El Órgano Interno de Control en el INE descubrió que en el oligopolio de la producción de materiales electorales participan 13 individuos y cinco empresas que, entre 2014 y 2024, obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos. El periodo corresponde sobre todo a la administración de Lorenzo Córdova, y los dos primeros años de Guadalupe Taddei. Entre los modus operandi, el OIC ya documentó simulación de competencia
En el oligopolio de la producción de materiales electorales participan al menos 13 individuos y cinco empresas que, entre 2014 y 2024, obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos, reveló el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras. El periodo al que se refirió corresponde a toda la administración de Lorenzo Córdova Vianello y a los dos primeros años de Guadalupe Taddei Zavala.
Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el viernes 30 de octubre, el contralor reveló que uno de los modus operandi que ya se documentó es la simulación de competencia.
En el caso de las empresas y los 13 individuos, indicó que comparten accionistas, representantes y apoderados legales. En la conferencia presidencial del 29 de octubre pasado, Pablo Gómez –titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral– explicó que estas empresas operan como “coyotes”: “no tienen plantas industriales, no fabrican nada y no son comerciantes; son puramente intermediarias que ganan las licitaciones y contratos para luego subcontratar la producción”.
Esto es que dichas empresas son la viva imagen de una gran parte de la burguesía mexicana que vive del Estado, lo parasita, sin tener una vocación industrial; pero además distorsionan el mercado. El contralor del INE acusó que las cinco compañías concentran merado, simulan competencia, alzan artificialmente precios, debilitan los principios constitucionales de economía, eficiencia, competencia y honradez. Además, como expuso el titular del OIC, hay “colusión en licitaciones que genera sobreprecio, restringe la competencia efectiva, inhibe la innovación, reduce incentivos para mejorar la calidad, produce un uso ineficiente de recursos públicos y desplaza a proveedores”.
En síntesis, estas licitaciones otorgadas en distintas administraciones como la de Lorenzo Córdova Vianello, Guadalupe Taddei y las anteriores, evidencian el error al pretender establecer una democracia de mercado, basada en la competencia.

Precisamente la administración de Córdova –quien ahora es parte de Somos, partido político que alberga parte de la estructura del INE y con exconsejeros del mismo Instituto– otorgó licitaciones entre 2014 y 2022 a Cajas Graf por 915.5 millones de pesos; a Corporativo Zeg, por 4.9 millones de pesos; a Comercializadora JVLY, 76.8 millones de pesos; a Seriplast México, 85.1 millones de pesos. Pero la joya de la corona la tiene Formas Finas y Materiales, a quien le adjudicaron licitaciones por 778.7 millones de pesos. Se han dejado los datos de 2023, año en que sale Cordova Vianello porque su salida se dio en abril de dicho año y la información aportada por el OIC no distingue entre la administración de él y la de Guadalupe Tadedei.

La red de empresas y personas investigadas por presunta corrupción no sólo apunta a Taddei, sino también a las administraciones pasadas.




















