El triste espectáculo de las campañas electorales –con su derroche grotesco de recursos, la falta de ideas de los candidatos y la ausencia de posiciones claras ante los verdaderos problemas del país– ha copado, como siempre, la agenda de los medios de comunicación.

De por sí, temas torales como el de los pueblos, tribus y naciones indígenas de México están vetados en la mayoría de los mass media. Ninguno de los aspirantes a ocupar la silla presidencial se ha referido con seriedad a los pueblos originarios. Generalmente los mencionan cuando tratan el tema: “grupos vulnerables”. Y lo hacen desde una posición paternalista, lastimera, autoritaria, insultante y en la total ignorancia. No les importan los indígenas. Hacen esfuerzos gestuales para tratar de ocultar su racismo y su desprecio.

Las comunidades indias de este país están viviendo el peor embate desde la época de la Conquista. ¿Sabrán los candidatos y sus ostentosos equipos de asesores, verdaderos aprendices de brujo, cuántos focos rojos encendidos hay en los territorios indígenas? ¿Sabrán cuántas minas, represas, carreteras, desarrollos turísticos, parques eólicos, tienen a otro tanto de comunidades levantadas? ¿Les importará cuántos despojos se están llevando a cabo en estos tiempos?

Más allá del show electoral que –con todo y maquillaje, disfraces y locaciones– se lleva a cabo, y más allá de la tormenta que se cierne sobre el país, también hay esfuerzos, construcciones y logros esperanzadores. En una de las sesiones del Conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?”, organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Concejo Indígena de Gobierno, se dio cuenta del resurgimiento, con fuerza, del Congreso Nacional Indígena (CNI). Se trata de un crecimiento, se valoró, tanto cuantitativo como cualitativo.

Es claro: el Concejo Indígena de Gobierno no alcanzó a recabar el total de firmas requeridas para que el nombre de su vocera, María de Jesús Patricio Martínez, apareciera en las boletas electorales. Tanto el CNI como el EZLN y las organizaciones, colectivos y personas que apoyaron en la recolección de firmas están analizando, criticando, discutiendo los resultados del esfuerzo.

No son condescendientes. Con claridad han dicho que no se logró ese objetivo. Ya sabían que tendrían a todo un sistema en contra, el cual impide que una propuesta surgida de los pueblos indígenas tenga oportunidad real de competir.

Marichuy y los concejales del Concejo Indígena de Gobierno no defraudaron a nadie. Por el contrario, quienes apoyaron esta propuesta pueden sentirse orgullosos de que no hubo una sola falsificación o compra de firmas. La campaña más honesta, más austera, más digna, fue la de quien finalmente no aparecerá en la boleta. Los indígenas jugaron limpio –no podría ser de otra manera– en un terreno de subida, contra oponentes dispuestos a violar todas las reglas y ante árbitros cómplices de los infractores. Una valoración amplia sobre haber participado en estas condiciones vendrá pronto.

Decíamos que no todo el panorama está pintado de negro. Entre los destellos que se observan precisamente está el del regreso del CNI. Sólo este resultado del trabajo de Marichuy y el Concejo Indígena de Gobierno bastaría para considerar que la chinga, como preguntó el subcomandante Galeano a los concejales, valió la pena.

Carlos González, de la Coordinación del Concejo Indígena de Gobierno, informó que, mientras que en mayo pasado se contabilizaban 38 concejales, actualmente suman más de 170 de comunidades de casi todos los estados de la República. Con ello, no sólo se fortaleció el Concejo, sino el propio CNI que hoy cuenta con organización donde nunca antes había tenido. Por lo que se ve, ni la Otra Campaña, encabezada por el subcomandante Marcos en 2006, tuvo tales resultados en materia de alianzas entre los pueblos indígenas.

A decir de Carlos González, el CNI vive hoy su tercera etapa. Listo para pasar a otras acciones.

Considera que la primera inició el 12 de octubre de 1996 (cuando se funda) y concluyó en 2001, luego de la traición de todos los partidos políticos y los tres Poderes de la Unión. En esta etapa, el CNI se trazó como objetivo que los Acuerdos de San Andrés (suscritos por el Ejecutivo federal, los representantes de las cámaras legislativas y el EZLN el 16 de febrero de 1996) se incorporaran a la Constitución y, con ello, se reformara significativamente el Estado mexicano.

Lo que determinaron los tres poderes del Estado mexicano fue que no reconocerían lo que habían acordado con el EZLN en los diálogos de paz. Más aún, que no habría reconocimiento de derechos territoriales ni que se consideraría a las comunidades indígenas como entidades de derecho público.

“El CNI empezó a plantear que la lucha iba tal vez por el otro lado”, dice Carlos González. En la Octava Asamblea que se realizó en noviembre de 2001 se determinó impulsar la autonomía por la vía de los hechos y ya no pedir reconocimiento al Estado mexicano. Para 2006 se realizó el Cuarto Congreso Nacional Indígena y ahí se aprobó suscribir la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, con lo que se declaró abiertamente anticapitalista y de izquierda. Fue el inicio de la segunda etapa.

“En esta segunda etapa, gracias a la represión del Estado y a la cooptación de compañeros y compañeras que eran claves en la estructura, se fue debilitando”, reconoce Carlos González. La organización del CNI se mantuvo sólo de manera permanente en la región Centro-Occidente. En 2011 la represión se agudizó y declinó aún más la organización.

La tercera se gesta en 2013 y se lanza en 2016, con la propuesta de formar un Concejo Indígena de Gobierno para México.

“El CNI llega a esta tercera etapa con una lista interminable de presos políticos, desaparecidos, asesinados, tierras despojadas, por proyectos energéticos, mineros, aeroportuarios, de infraestructura carretera y turística, despedazando nuestras comunidades”, señala Carlos González.

La guerra está creciendo exponencialmente contra los pueblos indígenas. Está en juego su sobrevivencia, pero también la del país. Esta tercera etapa será de una nueva disposición de lucha. De los más de 170 concejales y concejalas, en Chiapas tiene 43. Pero ahora ya cuenta con presencia en entidades donde nunca había podido avanzar, como Nayarit, Sinaloa, Durango, Baja California Sur, Tlaxcala y Quintana Roo.

Este fin de semana el Concejo Indígena de Gobierno llegará a conclusiones de los pasos que dará en lo inmediato. Se descarta que se convierta en un partido político o que apoye a alguno de los candidatos a la Presidencia.