El Ejecutivo federal enviará una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que consiste en la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, con el fin de evitar posibles vínculos de los candidatos con la delincuencia organizada, ello, sin vulnerar la presunción de inocencia, explicó la consejera jurídica de presidencia Luisa María Alcalde.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la iniciativa busca evitar nexos de funcionarios con grupos criminales antes de que asuman el cargo, para evitar casos como los detectados en su administración. “Hemos vivido, desde que entramos, algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia”.
Recordó que las investigaciones comenzaron en el Estado de México, donde se llevó a cabo la Operación Enjambre para detener a presidentes municipales con presuntos vínculos con grupos del narcotráfico.
Agregó que dicha operación se replicó en otros estados en los que se detectaron actividades irregulares de funcionarios de distintos partidos políticos. Como ejemplo, expuso el caso de Teuchitlán, Jalisco, donde el alcalde de Movimiento Ciudadano, José Ascensión Murguía Santiago, fue detenido por su posible relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el rancho Izaguirre, un lugar de adiestramiento del grupo delictivo.
Además, se sumó el arresto del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, acusado de delincuencia organizada, extorsión a empresas tequileras y cerveceras, y por presuntos vínculos con el CJNG. “Mucho de esto fueron denuncias que me hizo la ciudadanía y que yo pedí que hubiera investigación”, destacó la primera mandataria.
Sheinbaum Pardo remarcó que, aunque se trata de casos aislados y no de una generalidad, “es importante, si vamos a tener elección en 2027, que se presente [la iniciativa]”.
En tanto, Luisa María Alcalde explicó que la comisión dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE), y quedará integrada por cinco consejeros electorales elegidos y votados para un periodo de tres años.
Aclaró que los partidos políticos participarán de manera voluntaria con la entrega de los listados de sus candidatos a la comisión, para que, posteriormente, las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia –como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores– puedan cruzar la información y determinar si existe un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
De acuerdo con la funcionaria, el proceso será el siguiente: los partidos entregan sus listas de aspirantes a la comisión, la cual consulta a las dependencias mencionadas y recibe un informe sobre la existencia o no de un riesgo razonable, –sin revelar detalles de las investigaciones por confidencialidad–. Con la información obtenida, los partidos políticos serán responsables de tomar la decisión final sobre si registran o no a dichos candidatos.
Además, precisó que las personas que aspiren a una candidatura deberán expresar su conformidad para ser evaluadas por esta comisión como un requisito obligatorio.
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