La seguridad pública, históricamente vinculada al control político, los altos niveles de corrupción y la presencia de organizaciones criminales, constituye el talón de Aquiles de los gobiernos estatales

El gobierno federal no puede, ni debe, enfrentar unilateralmente los problemas que atentan contra la seguridad pública. Al hacerlo, neutraliza o elimina la responsabilidad estatal y municipal, en jaque por las organizaciones criminales, aseguran expertos y académicos, quienes plantean urgente una reforma policial.

Consideran que los altos niveles de corrupción afectaron al sector político del país, desmoronaron el endeble andamiaje de seguridad pública a nivel estatal y municipal, y generaron estrategias de seguridad centralizadas que, al omitir lo local, fracasaron casi en su totalidad.

Jorge Tello Peón, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y fundador del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG), desmenuza limitaciones que impiden la intervención exitosa de policías locales: delitos federales y de delincuencia organizada que sobrepasan su jurisdicción y comprometen su seguridad personal, y falta de conocimiento, preparación y tecnología del dominio del gobierno federal.

Considera que el uso de los recursos por parte de los gobiernos estatales ha sido ineficiente, no solamente por desvío de algunos gobernadores, sino porque éstos han asumido que la responsabilidad de seguridad pública es competencia preferentemente federal y, por lo tanto, asumen que el recurso que se utilice para la consecución de los fines de la seguridad pública debe provenir de la federación.

Para el exdirector del Cisen, la principal dificultad para la coexistencia de instituciones de seguridad pública local y federal con atribuciones distintas radica en que aún no se han definido mecanismos de coordinación efectivos, y existen vacíos jurídicos en cuanto a los alcances y límites de la cooperación entre policías.

“Esto ha generado deslinde de responsabilidades o traslape en funciones que ha impedido una implementación de políticas públicas en forma más eficaz. Y en la medida que los recursos financieros de seguridad estén centralizados por la federación o reducidos para reasignarlos a estados y municipios, será muy difícil profesionalizar y fortalecer a los policías locales”, considera.

Tello Peón refiere en entrevista la necesidad de que exista una revisión a la práctica fiscal del ejecutivo federal, para evitar concentrar el recurso de seguridad pública en las Fuerzas Armadas, descentralizar la recaudación y el gasto y mejorar los controles sobre el uso de recursos en todos los niveles de gobierno.

Policías en desventaja vs crimen organizado

Definitivamente la policía municipal no tiene ni las armas ni los recursos: cuando la delincuencia organizada asume el control territorial de municipios grandes, pequeños y hasta marginales, no puede hacer nada, por el contrario, termina colaborando con ella, afirma Guillermo Garduño Valero, doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Son intereses los que dominan la cuestión local en seguridad pública, la policía municipal no tiene autonomía financiera por más que se diga que sí y las mafias policiacas, constituidas por familias con la capacidad de coaccionar municipios, algunas de ellas reciben más recursos que un estado de la república o un municipio”, subraya el catedrático en entrevista.

“Recuerdo que el conocido narcotraficante, al que le apodaban Cochiloco (Juan Manuel Salcido Uzeta), famoso narcotraficante de Sinaloa pagaba el aguinaldo y veía a todos los policías formados, tanto de nivel estatal como  municipal, y las armas que les sobraban iban a parar al municipio”, rememora Garduño Valero.

Urgente, reforma policial

México requiere de una reforma constitucional que incluya todos los aspectos relativos al desempeño policial, porque, si bien “tenemos un marco normativo con altos estándares de desarrollo policial, inclusive más altos que los de la policía de Francia, sin embargo, la policía nacional francesa y la gendarmería están mejor preparados, tienen legitimidad ciudadana y no se corrompen”.

Para Juan Salgado Ibarra, doctor en ciencia política por la UNAM, “tenemos un marco normativo con altos estándares, pero no tenemos incentivos institucionales. Es un tema de estado de derecho, de cultura de la legalidad, y de mostrar respeto por nuestros policías”

El problema con México es que “sólo nos enfocamos en las reformas de gran calado, como la reforma energética, pero no nos preocupamos por algo tan básico como la reforma policial, entendido como reforma de Estado”, dijo y destacó que son muy pocas las posibilidades reales que tiene la policía para reducir el delito en el largo plazo porque este es multifactorial.

“Si juntamos policía municipal con policía estatal vemos que la mayoría de las detenciones las hace la policía municipal, con un 38 por ciento del total a nivel nacional, mientras que la policía estatal cubre el 17 por ciento bajo el sistema de justicia penal, aunque la mayoría de irregularidades se durante el proceso presenta en la policía municipal”, subrayó.

De acuerdo con el Registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la prevalencia por tortura y maltrato en el sistema procesal penal, el 72 por ciento de las personas detenidas han sido torturadas, bajo las actuaciones de la policía, porcentaje que se reduce si se trata de torturas por parte de agentes del ministerio público, con 61 por ciento, y por custodios en los centros penitenciarios, 19 por ciento.

Con datos del Inegi, el informe de tortura del World Justice Project 2019 indica que 79 por ciento de las personas detenidas fue torturada o maltratada. “En términos de gestión policial tenemos que 40 por ciento de los torturados eran culpables y entre la población no torturada encontramos 54 por ciento de culpabilidad”, apunta Salgado Ibarra.

Por otra parte, dice que, en entrevistas a policías preventivos e investigadores de los tres niveles de gobierno, revelaron un problema de política criminal, “nos están pidiendo ocho detenciones por quincena, dicen los policías, lo que dispara la tendencia a detener arbitrariamente”.

Maestro en derechos humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra, y profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Salgado Ibarra señala que México vive el paradigma de militarización desde hace 20 años, para enfrentar a la delincuencia.

Durante el foro virtual “Revisión del funcionamiento de las policías, construcción de paz y seguridad ciudadana, gobierno de Jalisco/World Justice Project”, dijo que en las academias policiales hay personal militar preparando a policías con un enfoque castrense en su formación, se resume en eliminar al enemigo, lo cual nada tiene que ver con proteger a la ciudadanía.

Destacó que la represión a los menos favorecidos que se han visto obligados a involucrarse en la economía informal, obedecen a una política criminal pensada y definida desde gobiernos locales, estatales y federales. “De esta política criminal se desprenden órdenes directas a los policías de calle que se traducen en reprimir a personas de escasos recursos”.

Para el experto, “hay una estrecha relación entre el régimen político y la policía, entre más democrática es una sociedad, más responsable y responsiva es su policía. La policía es la que da la cara por el Estado, es un termómetro para medir qué tan democrática es una sociedad o qué tan autoritaria”.

Plantea que el desarrollo policial en sociedades democráticas se basa en cuatro pilares fundamentales: primero, un servicio profesional de carrera, indica un sistema meritocrático con base en el cual se designan posiciones de acuerdo con una descripción funcional de los puestos.

Segundo, la profesionalización, cómo generar competencias entre los policías para que puedan no solo combatir el delito, sino también acercarse a la ciudadanía, tener una vinculación profesional con fiscalías de los diferentes órdenes de gobierno o los distintos actores del sistema procesal penal.

Es decir, sin la policía no funciona el sistema de justicia penal porque es un sistema basado en evidencia y la policía es quien cuida, no sólo la escena del crimen sino toda la cadena de custodia.

El tercer pilar es el régimen complementario de seguridad social, tiene que ver con la dignificación del trabajo policial, no solamente mejores salarios, sino espacios dignos para familias de policías en esquemas de seguridad social integrales.

Y el cuarto pilar es el régimen disciplinario, reducido en estados y Federación al control de confianza, convertido en un régimen disciplinario cuasi-persecutorio por las falencias de la Constitución en términos de derechos laborales de los policías. “Esto es preocupante porque una sola decisión del centro de control de confianza de cualquier corporación policiaca puede cesar a un elemento”, anotó Salgado Ibarra.

Por ejemplo, dijo el catedrático, la balacera entre policías federales en el Aeropuerto de la Ciudad de México, o los que atacaron un convoy de la Embajada estadunidense en Tres Marías, o los policías que se insubordinaron contra sus mandos en Ciudad Juárez, “todos aprobaron el examen de control de confianza”.

Y es que el control de confianza ha fallado, requiere transformarlo, no desaparecerlo, complementarlo con el resto del régimen disciplinario que implica evaluar a la policía con mecanismos y metodologías que, más allá del régimen disciplinario, permita evaluar el desempeño y resultados de los policías.

Y si bien hay sistemas de rendición de cuentas, el problema es la ausencia de la dignificación policial que establece la Constitución, permite el despido policial injustificado sin que el cesado pueda llevar un proceso judicial que resarza sus derechos laborales y, sobre todo, la jurisprudencia que establece que la relación entre la policía y el Estado es administrativa y no laboral.

Modificar modelo de gobernanza centralizado

Al participar en el seminario virtual sobre federalismo, organizado por el CESIG, Tello Peón planteó que las policías municipales deben aprovechar su conocimiento del ámbito local para generar inteligencia táctica-operativa, mientras que la policía federal debe contar con las capacidades suficientes para hacer frente a los delitos federales inatendibles por las policías locales.

Consideró que el modelo de gobernanza del país no está construido para darle preeminencia a lo local, por lo que es necesario que el Estado mexicano fortalezca un enfoque de seguridad en donde se considere, ante todo, la visión de las comunidades y se les involucre en políticas públicas relacionadas especialmente a crimen del orden común.

“Las comunidades deben dejar de ser colaboradores pasivos en las estrategias gubernamentales en materia de seguridad pública, ya que al no involucrarlas, lo único que se genera tras la intervención gubernamental son delicados equilibrios de seguridad que se rompen con facilidad cuando los ciclos de violencia regresan”.

Dijo que, para ello, se requiere generar diagnósticos locales que permitan entender las distintas dinámicas de la violencia y facilitar la decisión sobre cómo se pueden hacer intervenciones que sean aplicables para cada localidad.

“No se puede asumir que en todos lados se requiere la intervención de fuerzas federales por lo que se deben identificar las problemáticas particulares y, en función de ello, definir la estrategia más conveniente. Al hacerlo, también se recomienda privilegiar un enfoque de prevención a través de las organizaciones policiales locales”, manifestó el catedrático del ITAM.

Sugirió modificar la legislación en materia de crimen organizado para redefinir las responsabilidades a nivel federal, estatal y municipal en la materia de forma clara y pública, creando los incentivos correctos para que los actores políticos se sientan responsables.

Asimismo, planteó reintegrar a los tomadores de decisión civiles en las estrategias de seguridad pública, toda vez que han sido desplazados por mandos militares, y generar evidencia de que la policía local da resultados en seguridad pública como una forma de incentivar la efectividad de este tipo de políticas.

Militares no quieren ser policías y viceversa

Por su parte, Renato Sales Heredia, extitular de la Comisión Nacional de Seguridad, destacó el gobierno actual apenas comienza a asimilar que, para combatir la inseguridad pública, “los militares no quieren ser policías y los policías tampoco quieren ser militares, y no es verdad que reconozcan al mando civil, salvo al presidente de la República”.

Al respecto cuestionó: “¿se subordinará el Ejército al mando y conducción del ministerio público como señala el artículo 21 de la Constitución? ¿Existe una ley que regule la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública? ¿Las acciones del Ejército y la Marina serán supervisadas por órganos civiles? La respuesta es no. De ahí que el decreto del 11 de mayo es inconstitucional e inconveniente porque no satisface las condiciones ni de excepcionalidad, ni de regulación, ni de subordinación, ni de fiscalización, que impone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, acotó.

Durante su participación en el foro virtual “La militarización de la seguridad: el decreto del 11 de mayo”, convocado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Sales Heredia consideró que el carácter civil de las instituciones policiales de tareas de seguridad pública es un fundamento del Estado democrático.

Sin embargo, dijo que dicho fundamento “se ve defraudado por el artículo quinto transitorio que decide en cinco años trasladar las tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, en contradicción con el artículo 21 constitucional, establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinario y profesional”.

Ello, en virtud de que “la Guardia Nacional no es una institución de seguridad pública de carácter civil, ya que la propia ley define su estructura en batallones, pelotones, regimientos, secciones, y en la práctica está dirigida por un general, militares y marinos, por lo que decir que es civil es un sinsentido”.