Ante los tres recientes asesinatos de activistas buscadores de desaparecidos, organizaciones y colectivos exigieron medidas de protección para quienes buscan a un ser querido, e instaron al Estado “a tomar acciones contundentes de manera urgente para que las cifras de desaparición en México no continúen en aumento y se pueda encontrar a las más de 90 mil personas desaparecidas”, entre ellas la instrumentación efectiva de la Ley General contra la Desaparición, la instalación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, la investigación de los casos y la transformación de los servicios forenses ordinarios para garantizar su fiabilidad.
Asimismo consideraron impostergable la visita del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, por la crisis que enfrenta México en materia de desaparición. En un comunicado, alertaron que “las personas y colectivos que realizan acciones de búsqueda de personas desaparecidas ejercen esta actividad en un contexto de constante omisión estatal y como una reivindicación indeclinable de su derecho a buscar, a la memoria, al acceso a la justicia y en exigencia del establecimiento de eficaces garantías de no repetición. En su diversidad tenaz, la lucha por encontrar a quienes no están, es fuente de dignidad, exigencia por los derechos humanos y construcción de políticas públicas que construyan paz”.
En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada (30 de agosto), los firmantes (48 organizaciones y 34 personas) destacaron tres asesinatos de buscadores ocurridos recientemente: “el de Javier Barajas en Salvatierra, Guanajuato, el 29 de mayo. Javier era integrante de la Comisión Local de Búsqueda de Guanajuato y miembro, y venía participando activamente dentro de colectivos de familiares de esa entidad. Javier buscó y encontró a su hermana en una fosa clandestina, la maestra Lupita, pero además buscaba a otras personas desaparecidas en el estado. Fue ejecutado”. El de Aranza Ramos, sucedido el 15 de julio en Ortiz, Sonora. “Aranza formaba parte de varios colectivos de búsqueda en el estado, muy activa en el colectivo Guerreras Buscadoras. Buscaba a su esposo, desaparecido en diciembre de 2020. Fue secuestrada y ejecutada cerca de su domicilio”. Y el del zacatecano Nicanor Pérez, ocurrido el 22 de julio. “ Buscaba a su hijo, desaparecido desde 2018. Nicanor fue extraído de su domicilio con violencia y estuvo desaparecido durante 5 días hasta que su cuerpo fue encontrado en una brecha de terracería al norte del estado”.
En términos de seguridad, indicaron que los tres crímenes son muestra del horror y la fragilidad en los que se desarrollan las búsquedas de desaparecidos. Además señalaron que “muchos de estos incidentes de seguridad no reciben suficiente atención pública ni son atendidos con la debida diligencia por las autoridades competentes; por ello exigieron “investigar a fondo y de manera completa todos los ataques desde el enfoque del análisis de contexto”.
Los firmantes llamaron al gobierno federal a que elabore y adopte “una política pública integral de protección para personas defensoras y periodistas que garantice la no repetición de estos sucesos que hoy tienden de manera preocupante a constituirse en un patrón inaceptable para nuestro país”.
Las organizaciones, colectivos y personas firmantes dijeron que “la transformación de México debe estar enfocada en la construcción de paz y en la garantía de buscar, encontrar, restituir y permitir que las familias puedan reconstruir sus vidas con garantías de verdad, justicia, no repetición y memoria. Para ello, es fundamental garantizar su seguridad tanto en la búsqueda, en su comunidad, y en su vida diaria”.
Para ello, advirtieron que se necesita generar condiciones para dialogar respecto de la política pública integral que fortalezca el trabajo del Estado en favor de las víctimas y quienes les acompañan. Asimismo, que “se atienda la agenda integral en materia de desaparición sin que esto implique un riesgo para quienes caminan en esta lucha, y para que todas y todos puedan encontrar a sus seres queridos en condiciones de seguridad y protección”.
Entre los firmantes figuran: Casa del Migrante de Saltillo; Centro Nacional de Comunicación Social; Colectivo Hasta Encontrarte Guanajuato; Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Fundación Find, y Servicios y Asesoría para la Paz.
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