Por décadas, los mexicanos hemos padecido abusos y atropellos por falta de una justicia pronta y expedita. Seguramente todos, o por lo menos la mayoría, hemos renegado en algún momento de jueces y fiscales que se venden al mejor postor y siempre fallan en contra de los pobres y de los que menos tienen. Para evitar esto, es necesario que los impartidores de justicia, ministerios públicos y jueces tengan garantizado realizar su labor sin presiones, amenazas, chantajes o sobornos; ni compromisos políticos y mucho menos personales; que tampoco con motivo de las contiendas electorales, como la que se avecina para designar nuevo presidente de la República el próximo 1 de julio, reciban línea para investigar a los contendientes políticos de oposición.
En ese entorno de injusticias, abusos de poder y tráfico de influencias, preocupa lo que sucede en la Procuraduría General de la República (PGR), en donde su titular, Marisela Morales Ibáñez, vive atrapada entre intereses político-electorales, presiones militares, negocios privados, empresarios y funcionarios corruptos, abogados mafiosos y criminales que buscan sobornar al Ministerio Público Federal a cambio de protección.
Esta presión constante a la que está sometida la primera mujer procuradora, obliga urgentemente a que su jefe inmediato, Felipe Calderón Hinojosa, acuda en su rescate y ahuyente a todos aquellos que intentan aprovecharse de la abogada de la nación e impiden que haya una sana impartición de justicia en ese importante órgano del gobierno federal.
Ante las muchas evidencias que hay sobre esas presiones, en esta entrega abordamos sólo lo relacionado con la participación de militares en la estructura de la PGR. Por ejemplo, en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales está el coronel de justicia militar Alejandro Ramos Flores, viejo conocido de la Procuraduría. Otro militar responsable del área de Inteligencia de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) es el teniente coronel de infantería Abigai Vargas Tirado. Un teniente coronel más, de apellido Lizárraga, es responsable de seguridad en las instalaciones de la Procuraduría y también se conduce como jefe de escoltas.
Pero la influencia de esos militares en la PGR rebasa a la misma procuradora y a sus subprocuradores. Por ejemplo, en el caso de José Cuitláhuac Salinas Martínez, quien a pesar de ser el titular de la SIEDO, fue hecho a un lado en las investigaciones e integración de las averiguaciones previas en contra de los tres generales y un coronel del Ejército Mexicano, quienes hace unas semanas fueron arraigados en esa Subprocuraduría por supuestos vínculos con el crimen organizado.
El que operó todo el proceso y se encargó de integrar los expedientes de los cuatro militares de alto rango, fue el teniente coronel Abigai Vargas Tirado, quien jamás informó de la investigación a superiores en la PGR y éstos sólo se enteraron hasta que habían sido detenidos los generales y el coronel.
Si la procuradora Marisela Morales desconfía del titular de la SIEDO por qué lo tiene ahí, o ¿acaso alguien la presionó para que no fuera un civil sino un militar quien se encargara de integrar dichos expedientes? ¿Qué ocultan esas investigaciones jurídico-militares en contra de generales de tres estrellas (de división)? ¿Realmente es tan peligroso el general Tomás Ángeles Dauahare? O todo se trata de ajustes de cuentas entre militares, y la PGR sólo sirvió para responder a intereses personales con fines sucesorios en la Secretaría de la Defensa Nacional.
De acuerdo con generales y coroneles consultados por Contralínea, las acusaciones y detenciones de militares de alto rango generaron malestar, inconformidad y preocupación en el primer círculo del secretario Guillermo Galván Galván, pues están conscientes de que cualquiera puede ser acusado sin pruebas y llevado a prisión por supuestos nexos con el narcotráfico o el lavado de dinero, sólo basta que se induzca a algún testigo protegido y la PGR se encarga de cuadrar el expediente.
Un académico experto en el estudio de las fuerzas armadas, Guillermo Garduño, conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional, le dijo al reportero Zósimo Camacho que el presidente de la República, Felipe Calderón, ha alterado todo el sistema de la Defensa y con dichas detenciones de los generales excluyó de la sucesión a la generación de militares anteriores a 1968.
Garduño descartó que las indagaciones de la SIEDO busquen erradicar la corrupción entre las Fuerzas Armadas de México: “Las investigaciones tienen dedicatorias muy concretas”, aseguró, pues aun y cuando los militares detenidos estuvieran involucrados con el narcotráfico, “la información la habría tenido el propio presidente de la República desde hace mucho; desde que el general Tomás Ángeles Dauahare era subsecretario de la Defensa y el general Roberto Dawe era jefe de Guardias Presidenciales”.
Según Guillermo Garduño, desde la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República se inició el desmantelamiento de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del Estado mexicano.
Hoy México “no dispone de una estrategia real de seguridad nacional. No sólo no se ha desarrollado, sino que fue despedazada. Ni siquiera se cuenta con la claridad para definir qué es la seguridad nacional. La propia ley que existe en la materia es en realidad un nuevo Código Penal Federal. Es decir, el marco jurídico es insuficiente”, asegura el investigador.
La próxima semana seguiremos con las presiones que enfrenta en su difícil labor la procuradora Marisela Morales y le toca el turno a un empresario de la construcción, también vinculado a medios de comunicación (Televisa y El Universal) y que posee gran habilidad para conseguir lo que quiere, así sea de la PGR o de otros actores políticos, sin importar el partido al que pertenezcan. Aunque en este sexenio ha sido más proclive a los funcionarios panistas, al grado que hace recordar los mejores tiempos de Carlos Ahumada, con el Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, el nuevo empresario de la construcción es más hábil, y lo mismo financia campañas políticas que hace negocios con entidades del gobierno federal. Pero de eso hablaremos en la próxima entrega. Por lo pronto duerma bien, procuradora.
*Periodista
