El exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial priísta José Antonio Meade es responsable de autorizar el perdón fiscal en 2017 a miles de empresas y empresarios para que dejaran de pagar al fisco más de 220 mil millones de pesos.

La mecánica de evasión fue simple: con la autorización del titular de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) calificó como “incobrables” miles de créditos fiscales de su cartera.

Sólo en 2017, con este mecanismo se otorgó el perdón fiscal a 249 mil 49 créditos –que representaron el 62 por ciento de la cartera de créditos de ese ejercicio–, por 226 mil 434 millones 870 mil pesos.

Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), especialistas en investigar la evasión, explicaron que la administración anterior utilizaba al fisco para extorsionar y sobornar a evasores fiscales (empresas y empresarios) a cambio de otorgarles el perdón, sobre todo cuando había procesos electorales como una forma de hacerse de dinero ilícito para financiar campañas políticas.

Esas fuentes hacendarias aseguraron que todo se hacía de manera ilegal, porque la ley en la materia establece la obligación del SAT para embargar bienes cuando las empresas no cubren los impuestos, pero contrario a ello se les otorgaba el perdón, sobre todo a grandes contribuyentes, y éstos seguían operando sin problema alguno a cambio de pagar sobornos a funcionarios de Hacienda.

En ese mismo ejercicio, la autoridad fiscal condonó otros 13 mil 234 millones 347.1 mil pesos, de un total de 5 mil 526 créditos.

El perdón de López Obrador

Aun cuando los servidores públicos de administraciones anteriores, sobre todo de la de Enrique Peña Nieto, están a salvo de ser acusados por actos de corrupción por la amnistía adelantada que otorgó el presidente Andrés Manuel López Obrador, alguna autoridad responsable del nuevo gobierno (como pueden ser la Auditoría Superior de la Federación, ASF; la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública; o la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda) debería revisar los perdones fiscales y la devolución de impuestos que cada año otorgó la SHCP durante el último sexenio a través de la Administración General de Grandes Contribuyentes.

Muchos preguntan de dónde sacará el dinero López Obrador para cubrir los programas y proyectos que ha planteado en beneficio de los más pobres del país, que ya alcanza a unas 80 millones de personas, pues la respuesta sería revisando la evasión fiscal que tan sólo en un año (2017) rebasó los 200 mil millones de pesos.

Según documentos oficiales de Hacienda, sólo en noviembre de 2017, último mes que José Antonio Meade despachó como secretario antes de ser elegido candidato del PRI a la Presidencia de la República, se autorizó la cancelación de créditos fiscales por supuesta “insolvencia” de personas morales y físicas por un monto total de 87 mil 517 millones 25 mil 842 pesos.

Bajo el título “Comparativo saldos iniciales ejercicio 2018”, la hojas de trabajo de Hacienda confirman que sólo en un mes, noviembre de 2017, se cancelaron créditos fiscales por cerca de 100 mil millones de pesos, y fuentes de esa dependencia consideran que parte de ese dinero que no se pagó al fisco habría ido a parar a campañas políticas de 2017 y 2018.

En esos informes oficiales en poder de Oficio de papel, aparecen cientos de nombres de empresas y personas beneficiadas con ese perdón fiscal, de tal manera que a pesar de que López Obrador insiste en perdonar a funcionarios corruptos del pasado, no estaría de más que la nueva administración financiera del país vigilara y sancionara la colusión de funcionarios hacendarios con grandes contribuyentes que evaden el pago de contribuciones como el impuesto sobre la renta y al valor agregado, a fin de que esa práctica no se repita en la “cuarta transformación” y de allí salga el dinero para financiar los proyectos sociales.

Las fuentes consultadas fueron enfáticas en señalar al secretario de Hacienda como principal responsable en autorizar dichas cancelación de créditos fiscales y autorizar los perdones fiscales, aunque aceptan que era el jefe del SAT el que ejecutaba la instrucción.

De los documentos oficiales se desprende, por ejemplo, que uno de los grandes contribuyentes beneficiados con el perdón fiscal fue la empresa coahuilense Manufacturas de Acero Roldán, S de RL, a la cual Hacienda le canceló 42 créditos fiscales por supuesta “insolvencia”, por un monto de 5 mil 812 millones 951 mil 580 pesos y sin ser molestada en sus operaciones ni embargada en sus bienes.

La auditoría al SAT

En la más reciente revisión de la ASF se explica: “las bajas de créditos fiscales definitivas que se reportaron a la Junta de Gobierno [del SAT] en el ejercicio 2017, fueron por 365 mil 139 millones 605.7 mil pesos, que se clasificaron en cuatro grupos: pago, controversia, condonación e incobrabilidad”.

De ese total, la condonación y la supuesta incobrabilidad sumaron 239 mil 669 millones 217.1 mil pesos que dejaron de ingresar a las arcas federales.

La auditoría de cumplimiento financiero 2017-5-06E00-15-0071-2018 revela que las bajas por controversia sumaron 91 mil 230 millones 548.4 mil pesos, y correspondieron a 41 mil 800 créditos fiscales. Mientras que por pago se recuperó un monto de apenas 34 mil 239 millones 840.2 mil pesos (el 9.4 por ciento) y correspondió a 297 mil 582 créditos.

Según la ASF, el 4.4 por ciento de bajas restantes correspondió a determinaciones que se generaron en otras dependencias, por 15 mil 916 millones 857.2 mil pesos, “que si bien no representaron importes de mayor cuantía que afecten la integración del saldo de la cartera, en volumen del número de créditos representaron el 27.3 por ciento del total de la cartera”.

El reporte de fiscalización observa que las bajas de créditos fiscales por esos cuatro grupos fueron generadas, en promedio, del 81.9 por ciento por parte del SAT, por 349 mil 222 millones 748.5 mil pesos; las bajas de créditos gestionadas por otras entidades representaron, en promedio, 18.1 por ciento, por 15 mil 916 millones 857.2 mil.

El informe destaca que las bajas de créditos fiscales que resultaron incobrables representaron una carga operativa generada en proporciones similares por el SAT y otras autoridades distintas a ese órgano, “debido a que se identificó que el SAT generó el 54.7 por ciento de esos créditos, por 217 mil 527 millones 646.1 mil pesos, en tanto que otras entidades generaron el 45.3 por ciento, por 8 mil 907 millones 223.9 mil pesos.

La Auditoría Superior señala claramente el fracaso de la autoridad fiscal, al concluir que “la consecución del cobro se logra en el 9.4 por ciento de las gestiones; el 90.6 por ciento de los créditos restantes no es recuperado, principalmente por situaciones reportadas por el SAT como incobrables”.

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