A fines de 2020, Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió renunciar a su intención de transferir los floteles Cerro de la Pez y Reforma Pemex a su subsidiaria Exploración y Producción (PEP). Con ello, dejará como propietaria a su filial “privada” offshore PMI Norteamérica, SA de CV, integrante del Grupo PMI.

Construidas en España en el sexenio pasado –como parte de los compromisos heredados de Felipe Calderón, quien se empeñó en rescatar la industria española de Vigo en plena crisis en vez de destinar los recursos públicos a los mexicanos–, las plataformas habitacionales permanecen casi en desuso. Y es que antes de la pandemia de Covid-19 –cuando todo el personal de la petrolera se encontraba trabajando– el propio ingeniero Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, admitía que la ocupación de los mismos rondaba en el 70 por ciento, por lo cual es obvio que ahora estará en menos del 50 por ciento.

Desde que recibió las unidades, Pemex planeaba ceder su propiedad a PEP y con ello seguir allanando el camino para la liquidación de PMI Norteamérica. No obstante, a fines del año pasado reculó sin dar visos de que pronto pueda ser una subsidiaria la que tenga bajo su control estos bienes públicos y, con ello, dejar de triangular los recursos públicos y, sobre todo, transparentar su manejo.

La decisión le fue comunicada al Consejo de Administración –que encabeza la secretaria de Energía, Rocío Nahle– el pasado 2 de diciembre, en la sesión ordinaria 963. Por ello, éste autorizó modificar los acuerdos CA-142/2016 y CA-103/2019 que había tomado el 14 de diciembre de 2016 y 15 de agosto de 2019, respectivamente, en el sentido de trasladar la propiedad a PEP. El cambio en los acuerdos se estableció “a fin de cancelar la transferencia de las Unidades Habitacionales Flotantes”.

En esa misma sesión, el Consejo “tomó conocimiento de que PMI Norteamérica, SA de CV, mantiene la propiedad de las Unidades Habitacionales Flotantes denominadas Cerro de la Pez y Reforma Pemex y, en consecuencia, con la administración y operación de las mismas”. Así como de la modificación de la tarifa del contrato 428224804 Tipo A de servicios de alimentación y hotelería con el apoyo de los dos floteles. Éste se refiere a la subcontratación de los servicios por la cual PEP tiene que pagar cuota fija, incluso si las plataformas se encuentran semivacías.

Subarrendamiento

Al cancelar la cesión de los floteles, Pemex obliga a PEP a seguir subarrendando ambas plataformas, como lo ha tenido que hacer hasta ahora, luego de que su venta fallara pues el mercado petrolero se encuentra contraído desde hace ya más de 10 años.

La historia de cómo PEP se ha sometido a decisiones políticas y no a sus propias necesidades es evidente en este caso: la compra de los floteles y del astillero Hijos de J Barreras fue un compromiso hecho por Juan Camilo Mouriño, asumida por el panista Calderón tras el fallecimiento de su amigo y socio, y concretada por Peña Nieto.

Fue finalmente en 2013 –cuando al frente de la petrolera se encontraba el priista Emilio Lozoya Austin–, que Pemex Exploración y Producción (PEP) licitó dos contratos de servicios de alimentación y hotelería a bordo de dos Unidades Habitacionales Flotantes, a fin de cumplir con las metas de producción de las subdirecciones de Producción Bloques Aguas Someras AS01 y AS02. La empresa ganadora, agrega, fue PMI Norteamérica, SA de CV [propiedad de Pemex e integrante del Grupo PMI], la cual, en conjunto con dos astilleros españoles, construyó los floteles Reforma Pemex y Cerro de la Pez.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación –en su auditoría Inversión en unidades habitacionales flotantes y su participación accionaria en astilleros– no fue posible constatar que las dos unidades, entregadas por los astilleros a PMI Norteamérica, cumplieron con las características establecidas en las licitaciones públicas que emitió PEP, debido a que no se proporcionaron las actas de entrega-recepción correspondientes.

Aunado a ello, el máximo órgano de fiscalización reportó que la aceptación final del Reforma Pemex –construido por Hijos de J Barreras, el astillero vigués que dejó de ser propiedad mayoritaria de Pemex en condiciones muy desventajosas para México– fue el 30 de diciembre de 2016, con un costo de 3 mil 740.18 millones de pesos. En 2017, esta unidad se encontraba en operación y fue contratada por PEP para prestar los servicios de alimentación y hotelería en las plataformas de producción.

En el caso de Cerro de la Pez –construida por el astillero Navantía, SA, también de origen vigués– detalla que se entregó a PMI Norteamérica el 10 de febrero de 2017, y su costo ascendió a 3 mil 115.26 millones de pesos. De acuerdo con la ASF, este flotel se mantuvo atracado en el astillero por 452 días, con un costo diario de guarda y custodia de 3.6 mil dólares, lo que generó un costo para su propietaria PMI Norteamérica de 1 millón 627.2 mil dólares, equivalentes a 30.41 millones de pesos, desde su entrega hasta el 11 de abril de 2018, fecha en que zarpó a México.

En febrero de 2019, la ASF “obtuvo información relacionada con el tráfico marino, mediante la cual se conoció que la unidad Cerro de la Pez se encuentra en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz, México”.

El informe agrega que, en julio de 2017, el Consejo de Administración de Pemex autorizó la desinversión de ese flotel, y se consideró que la desinversión permitiría cubrir las necesidades de PEP. Sin embargo, no se proporcionó el contrato mediante el cual se formalizó la compra-venta de Cerro de la Pez, lo que impidió comprobar la realización de esa operación, argumentando que “forma parte de la operación propia de la empresa filial PMI Norteamérica, y se encuentra sujeto a cláusulas de confidencialidad negociadas entre partes privadas”.

Ante la Auditoría Superior, “Pemex indicó que PMI Norteamérica no es una entidad de derecho público, no lleva a cabo operaciones que involucran recursos públicos federales o participaciones federales, se encuentra organizada conforme al derecho privado y las operaciones que realiza se rigen por el derecho común”.

De acuerdo con la ASF, “la restricción de la información generada, como parte de las operaciones de las empresas filiales de Petróleos Mexicanos, impidió que durante la ejecución de la auditoría se comprobara que las unidades habitacionales flotantes Reforma Pemex y Cerro de la Pez, entregadas por los astilleros a PMI Norteamérica (empresa filial de Petróleos Mexicanos) cumplieron con las características de los bienes previstas en las licitaciones públicas que emitió Pemex Exploración y Producción”.

La decisión de dejar ambas plataformas en manos de una de las filiales del Grupo PMI, sin duda, sigue abonando a la opacidad que tanto ha criticado la ASF. Esperemos que pronto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda corregir este error.

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