La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), determinó “el no ejercicio de la acción penal, en favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda”.

El secretario de Defensa durante la administración de Enrique Peña Nieto había sido investigado por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA, por sus siglas en inglés) y detenido en aquel país, el pasado 15 de agosto, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

A través del Comunicado FGR 013/21, la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero, realizó la relatoría de los hechos, en los que indica que desde 2013, la DEA “inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana, una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba al entonces Secretario de la Defensa Nacional, General de División Salvador Cienfuegos Zepeda.

La investigación que llevó a cabo la DEA se mantuvo durante la presente administración, “sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso”.

El 15 de octubre de 2020, agentes de la DEA detienen a Cienfuegos Zepeda, en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, “sujetándolo a proceso, por delitos contra la salud y lavado de dinero”, precisa la FGR.

El documento expone que después de cinco semanas de haber sido detenido el general Cienfuegos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le solicitó a la jueza que conoció del caso en ese país, “que desestimara los cargos en contra de dicha persona; y la Jueza Federal correspondiente estimó procedente tal petición.

“Durante el lapso de su detención, y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto a ese caso”, precisó.

El 18 de noviembre de 2020, el general Cienfuegos fue entregado por las autoridades estadunidenses, al Ministerio Público Federal (MPF) en México, “que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades norteamericanas y la investigación en México se encontraba en su fase inicial”.

El 9 de enero de 2021, Cienfuegos Zepeda conoció las imputaciones hechas por las autoridades de aquel país, así como las investigaciones realizadas por la FGR en el caso, “teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal”.

La FGR llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos.

“Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.

“Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público”, se expuso mediante el Comunicado FGR 013/21.