Con el desentierro de 40 cuerpos de una fosa clandestina, queda al descubierto la participación de las fuerzas armadas peruanas y grupos paramilitares en una de las matanzas más atroces contra paupérrimos supuestos simpatizantes de Sendero Luminoso. Niños, mujeres y hombres fueron torturados antes de ser ejecutados con armas blancas en la Navidad de 1984. Aunque ahora se exhuman los restos de los campesinos, los asesinos gozan de impunidad

Ángel Páez / IPS-Voces de la Tierra

Lima, Perú. Familiares de 40 campesinos asesinados en 1984 –lo que se conoce en Perú como la matanza de Navidad– duermen estos días al costado de ocho fosas para supervisar el lento y doloroso proceso de recuperación de los restos de las víctimas, iniciado por el Ministerio Público.

Es el desentierro de un caso especial de violación de derechos humanos durante la guerra interna peruana (1980-2000), porque no se atribuye a la agrupación maoísta Sendero Luminoso o a las fuerzas militares y policiales que lo enfrentaron, sino a las “rondas de autodefensa”, compuestas por campesinos armados contra los subversivos.

La matanza comenzó a las cinco de la mañana del 25 de diciembre de 1984, en la comunidad indígena de Putka, en las alturas de la provincia de Huanta, dentro de la Suroccidental y andina región de Ayachucho, escenario principal del conflicto interno.

Ya se han encontrado 25 cuerpos, entre ellos seis niños, todos asesinados con arma blanca, según el testimonio de los sobrevivientes del asesinato masivo, cuyas identidades se mantienen en reserva por seguridad.

De acuerdo a la versión de esos sobrevivientes, los autores serían miembros de una “ronda” que supuestamente contaba con aprobación y apoyo de los militares que actuaban en la zona.

En esa época, el Ejército y la Marina tenían presencia en Huanta, donde los militares aprovecharon el rechazo armado de varias comunidades campesinas a Sendero Luminoso. De hecho, a apenas unas semanas antes de la masacre de Putka, militares de la base contrasubversiva del Ejército de la zona asesinaron a 123 campesinos de la comunidad de Putis, cercana a Putka. Ambos hechos de aquel diciembre estarían relacionados.

El Ministerio de Defensa afirma que no tiene información sobre los militares que actuaron en la región cuando se produjeron las dos matanzas.

La matanza de Navidad fue denunciada en noviembre de 2009 por la no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), tras recibir el testimonio de los sobrevivientes.

“Los casos de Putka y Putis no son casos aislados”, dijo a IPS el exsecretario ejecutivo de la CNDDHH, Ronald Gamarra; durante cuya gestión fue presentado el crimen colectivo al Ministerio Público (fiscalía).

“En un principio, las comunidades campesinas actuaban por propia iniciativa contra los abusos de Sendero Luminoso, pero después recibirían el respaldo de los militares para actuar contra los campesinos presuntamente colaboradores o simpatizantes” del grupo subversivo, afirmó.

“Con la consigna de pacificación del país, y la lucha contra el senderismo, las ‘rondas de autodefensa’ cometieron muchos excesos contra la población que decían proteger”, explicó Gamarra.

Los testigos declararon ante el Ministerio Público que miembros de las “rondas” de las comunidades de Ccanis, Pampacancha y Ccacas, vinculadas con las fuerzas de la Marina que operaban en la provincia de Huanta, incursionaron en Putka en busca de presuntos miembros de Sendero Luminoso o de sus colaboradores.

Detallaron que los hombres armados condujeron bajo amenazas y engaños a los campesinos, incluidas mujeres embarazadas y niños, hasta la boca de una antigua mina, donde torturaron a algunos y violaron a varias mujeres. Luego, los mataron a cuchillazos y tapiaron el acceso al lugar para ocultar los cadáveres.

Quienes se salvaron consiguieron llegar a San José de Secce, en el distrito de Santillana, donde denunciaron el caso. Familiares de los muertos fueron hasta la boca de la mina, rescataron los cuerpos y los enterraron en ocho fosas en medio del secreto total ante el temor de la represalia de los “ronderos” y los militares.

El Ministerio Público de Ayacucho abrió una investigación, y el 19 de febrero, peritos fiscales ubicaron el lugar de las fosas. Su apertura, con la presencia de los familiares de las víctimas, comenzó el 2 de agosto.

Karina Chávez, de la organización cristiana Paz y Esperanza y abogada de los familiares de las víctimas, dijo a IPS que “las familias se quedan a pernoctar cerca de las tumbas hasta que los peritos terminen de exhumar los últimos restos”.

“Temen que el caso quede impune, pero también tienen miedo de las represalias de los asesinos”, relató Chávez, quien también presencia las excavaciones. “Hay indicios de los perpetradores de la matanza; se trataría de miembros de las ‘rondas de autodefensa’ y de miembros de las fuerzas armadas”, ratificó.

La abogada dijo que “el desentierro es muy penoso. Los familiares reconocieron algunas prendas. Se han encontrado incluso ropas de niños. Los criminales acusaban a las víctimas de colaborar con los senderistas. Después del levantamiento de los restos, se iniciarán las pruebas de ADN”.

El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que entre 2001 y 2003 investigó la violación de los derechos humanos durante la guerra interna, señala que los militares aprovecharon la organización de los indígenas andinos contra la presencia de Sendero Luminoso para entrenarlos y dotarlos de armas.

Destaca, además, que las autoridades de las fuerzas del Estado les autorizaron a detener y secuestrar a sus víctimas.

La CVR estableció que 1984 es el año en que las rondas campesinas adquirieron protagonismo en áreas de Ayacucho. Además, sus acciones se diferencian de las anteriores “porque ya no se trata solamente de una reacción espontánea y defensiva, sino de una estrategia ofensiva que incluye la organización forzada de pueblos vecinos y patrullas de búsqueda para capturar subversivos”.

“La Marina que se instaló en la provincia de Huanta fue la primera institución militar en percatarse de la utilidad de la respuesta armada de los campesinos contra Sendero Luminoso”, explicó a IPS el exmiembro de la CVR, Carlos Tapia.

Fue entonces cuando “las ‘rondas’ tuvieron carta blanca de los militares para actuar contra todo lo que fuera sospechoso de senderismo.

Los ‘ronderos’ eran campesinos y muchos fueron víctimas de los subversivos. Pero también cometieron varios excesos”, dijo.

Para Tapia, sin embargo, “no se puede olvidar que debido a la participación de las ‘rondas’, que después se transformaron en ‘comités de autodefensa’, las fuerzas armadas pudieron derrotar a Sendero Luminoso”.

En 1991, el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) formalizó la actuación de los Comités de Autodefensa y les proveyó de armamento y asesoría militar.

“Los familiares de las víctimas de Putka no se van a ir del lugar donde se encuentran las tumbas hasta que no quede ni un solo cadáver”, precisó Chávez, porque “han esperado 27 años para desenterrarlos y que se castigue a los responsables”.

Citar fuente: Contralínea 199 – Publicado en internet: 17  de Septiembre de 2010