El gobierno de López Obrador enfrenta centenas de juicios de amparo por las leyes y reformas progresistas que ha promovido –entre ellas la Eléctrica, la de Hidrocarburos y la de la austeridad–, pero también contra políticas públicas –como el etiquetado de los alimentos chatarra– y sus principales proyectos –como el Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya–. Investigadores consultados advierten que el Poder Judicial es un actor en la estrategia del golpe blando y que es muy grave que se judicialice la política

Cuarta parte. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de México, su gobierno ha enfrentado centenas de juicios de amparo en contra de sus megaproyectos, sus políticas públicas y las leyes y reformas progresistas que promueve en el Congreso, así como decenas de procesos administrativos de grandes contribuyentes para no pagar impuestos.

El objetivo: impedir la llamada “cuarta transformación”.

Con los resultados preliminares de las elecciones intermedios de este 6 de junio, se puede adelantar que la oposición –compuesta por partidos de derecha, empresarios y cúpulas acostumbradas a los beneficios fiscales, dueños de medios y opinadores­–­ seguirá promoviendo amparos porque no logró quitarle la mayoría del Congreso al partido Morena, el cual con sus aliados seguirá la transformación del país y modificará más leyes para continuar con los programas sociales en beneficio de los más pobres.

Hasta ahora los recursos judiciales han tratado de frenar, por ejemplo, la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, las construcciones del Aeropuerto de Santa Lucía y del Tren Maya, pero también la aplicación de la austeridad republicana –base de los ahorros de recursos que se canalizan a políticas de desarrollo social–, la rectoría del Estado sobre los recursos energéticos –para garantizar la soberanía en esa materia y con ello dejar de importar combustibles–, el etiquetado en la comida chatarra –que busca inhibir el consumo de productos que provocan enfermedades crónicas, como la diabetes y la obesidad–, la rescisión o renegociación de contratos leoninos, las multas y sanciones contra empresas que incurren en prácticas corruptas y el pago multimillonario de impuestos que deben hacer los grandes contribuyentes, entre otros asuntos de la vida pública de México.

Los principales promotores de esa judicialización de la política son empresas y trasnacionales, así como sus dueños y representantes; organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Causa en Común; servidores públicos, como los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los altos funcionarios del Banco de México; y órganos autónomos, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Investigadores consultados por Contralínea advierten que algunos integrantes del Poder Judicial son actores relevantes de la estrategia para debilitar al gobierno federal, que encabezan empresarios como Claudio X González Guajardo y Gustavo de Hoyos. El propio politólogo estadunidense Gene Sharp ha identificado a la judicialización de la política como parte del golpe de Estado blando, pues permite acotar permanentemente al gobierno y, en su momento, asestar el golpe a través de procesos judiciales injustos en contra de los gobernantes con el propósito de derrocarlos.

Es en ese contexto que leyes y reformas aprobadas por el Congreso de la Unión han sido controvertidas en búsqueda de su suspensión definitiva. Una de ellas es la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021, que sumó más de 120 juicios de amparo, obtuvo 26 suspensiones provisionales y 14 definitivas. Entre los demandantes estuvieron Walmart, Bimbo, Desarrollos Eólicos Mexicanos, Eoliatec del Pacífico, Fuerza y Energía de Tuxpan, Energía y Proyectos Eólicos, Fuerza y Energía de Naco Nogales, Fuerza y Energía Bll Hioxo, Fuerza Eólica San Matías, Eólica Santa Catarina, PE Ingenio, Eólica de Oaxaca, Blumex Power, Parque Eólico Reynosa III. Además, la Cofece interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“No están ahí defendiendo a comunidades indígenas, territorios. No. Están defendiendo intereses económicos. El hecho de que frenen cada una de las iniciativas de reforma que presenta el presidente también es muy revelador de cómo le apuestan realmente al desgaste, a deslegitimar por medio de argucias leguleyas las razones políticas de López Obrador. Ponen a pelear razones legales, creo que más bien leguleyas, contra razones políticas que son más bien éticas. Entonces creo que por ahí va la confrontación entre el Poder Judicial y el gobierno, o el Ejecutivo. Es un poco como la confrontación entre lo legal y lo ético”, señala la doctora Violeta Vázquez-Rojas, académica de El Colegio de México.

Por ello, considera que “el golpe judicial es parte también de los golpes blandos”. Al tiempo, critica que el Poder Judicial es el único que no es electo por la ciudadanía, por lo cual tiene menos legitimidad popular que los otros dos poderes. Asimismo, critica que algunos jueces, magistrados y ministros actúen sistemáticamente del lado del poder económico.

Otra ley que ha enfrentado la resistencia del poder económico es la de Hidrocarburos, que busca dar la rectoría de esos energéticos a Petróleos Mexicanos y que fue publicada el 4 de mayo pasado. Entre las empresas que promovieron juicios de amparo están Grupo Base Energético, Servicio Villa de Arista, Petrotal, Tiger Fuel, Cimagas, Centro de Distribución y Autoconsumos de Occidente, Comylub Mexicana, Comyub, Comercializadora de Hidrocarburos, Viga Express, Pharaoh, International Products, Antluc, Distribuidora de Combustibles Mil. Y quienes concedieron las suspensiones fueron los jueces Rodrigo de la Peza López y Juan Pablo Gómez Fierro, los mismos que favorecieron a las empresas en el caso de la Ley Eléctrica.

Para el constitucionalista y experto en derechos humanos Mario Santiago Juárez, “es grave que las grandes decisiones de este país se judicialicen, porque las grandes decisiones tienen que ser democráticas, no judicializadas”.

El doctor en derecho y profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala agrega que “las políticas públicas son una cuestión del gobierno. La soberanía, el Artículo 27 constitucional original nos habla de que los bienes son originalmente de la nación y que el Estado podrá imponer el tipo o modalidad de propiedad que se necesite, es decir que ya desde el origen revolucionario de nuestra Constitución nos habla de un poder del Estado para ser rector económico, y esto es lo que los empresarios, por ejemplo energéticos, están viendo que se les va el gran negocio, que no era más que un abuso porque en muchos casos estaban subvencionados por el Estado, es decir, por nosotros que estamos pagando impuestos”.

Por su parte, el doctor en filosofía política José Gandarilla Salgado, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, observa que en el fondo prevalece lo que se conoce como la constitucionalización del neoliberalismo, y que esto explica por qué no sólo empresarios sino también organismos como la Cofece se han amparado en contra de las reformas que promueve el gobierno federal.

“El neoliberalismo ha pretendido mantener las políticas que han beneficiado al gran capital, a las estructuras de integración global, a los procesos de globalización y se plantean estructuras jurídicas o de otra naturaleza. Por lo que los llamados organismos autónomos que regulan la competencia pretenden, en los hechos, garantizar los intereses del régimen anterior. Esto ha sido muy claro en las telecomunicaciones y en las leyes de energía: en hidrocarburos y en la industria eléctrica. Los organismos autónomos no son sino estructuras que pretenden garantizar los códigos, las formas de competencia económica favorables al neoliberalismo”, explica.

El doctor Gandarilla Salgado agrega que “cuando esos organismos autónomos pretenden legitimarse diciendo que regulan la competencia, no ha sido en ningún sentido que regulen esa competencia: regulan la competencia entre monopolios y defienden a los monopolios bajo el cuento de que las anteriormente empresas estatales (Pemex, CFE) también se constituyen en monopolios”.

Por ello señala que la estrategia del golpe blando “está acompañada de los amparos judiciales, con los organismos que regulan la competencia y con los órganos autónomos. Los órganos autónomos –el INAI, las comisiones en contra de la discriminación y el INE– han emprendido una batalla de carácter jurídica para frenar posibles afectaciones: primero fueron los fideicomisos y luego aquellos en donde estaban amenazando los ordenamientos anteriores”.

Otras leyes que han enfrentado el rechazo desde dentro del gobierno son la de Austeridad Republicana y la Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Ambas sumaron más de 5 mil juicios de amparo y, entre ellos, los promovidos por consejeros del Instituto Nacional Electoral y altos funcionarios del Banco de México para que no se les redujera su sueldo ni se les recortaran sus dispendios.

Para la doctora Patricia Pozos, profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, los actores del golpe blando están subiendo el tono en términos de utilizar estrategias como los amparos. Al ver que las campañas como el plantón en el Zócalo de Frena o cuando salían las caravanas de autos a exigir la salida de López Obrador de la Presidencia no tienen el impacto tan fuerte como esperaban, “han buscado otras estrategias y creo que ya encontraron un camino a través del Poder Judicial para detener, por medio de amparos legales, las reformas que propone Andrés Manuel”.

Por su parte, el doctor Mario Santiago observa que los juicios de amparos que buscan la suspensión definitiva de las leyes van en contra de las instituciones, en ese caso de las cámaras de Diputados y Senadores. “Intentan diezmar el poder que tiene el Congreso, cuando éste es la representación del pueblo, y el Ejecutivo fue designado de forma directa por los ciudadanos. Entonces, las decisiones que toma el presidente las toma durante 6 años y la legislación, la Constitución, son los únicos límites al poder del Ejecutivo, pero nada dice que los empresarios pueden oponerse por otra vía que no sea la democrática a las decisiones soberanas del Congreso y del Ejecutivo”.

Por ello considera que es gravísima la judicialización de la política. Al respecto, advierte que desde la Presidencia también hay estrategias para contrarrestarla: “estos movimientos que se están haciendo para fortalecer a la Suprema Corte, porque la Corte puede también estar infiltrada, y de hecho lo estuvo con el ministro [Eduardo] Medina Mora”, quien el 3 de octubre de 2019 renunció a su cargo por ser sujeto de investigaciones por actos de corrupción.

Asimismo, explica que el gobierno en turno intenta designar la mayor parte de ministros con un perfil más acorde con sus políticas –y eso es constitucional–. “El que crea que la Suprema Corte mexicana o cualquiera del mundo no está politizada está engañado. O sea, las cortes juegan un papel político; en el caso mexicano, resuelve cuestiones que van más allá de lo que dice la legislación, incluso más allá de lo que dice la propia Constitución, y en esas decisiones cuentan los valores personales de cada ministro. Entonces, el presidente actual, como todos los presidentes, intenta tener a la Suprema Corte de su lado y eso es constitucional y un juego político; un juego, digamos, dentro de las reglas que desde siempre se han dado en todos los países”.

El avance del golpe blando

El académico de la UNAM y exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, Jorge Retana Yarto, destaca que en las tendencias de los golpes blandos en América Latina uno de los elementos fundamentales es un Congreso mayoritariamente opuesto al gobierno progresista, porque de esa mayoría que empieza a maniobrar, a legislar en contra, que detiene las iniciativas presidenciales, de ahí se pasa al Poder Judicial. Ésa es la experiencia de estos tres golpes exitosos: de la mayoría hostil legislativa se pasa al Poder Judicial. Viene como respaldo la campaña muy fuerte de los medios y hay movilizaciones derechistas dentro de la sociedad”.

Agrega que otro factor fundamental es que se logra neutralizar al Ejército. Tras neutralizar al Ejército, “le dan una cobertura legal o hasta constitucional a todas las medidas tendientes, primero, a desestabilizar y, después, a derrocar al gobierno”.

El experto en el estudio de la seguridad nacional advierte que en un escenario donde hay una mayoría legislativa hostil, se tiene una fracción conservadora en el Poder Judicial y se logra neutralizar al Ejército, “todo esto desemboca en la destitución del presidente desde una perspectiva de cobertura constitucional al proceso”. Y señala que esas cuatro fases también se cumplen completamente en los golpes cruentos.

De acuerdo con el politólogo estadunidense Gene Sharp, este tipo de golpe de Estado emplea técnicas no frontales ni violentas para desestabilizar y presenta cinco fases: 1) comienza por ablandar a la sociedad a través del malestar y la desesperanza; 2) busca deslegitimar las acciones gubernamentales por medio de la difusión de mensajes adversos, ofensas y noticias falsas; 3) se promueven constantes movilizaciones de protesta; 4) se emplean rumores para generar escenarios de falsa carestía y, con ello, señalar la incompetencia del gobierno e iniciar juicios injustos contra los gobernantes; 5) viene la fractura institucional, donde los procesos judiciales avanzan, los medios de comunicación los apoyan y los gobiernos finalmente caen.

El maestro Retana Yarto indica que “las fases que plantea Sharp ya se habían desarrollado desde las décadas de 1950 y 1960, lo novedoso es que le tratan de dar una cobertura constitucional a todas las maniobras encaminadas hacia la destitución del presidente; pero necesitan una mayoría legislativa, una facción dominante conservadora en el Poder Judicial, entre otras cuestiones”.

Otras leyes y reformas judicializadas

-Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2021.

Amparos: Hasta el 19 de mayo hubo 362 suspensiones provisionales

219 suspensiones definitivas

Quejosos:  Inai, Óscar González Abundis y Gustavo Alejandro Uruchu Chavarín, abogado miembro de la lista de árbitro del Capítulo XIX del TLCAN; senadora Xóchitl Gálvez del Partido Acción Nacional; Red en Defensa de los Derechos Digitales, apoyada ZAPOPANLAB, Artículo 19, Poder, la Red TDT, Cultivando Género, Social Tic, entre otras.

Jueces: Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. 

-Reordenamiento del espacio aéreo en la zonza metropolitana de la Ciudad de México: enfrentó 12 amparos e igual número de suspensiones provisionales. Las cuales fueron revocadas por los tres magistrados del Décimo Tribunal Colegiado  

-Reforma al Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021. Los opositores fueron la Coparmex, PRI, PAN, PRD, Porfirio Muñoz Ledo.

-Concesiones a ferrocarriles, rechazada por la Asociación Mexicana de Ferrocarriles; Ferromex; Kansas City Southern de México.

-Prohibición del herbicida glifosato, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2020. Enfrentó 17 juicios de amparo promovidos por 16 empresas y una asociación civil, entre ellas Velsimex, Consejo Nacional Agropecuario; Bayer- Monsanto.

El papel de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Financiado por el gobierno de Estados Unidos, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad –creada por el empresario Claudio X González Guajardo– ha encabezado varias de las estrategias para judicializar la política en el país y frenar los proyectos del gobierno del presidente López Obrador.

Por ejemplo –en conjunto con Causa en Común, Cepos, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Confederación Patronal de la República Mexicana, Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, Impunidad Cero, Jalisco ¿Cómo Vamos?, Más Ciudadanía, México ¿Cómo Vamos?, México Unido Contra la Delincuencia, Observatorio Nacional Ciudadano, Plan B para el Desarrollo y Sociedad en Movimiento– promovió 147 juicios de amparo y obtuvo suspensiones definitivas en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía.

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