De los aproximadamente 12 millones de indígenas en México, el 69.5 por ciento se encuentra en situación de pobreza, de acuerdo con el Coneval, es decir unos 8 millones 340 mil de personas. Aunado a ello, los pueblos originarios siguen padeciendo saqueo, miseria y discriminación

Los pueblos indígenas en México siguen padeciendo saqueo, miseria y discriminación. En pleno siglo XXI, este grupo poblacional es uno de los seis que identifica el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) como parte de los “históricamente discriminados” entre: mujeres, personas con discapacidad, niños, adolescentes y personas mayores.

El Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020 indica que para 2018 habían, aproximadamente, 12 millones de personas indígenas, lo que representa el 10 por ciento de la población total. Según esos datos oficiales, el 69.5 por ciento se encuentra en situación de pobreza, es decir unos 8 millones 340 mil de personas. De éstos, el 41.6 por ciento está en pobreza moderada (4 millones 992 mil) y 27.9 por ciento en pobreza extrema (3 millones 348 mil).

La principal carencia que enfrentan los pueblos originarios es el acceso a la seguridad social, en un 78.2 por ciento; le siguen los servicios básicos de vivienda, en un 57.5 por ciento; falta de acceso a la alimentación, 31.5 por ciento; rezago educativo, 31.1 por ciento; calidad y espacios de la vivienda, 28.5 y acceso  a los servicios de salud, 15.4 por ciento.

En  el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice a Contralínea que “los pueblos indígenas en México siguen enfrentando los problemas históricos con los que han tenido que luchar contra los diferentes gobiernos centrales”.

Uno de los temas que preocupa muchísimo en este tiempo de la Covid-19, dice,  es que hay un alta población relegada en cuanto a la atención médica. “Sabemos que hay una precaria infraestructura hospitalaria en las regiones indígenas, por ejemplo Tlapa de Comonfort, Guerrero, donde hay 19 municipios y más de 350 mil habitantes con acceso a un hospital general para esta región y, concretamente, para atención de pacientes Covid-19 solamente se habilitó un espacio para 15 camas”.

Éste es un ejemplo de la brecha que persiste de desigualdad, añade. “Las políticas discriminatorias continúan en las regiones indígenas y esto se traduce en desatención por parte del sector público a los pacientes y en que no se puedan prevenir las enfermedades”.

Por su parte, Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis, expone que “los indígenas no están pobres por ser indígenas, sino por la situación de racismo y discriminación hacia los pueblos. Tampoco se resolvería de fondo si hubiera mucho recurso, lo que tendría que haber es un nuevo trato hacia ellos; es decir, que se les permita participar en la toma de decisiones profundas que impactan su vida, una de ellas es el asunto del desarrollo en sus territorios, qué quieren los pueblos, el Estado.

“Lo que se está viendo es que no hay voluntad de dejarlos participar y en este segundo tramo del gobierno se están profundizando mucho los megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico, el Proyecto Integral Morelos (PIM) y una fábrica de amoniaco en Sinaloa”, comenta.

Megaproyectos impuestos

El doctor Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), señala que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la población indígena padece la imposición de megaproyectos en su territorio, como lo hicieran los gobiernos  anteriores. A ello, dice, se suma la presencia de las Fuerzas Armadas (Ejército, la Marina y la Guardia Nacional) en las comunidades de los pueblos originarios.

“No podría ser más paradójico que se piense en festejar o celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en un país que le declara la guerra a estos pueblos en todos los órdenes, para empezar ratificando, confirmando, continuando todos los megaproyectos que constituyen la continuidad de un proceso de recolonización de sus territorios. El mal llamado Tren Maya, el canal Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y la minería”, acusa el catedrático del INAH.

La guerra contra los pueblos, dice, es la militarización creciente, rampante y continuada con la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas inconstitucionales de seguridad pública. También, añade, la entrega de los puertos y las aduanas a la Marina. La asignación de tareas de todo tipo al Ejército en la construcción de obras. El proceso de militarización con la Guardia Nacional sigue las asignaciones de Estados Unidos, en cuanto al resguarde de sus fronteras.

En el plano de la ocupación de los territorios, también observa la presencia la delincuencia organizada “que supuestamente dicen combatir, porque en realidad le están asignando tareas de desalojar poblaciones, donde el crimen organizado es punta de entrada de mineras y desarrolladores; de tal forma que vemos un proceso de paramilitarización de las poblaciones y de los territorios indígenas”.

En tanto, Juan Carlos Flores Solís, abogado del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y en defensa del Proyecto Integral Morelos, comenta que lo que más se padecen los pueblos es el despojo del territorio por parte de empresas trasnacionales y megaproyectos. “Ya sea despojo de tierras, de agua, utilización del aire, las energías. En estos últimos tiempos hay mucha coincidencia del agua como un eje que se repite en muchos pueblos, de cómo se están quedando el recurso por la imposición de proyectos, como las presas, hidroeléctricas o como lo ocurrido con el socavón [en Puebla, iniciado el 29 de mayo de 2021], que evidencia la crisis de agua que existe en toda la región.

Todas las luchas, añade, que se están dando por la falta de una Ley General de Aguas en la que se reconozca a los pueblos, pues la extracción de pozos profundos es una constante. “Cada vez más pueblos están exigiendo el respeto a la autodeterminación, a la autonomía. El tema de las consultas indígenas está rebasado por la exigencia de los pueblos, que no sólo se trata de que sean consultados por parte del Estado sino de que se respete su decisión y no sea un proceso de consulta paternalista”.

Reforma pendiente

Para el director del Centro Tlachinollan, otro asunto pendiente es la reforma constitucional que quedó trunca en 2001, en la que los partidos políticos se “amafiaron” y aprobaron una ley que obviamente no reconoce a los pueblos como sujetos de derecho público a su libre determinación a nivel municipal, regional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica en su artículo 2 que “la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

Al respecto, indica que espera que el presidente López Obrador impulse la reforma constitucional, “y que haya en el Congreso un compromiso de hacer justicia esta demanda histórica”. Se necesita que la reforma elimine que son “gente de interés público y sean sujetos de derecho público para que se les trate como ciudadanos, como cualquier mexicano que tiene los mismos derechos en el país”.

Y es que la misma Constitución señala: “las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público”.