Por todo el mundo el modelo neoliberal provoca crisis; las estructuras de un capitalismo voraz rechinan como las bisagras de las añosas construcciones a punto de derrumbarse. Y ante el reducido número de multimillonarios en el mundo, resulta insultante el crecimiento geométrico de los millones de pobres que, irremediablemente, caena los abismos del hambre y la miseria absolutas.
Lo que sucede en España es un ejemplo de cómo la insensibilidad de la oligarquía mundial sigue obsesionada en aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), a costa de aniquilar el nivel de vida de la gente.
Paradójico que para el conservador presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy Brey (quien guarda especial admiración la candidata panista Josefina Vázquez Mota), sea más importante otorgar en su país una amnistía fiscal a los defraudadores de cuello blanco, a quienes promete gravar con sólo 10 por ciento sus 25 mil millones de euros –mal habidos e invertidos en paraísos fiscales–, que evitar recortes por 27 mil millones de euros a su presupuesto, al afectar la salud y la educación.
De acuerdo con los dictados del FMI, Rajoy impondrá cargas fiscales, vía impuestos, del 20 al 45 por ciento al salario de la población de menores ingresos; además, y como sucede en México, ha anunciado incrementos a servicios básicos, como la electricidad y el gas. Es decir, serán las depauperadas clases medias y bajas las que paguen las consecuencias de un neoliberalismo que evidencia sus prácticas depredadoras con el único fin de preservar los privilegios de una reducida elite local e internacional.
Por todas las plazas del orbe, movimientos como el de los Indignados se han hecho escuchar, inclusive hasta las puertas del corazón financiero de Wall Street, como un reclamo premonitorio de que los millones de agredidos y empobrecidos (incluso en Estados Unidos) están alertando de lo que puede venir si no se corrige el rumbo a tiempo.
En nuestro país el panorama es muy similar y nada alentador: hace unos días el Congreso de la Unión aprobó modificaciones para reducir la edad (a 14 años) y castigar con mayor severidad a menores infractores. Y al igual que Rajoy, Felipe Calderón se sometió con el Congreso a los lineamientos del FMI, para aportar más de 8 mil millones de dólares al fortalecimiento del voraz organismo, a sabiendas de que con esos recursos se hubieran financiado programas de becas y de orientación a esos jóvenes, casi niños, que por no encontrar oportunidades y alicientes para salir adelante, delinquen, la mayoría de las veces, por hambre, pero que con la fuerza del Estado, se prefiere meterlos a la cárcel.
Son esos niños cuyos padres tampoco encuentran empleo, esos mexicanos a los que el “presidente del empleo” les arrebató su forma honesta de vivir, como sucedió con los 44 mil trabajadores electricistas que de la noche a la mañana, el 11 de octubre de 2009, se vieron privados de su trabajo y del futuro de sus familias.
Hace unas semanas en la Universidad Obrera de México, el maestro Pablo González Casanova acudió al llamado de diversas organizaciones obreras de vanguardia mexicanas, entre éstas el Sindicato Mexicano de Electricistas. Mediante una exposición magistral, dio el diagnóstico exacto del camino que habremos de recorrer para asumir la defensa de nuestros derechos y lograr constituirnos en un frente unido y sólido que, además de ser una fuerza social tanto en la ciudad como en el campo, recupere el manipulado estado de derecho con el que el gobierno de Calderón ha manoseado las leyes laborales para atacar de manera sistemática a gremios como el de los electricistas, los mineros y los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación, entre muchos otros.
Cito textual parte de los planteamientos de González Casanova: “Todas estas circunstancias y otras más le plantean a los trabajadores, a los pueblos y a los ciudadanos de México y el mundo, la necesidad de reformular sus luchas y reestructurar sus organizaciones para fortalecer su capacidad defensiva y para aumentar su innegable capacidad de construir otro mundo posible, menos autodestructivo, opresivo e injusto, tarea para la que existen todas las posibilidades humanas y naturales de triunfar, y para la que la humanidad cuenta con todos los conocimientos, experiencias y técnicas que permiten lograr ese objetivo”.
Reformular estas luchas nos debe conducir, de manea invariable, al llamado que ya hemos hecho, y que habremos de fortalecer y replantear el 1 de mayo próximo, a todos los sindicatos y organizaciones sociales para fundar una nueva central de trabajadores en el país que, como expuso el maestro González Casanova, cuente con una plena independencia de los partidos y promueva –no sólo en los sindicatos sino en toda la sociedad– una alfabetización política que permita que millones de mexicanos tomen conciencia de su realidad social, y de su solidaridad y lucha de clase.
Es innegable que tras este noble propósito se encuentra la voz emergente de millones de mexicanos que hartos de soportar las injusticias de un gobierno autoritario, acostumbrado a no escuchar y criminalizar las luchas sociales, ha decidido salir a las calles y decir un “¡Ya basta de agravios!” como el cobro ilegal y arbitrario de las altas tarifas de luz; ese grito de indignación que a lo largo de un anodino sexenio se ha cansado de pedir justicia por la muerte de los 49 niños y los 76 heridos (de entre cinco meses y cinco años de edad) del incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, y por la tragedia en Pasta de Conchos, San Juan de Sabinas, Coahuila, en el que murieron 65 mineros que quedaron atrapados por una explosión.
La convocatoria a una nueva Central de Trabajadores es y será un reclamo permanente que ahora, más que nunca, en México como en todo el mundo, tiene un fundamento y razón de ser. Un eco al que acudirán millones y millones de agraviados.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
