El gobierno de Calderón desvió casi 2 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud a medios de comunicación. Documentos de Hacienda en poder de Contralínea revelan que los recursos se extrajeron entre mayo de 2010 y noviembre de 2012. Por la presunta corrupción en contrataciones de publicidad gubernamental está en prisión el exdirector de Comunicación Social de la Ssa en ese sexenio, Carlos Olmos Tomasini. Entrevistado en 2013 por Contralínea acerca de los sobreejercicios en campañas publicitarias de Salud que investigaba la Función Pública, éste acusó que las órdenes las recibió de Presidencia, a través de Alejandra Sota y Maximiliano Cortázar, dos de los principales colaboradores del expresidente.
El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa desvió más de 1 mil 998 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud (Ssa) para el pago a medios de comunicación y de consultorías, revelan cinco acuerdos de ministración de fondos emitidos por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre mayo de 2010 y noviembre de 2012.
Desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, las secretarías de la Función Pública y Hacienda indagaban sobreejercicios por presuntas contrataciones irregulares en Salud con medios de comunicación. Las investigaciones siempre apuntaron a la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia, e incluso por este caso ya se encuentra en prisión –desde diciembre de 2022– el extitular del área, Carlos Olmos Tomasini, a quien se le imputó su presunta responsabilidad en un desfalco por al menos 300 millones de pesos.
Por ello, llama la atención que en el expediente al que tuvo acceso Contralínea mediante la Ley General de Transparencia, entre las decenas de acuerdos de ministración de fondos figuren cinco que dan cuenta de esa relación multimillonaria entre la Secretaría de Salud y medios de comunicación afines al calderonismo.
De acuerdo con esos oficios, los multimillonarios fondos públicos fueron solicitados a Hacienda cuando la Ssa era encabezada por José Ángel Córdova Villalobos, y luego por Salomón Chertorivski Woldenberg. Todos amparan gastos de campañas publicitarias y se justificaron como recursos “para atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación”. Como Contralínea lo ha documentado, transferir discrecionalmente dinero público de una partida presupuestaria a otra configuraba el delito de peculado, pero esta práctica fue “legalizada” –mediante la normativa interna– por el gobierno de Vicente Fox Quesada, cuando el secretario de Hacienda era Francisco Gil Díaz.
Y aunque una de las condiciones para otorgar esos acuerdos de ministración de fondos es que la asignación urgente se debe regularizar con cargo a los respectivos presupuestos de quien lo solicita invariablemente mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada o mediante la devolución de los mismos a la Tesorería de la Federación, la realidad es que se acababan contabilizando como sobreejercicios.
Así lo demostró el informe 10-0-06100-02-0764 de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual se documenta que en el sexenio calderonista el dinero no se devolvía a la Hacienda Pública, sino que terminaba contabilizándose como “adecuaciones al presupuesto”, es decir, las dependencias y entidades de la administración federal gastaban más de lo que se les asignaba en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados. Y eso es lo que ocurrió en el caso de la Secretaría de Salud.
Los acuerdos
El primer oficio mediante el cual se transfirieron recursos extraordinarios a Salud para pagarle a medios de comunicación por concepto de publicidad fue el 801.1.-156(10). Éste lo firmó Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, entonces subsecretario de Egresos. Como “deudor diverso ante la Tesorería de la Federación” quedó Laura Martínez Ampudia, en aquel momento subsecretaria de Administración y Finanzas de la Ssa.
De acuerdo con ese oficio, se autorizó un monto de 350 millones de pesos “para la implementación de la estrategia y programa de comunicación social 2010 (200.0 millones de pesos) y fortalecer el objeto social del Seguro Popular (105.0 millones de pesos)”.
El segundo acuerdo de ministración de fondos ascendió a 635 millones de pesos, y fue firmado por Carlos Montaño Fernández, quien sustituyó a Pérez-Jácome en la Subsecretaría de Egresos. Se trata del documento con folio 801.1.-151(11), del 15 de junio de 2011, en el cual se indica que la Secretaría de Salud solicitó el dinero público para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Asimismo, el documento especifica que 600 millones de pesos se destinarían al concepto de “difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, para dar continuidad a la estrategia del programa de comunicación social desarrollada por la CNPSS. Mientras que los otros 35 millones se gastarían en estudios e investigaciones para continuar con el desarrollo del modelo para mejorar la eficiencia y fortalecer el objeto social del Seguro Popular”.
En el año electoral 2012, Hacienda autorizó a la Secretaría de Salud los otros tres oficios multimillonarios. Los acuerdos fueron firmados por Treviño Medina, entonces subsecretario de Egresos:
-Oficio 801.1.-102, del 12 de junio, por 500 millones de pesos. Los recursos fueron transferidos a la Dirección de Comunicación Social –entonces a cargo de Olmos Tomasini– para “el pago de los compromisos generados con medios de comunicación por los servicios de difusión de la campaña adicciones, versiones: prevención y atención de las adicciones fase 1; prevención y atención de las adicciones fase 2; y red nueva vida, mediante las cuales la Secretaría de Salud informa a la población acerca de los programas preventivos, del tratamiento y control de las adicciones”.
-Oficio 801.1.-118, del 23 de julio, por 447 millones 273 mil pesos. El monto también fue entregado a la oficina de Olmos Tomasini, para “cubrir el pago por los servicios de difusión de las campañas: control de enfermedades y alerta sanitaria versión: vacunación fase 1; igualdad de oportunidades versión: infraestructura hospitalaria y equipamiento médico; y adicciones, versión: para el pago de los compromisos generados con medios de comunicación por los servicios de difusión de la campaña adicciones, versiones: prevención y atención de las adicciones fase 1; prevención y atención de las adicciones fase 2; y red nueva vida”.
– Oficio 801.1.-161, del 20 de noviembre –apenas 10 días antes de que concluyera el gobierno de Calderón– por 111 millones 144 mil 399.20 pesos. Nuevamente, el destinatario fue la Dirección General de Comunicación Social.
Según ese acuerdo, los fondos tendrían como objeto “cubrir el pago por los servicios de difusión de las campañas ‘infraestructura hospitalaria y equipamiento médico’, ‘prevención y atención de las adicciones fase 1’, ‘prevención y atención de las adicciones fase 2’ y ‘red nueva vida’; así como la campaña [de] control de enfermedades y alerta sanitaria ‘vacunación fase 1’”.
En el sexenio de Felipe Calderón, el gasto en publicidad gubernamental en medios de comunicación ascendió a 32 mil millones de pesos, y se detectaron anomalías en el uso de ese presupuesto público no sólo en Salud –donde la SFP documentó un sobregiro de 317 millones de pesos–, sino también en las secretarías de Desarrollo Social y Turismo.
Otro de los hallazgos de esas indagatorias –de las que Contralínea tiene copia– era que en 2012 –el año de las elecciones presidenciales en el que se estableció una veda electoral de abril a julio–, el gobierno calderonista gastó 6 mil 860 millones de pesos en publicidad en medios electrónicos e impresos (Reforma, 4 de diciembre de 2012). De ese total, Olmos Tomasini reconocía que la Secretaría de Salud ejerció 2 mil 500 millones sólo en aquel año, es decir el 36.44 por ciento.
Los sobreejercicios
En abril de 2013, cuando la Secretaría de la Función Pública profundizaba las investigaciones por el presunto desfalco a la Hacienda Pública mediante acuerdos irregulares entre Comunicación Social y medios de comunicación, Contralínea entrevistó a Carlos Olmos Tomasini acerca de esas imputaciones. El exresponsable de la asignación publicitaria –que por este caso se encuentra actualmente en prisión– aseguró en aquel momento que las órdenes siempre las recibió de la oficina de prensa de la Presidencia de Felipe Calderón.
Abiertamente señaló a sus extitulares Maximiliano Cortázar (2006-2010) y Alejandra Sota (2010-2012) de haberle ordenado utilizar recursos públicos para pagar miles de millones de pesos a los medios de comunicación. El entonces coordinador de Comunicación Social del Senado de la República, Carlos Olmos Tomasini, aseguró haber recibido instrucciones directas de la Presidencia de la República para otorgar las partidas presupuestales para la publicidad oficial. Las listas de periódicos, revistas y programas de radio y televisión que se beneficiarían de ello le eran enviadas desde la Secretaría de Gobernación, según dijo.
Las campañas publicitarias se decidían en la Presidencia de la República “por Alejandra [Sota] o Max [Cortázar]. Ellos eran la primera instrucción; pasaba a Gobernación y Gobernación instruía a todas las áreas”, afirmó Olmos Tomasini. Sin embargo, aceptó que de esas órdenes no hay registro documental: “Presidencia nunca te va a dar nada, porque son [instrucciones] verbales”. Y agregó: “nadie, ningún área, ninguno de los comunicadores tenemos una tarjeta o documento que te diga, o donde venga: ‘Presidencia [ordena] esto’. Te hablan, ‘haz esto’”.
Las indagatorias de la SFP y Hacienda comenzaron luego de que Peña Nieto asumiera la Presidencia de la República, y empezara a recibir presiones de medios de comunicación para que se les pagara por la publicidad contratada a fines del sexenio pasado. Ello, porque en la Secretaría de Salud no se pagaron 260 contratos por “insuficiencia presupuestal”. Es decir, la administración de Salomón Chertorivski Woldenberg heredó una deuda de 317 millones 78 mil 991 pesos a la secretaria peñista Mercedes Juan López.
Desde el inicio del sexenio de Peña, Hacienda manifestó que el dinero para el pago de esos 260 contratos nunca fue autorizado por el Congreso de la Unión ni por esa secretaría. No obstante, Olmos Tomasini aseguró a Contralínea en abril de 2013 que “las campañas [publicitarias] de salud siempre son emergentes. No tienen presupuesto. Entonces se justifica ante Hacienda y ante Gobernación el porqué de esa campaña; entonces Gobernación te dice: ‘necesitamos una campaña, busca el tema. Ya que va a ser emergente, podemos tener obesidad, adicciones; súbelo, arma la campaña’. Gobernación te da autorización e inicias la campaña y paralelamente solicitas el recurso y Hacienda te manda el dinero. Pero ya la campaña está caminando”.
El siguiente es un fragmento de la entrevista que esta revista sostuvo con Olmos Tomasini:
—¿Por qué gastaron 2 mil 500 millones de pesos en un año electoral?
—Se gastaron en enero, febrero y marzo. No se gastó después.
—¿2 mil 500 millones en 3 meses?
—Perdón, pero fue la orden que tuvimos.
—¿Quién lo ordenó?
—Presidencia y Gobernación.
A lo largo del sexenio de Felipe Calderón, la publicidad gubernamental se usó de forma facciosa, para premiar a medios afines y castigar a medios críticos (la discriminación fue documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los casos de Contralínea y Proceso, revistas que sistemáticamente fueron excluidas de esas partidas presupuestales).
La relación de complicidad que se estableció entre el calderonismo y la prensa mediante los acuerdos económicos quedó al descubierto el 23 de marzo de 2011, cuando 715 medios de comunicación –encabezados por Televisa, Excélsior, El Universal, El Economista, La Razón; grupos: Multimedios (Milenio diario), Imagen, Radio Fórmula, Radio Centro, W Radio, ACIR, Expansión; las revistas Nexos, Etcétera– uniformaron sus criterios editoriales para dejar de informar la violencia. Así, de la mano del gobierno calderonista, violentaron el derecho humano a la información del pueblo de México y el derecho humano a la verdad que tienen todas las víctimas. Su silencio cómplice ocurría en el peor momento de la crisis humanitaria en la que se había sumergido México por la “guerra” que ordenó el político de derecha para beneficio –ahora se sabe– del Cártel de Sinaloa. Además, generó un manto de impunidad a Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos por su alianza con el crimen organizado.
