La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón, asegura que México rechazó convertirse en “tercer país seguro”. Que tal determinación, incluso, se definió desde las postrimerías del sexenio pasado.

En una nota, elaborada a petición de Contralínea, la secretaría de Estado encargada de las difíciles relaciones de México con Estados Unidos señala, sin embargo, la ambivalencia del gobierno de Enrique Peña Nieto ante las presiones del de Donald Trump.

El documento indica que en mayo pasado el entonces embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, aseguraba que el Estado mexicano no estaba tratando el asunto de convertirse en “tercer país seguro”, como quiere el gobierno estadunidense.

Sin embargo, en agosto Gutiérrez reconocía que no había una “negociación formal”, pero sí se discutía sobre si México se convertiría en la sala de espera adonde el gobierno estadunidense mandaría a los migrantes mientras decide si les da asilo, permisos de trabajo o les niega definitivamente la entrada.

Gerónimo Gutiérrez concedía que entre las dos naciones había diálogo sobre qué hacer con los migrantes, en la búsqueda de alternativas “con apego al marco internacional, con respeto a los derechos humanos y coherente con los principios de política exterior mexicana”.

También en agosto, luego de la victoria contundente de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, el anterior embajador apuntaba que las medidas que se tomarían ya serían con el acuerdo del gobierno mexicano que iniciaría funciones el 1 de diciembre. Es decir, del propio López Obrador y sus asesores en relaciones internacionales: Héctor Vasconcelos (originalmente propuesto para asumir la titularidad de la SRE) y Marcelo Ebrard (quien finalmente se quedó con el cargo).

No lo dice el documento, pero todo indica que el gobierno de Peña Nieto –débil y obsequioso con Trump– se encaminaba a aceptar de manera abierta que México fuera el “tercer país seguro” que demanda Estados Unidos, pero tuvo que cambiar abruptamente de discurso luego de que el lopezobradorismo se hizo de la Presidencia de la República.

El 11 de octubre pasado, en comparecencia ante el Senado de la República, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, de manera rotunda dijo que México no había negociado ni pactado con Estados Unidos un acuerdo de “tercer país seguro”.

Incluso aseveró que no hay ninguna aceptación verbal o por escrito “de algo que se asemeje a un acuerdo de ‘tercer país seguro’ como el que tiene Estados Unidos con Canadá”.

Se trata prácticamente del mismo discurso que asume hoy el gobierno de López Obrador: “México reitera que no acepta un ‘acuerdo de tercer país seguro’ con el gobierno de Estados Unidos”, se asienta en el posicionamiento del Gobierno de México ante el inicio del envío de migrantes centroamericanos a territorio mexicano por parte del gobierno de Trump.

Muy contundente el rechazo en el discurso, pero –ante la decisión “unilateral” del gobierno estadunidense– las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores han sostenido tres “reuniones técnico-operativas” con sus contrapartes estadunidenses.

Ahí les informaron que el gobierno de Estados Unidos presentaría en la garita San Isidro, diariamente, 20 migrantes centroamericanos. Y que tal medida se extendería paulatinamente a los demás puntos de la frontera común.

México dijo que no aceptará de Estados Unidos menores de edad no acompañados ni personas con problemas de salud. Tampoco, la devolución de personas extranjeras que hayan apelado la negativa a su petición de asilo en Estados Unidos. Y finalmente se estableció que el retorno de migrantes sería sólo por la garita de Tijuana (como ya ocurre desde el 29 de enero pasado).

¿Y eso no es negociar y aceptar ser “tercer país seguro” aunque formalmente no se le llame así?

¿Qué dicen los estadunidenses? Un documento del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, titulado Migrant Protection Protocols: Legal Issues Related to DHS’s Plan to Require Arriving Asylum Seekers to Wait in Mexico, apunta que el Departamento de Estado de ese país insiste en señalar que hoy se vive una “crisis de seguridad y humanitaria en la Frontera sur”.

Se señala que la nueva política estadunidense no se aplica de manera retroactiva a los extranjeros que llegaron y están en proceso de expulsión en Estados Unidos.

Sobre la posición de México, el documento observa que el gobierno mexicano ha decidido de manera independiente “aceptar a los extranjeros devueltos para que permanezcan” en el país.

En efecto, no hay documentos firmados ni declaraciones oficiales. Pero, como en otros asuntos, al parecer –y hasta el momento– Trump y López Obrador se entienden sin que necesiten hablar.

Zósimo Camacho

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