcionan si solo se quedan en papel, señala el doctor Mario Alberto Azuara Cárdenas. El investigador de la UASLP observa que el aumento de solicitudes de migrantes y la falta de oficinas para su atención agravan la problemática. Expone que para generar un sistema eficaz que atienda las necesidades de estos grupos, es indispensable la asesoría jurídica y el apoyo de grupos no gubernamentales

Las políticas públicas para brindar protección a las personas migrantes que solicitan refugio en el país no funcionan si solo se encuentran asentadas en papel, señala el doctor Mario Alberto Azuara Cárdenas. El especialista en derechos humanos por parte de la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) agrega: “se escucha muy bonito que quieren cambiar las políticas públicas, pero, uno, estamos superados, y dos, por más que México tenga esa intención, si no asigna el presupuesto necesario para dar frente a un problema de esta magnitud, el problema se vuelve más grave”.

Aunque México está obligado a dar respuesta a las solicitudes de asilo, uno de los problemas que impide la pronta y correcta respuesta es la avalancha de solicitudes de refugio, agrega el académico Azuara Cárdenas. “No hay ni siquiera infraestructura para recibir esa cantidad de migrantes, qué genera eso, que haya más y más violaciones a los derechos humanos de estas personas”.

Cada año aumenta el número de personas que piden refugio, pues huyen de conflictos, violencia o persecución que padecen en sus países. Cuando son forzados a huir, los migrantes frecuentemente son privados de sus derechos fundamentales. Este daño no se da únicamente en su lugar de origen, sino también donde buscan protección, señala el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Para el doctor Azuara Cárdenas, el presupuesto que se otorga a la Comar para atender a quienes buscan refugio es insuficiente. Aunque el presupuesto aumentó de 45 millones 667 mil 372 pesos a 48 millones 300 mil, de 2022 a 2023, la inflación y el número de solicitantes también han incrementado y resulta poco, señala.

Las políticas públicas tendrían que garantizar los derechos y servicios básicos para las personas refugiadas. Por ello, deben reestructurarse para que consideren las posibilidades de vivienda, acceso a la educación, trabajo y a la salud. En México, estas políticas deben proteger de manera más amplia a las personas que soliciten la calidad de refugiados o el carácter de asilado político, explica el doctor Azuara Cárdenas.

Para combatir la deficiencia de las políticas públicas, los migrantes que quieran solicitar refugio deben usar las herramientas jurídicas como los juicios de amparo y litigio estratégico –que tiene como propósito promover el respeto, protección y realización de los derechos de todas las personas–, señala el experto en derechos humanos.

“Este camino seguramente será muy largo, pero si tú obligas al Estado a que en realidad responda y otorgue ese acceso a la salud, a la educación, esa vivienda y ese trabajo digno –que también están obligados a darte–, entonces sí se podría ir haciendo un caminito. […] El juicio de amparo y litigio estratégico servirán como antecedente para que batallen cada vez menos los migrantes que tienen que enfrentar ese camino”.

La situación económica no es la única problemática que afecta la atención de las personas que solicitan refugio. Al haber únicamente nueve oficinas para la atención de migrantes, se saturan y no pueden atender de manera eficiente las solicitudes que reciben. La oficina de Tapachula recibió 23 mil 838 solicitudes, hasta mayo de 2024; la Ciudad de México, 6 mil 499; Tabasco, 2 mil 108; Veracruz, 1 mil 304; y Nuevo León, 1 mil 27, según las estadísticas de la Comar.

El incremento de oficinas es un avance para brindar mejor y mayor atención a los migrantes que soliciten refugio; sin embargo, el abogado Azuara Cárdenas señala que cuando no hay una oficina cerca se debe acudir al Instituto Nacional de Migración, lo que representa mayor riesgo para estos grupos vulnerables.

“Para ellos es el enemigo número uno, ellos antes que atender su petición de refugiado van a buscar la manera de deportarlos y sin contar todos los abusos que pueden sufrir por parte de la autoridad”, menciona el especialista.

El apoyo de asociaciones civiles hacia las personas que solicitan refugio es indispensable para combatir la violación a sus derechos, puesto que ellos les brindan asesoría jurídica desde antes de salir de sus países y acompañan el proceso de su solicitud. Este tipo de ayuda incide en las políticas públicas y obliga al Estado a garantizar que se cumplan, agrega el doctor Azuara Cárdenas.

“El hecho de que los migrantes sepan que hay grupos que están para apoyarlos les va a dar herramientas para uno, obtener refugio y dos, que tengan asesoría, jurídica, psicológica y económica. Todos estos grupos que pertenecen a litigios estratégicos ayudan a los migrantes a obtener acceso a la justicia. Se oye muy difícil y muy distante, pero cada vez está más presente el acceso jurídico”.