Frente a décadas de exclusión estructural, despojo territorial y rezagos históricos que mantienen a los pueblos indígenas y afromexicanos entre los sectores más empobrecidos del país, el gobierno federal continúa con la puesta en marcha de los Planes de Justicia y Desarrollo Regional, una estrategia que busca atender las demandas históricas relacionadas con territorio, agua, lengua, cultura, autonomía y bienestar comunitario para dichos grupos.
La apuesta de estos Planes de Justicia radica en revertir las condiciones de pobreza, pobreza extrema y marginación que históricamente han marcado a estas comunidades, a través de procesos de planeación construidos desde sus propias formas de organización y mecanismos colectivos de toma de decisiones. Estas acciones se enmarcan en el cumplimiento del recién reformado Artículo 2 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de impulsar el desarrollo comunitario y regional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, además de reconocerles como “sujetos de derecho público”.
El tema no es menor. La magnitud del rezago da cuenta de la urgencia de estos programas, pues de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los pueblos indígenas y afromexicanos continúan siendo los grupos poblacionales con mayores niveles de precariedad. En 2024, el 29.6 por ciento de la población nacional –es decir, 38.5 millones de personas– se encontraba en situación de pobreza multidimensional. Sin embargo, la brecha se profundizó en las comunidades originarias y afrodescendientes.
De acuerdo con el organismo autónomo, el 66.3 por ciento de la población indígena y el 33.2 por ciento de la población afromexicana reportaron vivir en situación de pobreza. Estas cifras evidencian que ambas comunidades siguen padeciendo los estragos de una estructura marcada por la marginación y la exclusión racial, económica y territorial.
Así, más allá del reconocimiento jurídico y discursivo, el desafío para los Planes de Justicia y Desarrollo Regional será traducirse en transformaciones concretas que modifiquen las condiciones materiales de vida de estas comunidades. Sin embargo, el optimismo reluce al interior del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), liderado por Adelfo Regino Montes, debido a que consideran que estos planes atenderán de forma focalizada a un sector específico de la población nacional, por lo se obtendrán resultados horizontales; es decir, en distintos sectores que atañen a las comunidades.
Con ello, la dependencia sostiene que la estrategia ha comenzado a mostrar resultados al articular procesos de planeación, construidos desde las asambleas comunitarias y las autoridades tradicionales, bajo un esquema que busca que las propias comunidades definan prioridades y supervisen la ejecución de obras y acciones públicas. Actualmente, en el país operan alrededor de 21 Planes de Justicia y Desarrollo Regional, concebidos como una ruta para atender agravios históricos y fortalecer el ejercicio efectivo de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Uno de los casos más recientes que el gobierno federal presenta como referente es el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, en Sonora, donde las autoridades han señalado avances en infraestructura hidráulica, restitución territorial y también obras comunitarias. Ello, como parte de una inversión acumulada de 18 mil 356 millones de pesos, desde su arranque en el año 2021. Y es que, durante una reciente evaluación federal en San Ignacio Río Muerto, se insistió en que estos mecanismos puedan trascender la lógica asistencialista para consolidar procesos de reparación, sustentados en acuerdos colectivos y participación directa de las comunidades.
Bajo esa lógica, la presente administración impulsó cinco nuevos planes de justicia en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, con la expectativa de replicar ese modelo en regiones donde persisten algunos de los indicadores más severos de marginación del país. No obstante, especialistas advierten que el alcance real de estos instrumentos dependerá menos de su formulación jurídica y más de su capacidad para traducirse en acceso efectivo a agua, salud, infraestructura, tierra y autonomía territorial, en contextos marcados por desigualdades estructurales que durante décadas han resistido los cambios de administración.
Por el momento, el gobierno federal, a través del INPI, ya puso en marcha el Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha; de los pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda del Oriente de Michoacán; del Pueblo Nahua de la Costa de Michoacán; del Pueblo de Nahua de la Costa de Michoacán; así como el Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, así como el Plan de Justicia de la Montaña de Guerrero.
De acuerdo con la dependencia, los planes operan bajo un esquema integral, participativo e intercultural que coloca en el centro a las asambleas comunitarias y a las formas propias de organización. En el caso de Michoacán, forman parte del denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mientras que en el correspondiente a la Costa Chica se busca atender rezagos históricos de la población afromexicana y fortalecer su identidad territorial y comunitaria. En tanto que, para la montaña de Guerrero, una de las regiones con mayores niveles de pobreza y exclusión del país, la apuesta oficial consiste en articular una ruta de atención basada en la ejecución directa de obras y acciones definidas desde las comunidades.
Actualmente, el gobierno federal reporta la operación de 21 Planes de Justicia y Desarrollo Regional, que dan cobertura a 2 mil 585 comunidades indígenas y 300 comunidades afromexicanas, con un universo estimado de 1.9 millones de personas beneficiadas. Sobre esta situación, en la 37 Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026, el director del INPI, Adelfo Regino Montes, sostuvo que dicha estrategia constituye “un hito en la historia nacional” y aseguró que representa una aportación de México en materia de reconocimiento y garantía de derechos colectivos, al materializar, según dijo, el principio de que “por el bien de todos, primero los pobres”.
Incluso, ya en entrevistas anteriores, el director general ha expresado que estos planes de justicia se han consolidado como un nuevo instrumento de la política pública federal, que también busca fortalecer la coordinación entre las diversas entidades y dependencias del gobierno federal. Ello, para “dar atención a las demandas, a los planteamientos de vida de los pueblos y de las comunidades”.
Tras una exclusión histórica, las demandas del pueblo indígena y afromexicano se centran en el acceso a recursos tan básicos como agua potable, caminos, servicios de salud, educación y oportunidades económicas. Y es que aún hoy en día, estas comunidades continúan enfrentando brechas profundas de pobreza, marginación y desigualdad, producto de un racismo estructural que se reproduce desde la base social y que atraviesa a algunas instituciones del Estado.
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