La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, y la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, realizan investigaciones a la empresa Nunvav Inc, señalada como  “pieza clave para la triangulación de recursos en el caso García Luna”, en referencia al exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

A través de la vocería de la Secretaría de Hacienda y Crédito, se informó que “en días recientes se llevó a cabo una revisión de los contratos celebrados entre  2012 y 2017 con la empresa denominada Nunvav Inc”.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 13 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que dos días antes de concluir su sexenio, el gobierno de Calderón Hinojosa asignó un contrato por casi 20 millones de dólares a una empresa vinculada con su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Más tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisó que en esos cinco años, fueron celebrados nueve contratos por “una cantidad de 390 millones de  dólares con fondos de la partida de Seguridad Pública y Nacional, y uno más por  270 millones de pesos a través del presupuesto tradicional”.

“Existe un contrato por un total de 19 millones 848 mil dólares, con una vigencia anual entre el 27 de julio de 2012 y el 27 de julio de 2013, que presenta adeudos  vigentes de pago por 5 millones 954 mil 400 dólares, 30 por ciento del monto total del  contrato. El objeto del contrato se estableció para: suministro, instalación,  capacitación y puesta en marcha del equipamiento tecnológico especializado de  control y supervisión para el Centro Federal de Readaptación Federal, CPS 12  Guanajuato”, explicó la dependencia cuyo titular es Arturo Herrera Gutiérrez.

La SHCP expone que las condiciones de pago, adeudos y pagos son:

• 50 por ciento a la firma del contrato: 9 millones 924 mil dólares, con el estatus de “pagado”.

• 20 por ciento contra entrega de equipos: 3 millones 969 mil 600 dólares, también pagado.

• 10 por ciento contra la entrega exitosa de los servicios de instalación: 1 millón 984 mil 800 dólares: “no pagado”.

• 20 por ciento a la liberación del sistema, puesta en marcha y terminada la capacitación: 3 millones 969 mil 600 dólares: “no pagado”.

Hacienda también indica que de la revisión de la documentación de este contrato, bajo resguardo de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Dirección  General de Administración (DGA) del área de Prevención y Readaptación Social  (RPS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “se  encontraron potenciales irregularidades en la administración del contrato y  procedimientos de pago que a continuación se detallan:

• “En la DGA no existe evidencia de los trabajos realizados y ya pagados al  proveedor.
• “En el contrato y su anexo técnico no se especifican los componentes del sistema  integral ni los alcances de las capacitaciones técnicas y operativas.
• “En minuta incompleta se exponen diversas razones que impedían concluir los  trabajos durante la vigencia del contrato; sin embargo, no existe convenio  modificatorio.
•  “Como apoyo de la factura que se adeuda por 5 millones 954 mil 400 dólares, de  fecha 15 de octubre de 2019, el proveedor anexa como soporte documental, la  capacitación proporcionada el 28 de noviembre de 2019, con duración de una  hora y treinta y siete minutos, a tres participantes que no laboran ni han laborado  en la PRS.
• “No existe evidencia documental de la liberación del sistema y puesta en  marcha”, dice la SHCP.

Genaro Gacía Luna atraviesa un proceso judicial en Estados Unidos por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, en específico con el Cártel de Sinaloa.  La próxima fecha para enjuiciar al expolicía se programó para el próximo 7 de diciembre, ante el juez Brian Cogan, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en el barrio de Brooklyn.

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