En la actual coyuntura que vive México, es fundamental analizar la criminalización del poder presidencial con Felipe Calderón. Ha corrido mucha tinta y se ha gastado mucha saliva respecto a lo hecho y dicho durante el gobierno calderonista (2006-2012), y de su brazo fuerte, Genaro García Luna, desde la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente en lo relativo a su estrategia criminal. Lo retomamos en un nuevo enfoque con una tesis central que es la que denota el título de este ensayo. Lo haremos mediante el uso de una trilogía de obras publicadas. De igual manera, trataremos de sistematizar y hacer converger los pasajes más relevantes, así como las acciones fundamentales narradas por los tres autores, cuyas afirmaciones no han sido desmentidas por nadie en forma precisa y alusiva a las obras, en las cuales fueron publicadas.

No son novelas de ficción. Son investigaciones periodísticas, narrativas basadas en la documentación y fuentes diversas (incluyendo un número variado de entrevistas directas con actores cercanos al expresidente y a su secretario de seguridad). En éstas, fundamentan su dicho, opiniones y aseveraciones. Se publicaron en 2020 y son: Felipe, el oscuro de Olga Wornat; El licenciado de J Jesús Lemus, y García Luna, el señor de la muerte de Francisco Cruz.

Asimismo, tenemos algunas otras obras de apoyo. Sin embargo, esta trilogía crítica y de denuncia sobre un gobierno y una estrategia criminal formulados en Estados Unidos es la más importante.

Esa táctica fue seguida y aplicada por el secretario de seguridad pública. No sólo fue fallida, sino también desastrosa. Se volvió contra el propio Estado mexicano y su impacto para México fue tan negativo que aún hoy en día no se ha logrado erradicar del todo.

Los nexos previos con las organizaciones criminales se ilustran así desde el mes de agosto de 2006 –ya “electo” Calderón–. Jorge Zermeño fue presidente panista de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Asistió al bautizo de la hija de José Guillermo Llamas, senador electo del PAN, en compañía de Felipe Calderón (Fecal).

Junto a su mesa había un invitado especial: Sergio Villarreal Barragán, el Grande. Este destacado capo de la organización de los Beltrán Leyva es cuñado de uno de los hermanos de Jorge Zermeño. Con éste, Fecal  conversó y brindó (OW, p. 29).

En 2006, el predominio criminal correspondía a la alianza entre el Cártel de Sinaloa (CDS) y los Hermanos Beltrán Leyva (CBL). “La Gerencia” –cuyos líderes se reunieron en Culiacán– eran Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, e Ismael el Mayo Zambada. Discutieron los términos que impulsarían a Genaro García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón.

Lo conocían y habían “trabajado” con él desde que fue Coordinador General de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) con Vicente Fox, y luego titular de la AFI –Agencia Federal de Investigaciones, que sustituyó a la Policía Judicial Federal–; entre otros cargos. De igual manera, ayudó a la fuga del Chapo Guzmán de la prisión federal de Puente Grande, Jalisco.

El Barbas y el Mayo Zambada ya le decían “El Licenciado”. Acordaron que la mejor estrategia era “el dinero”; es decir, comprar la futura SSP. Jesús Zambada García, el Rey, ya había concretado este recurso del “soborno” con García Luna, en el caso de la fuga del Chapo Guzmán.

El propio Barbas había canalizado “algunos pagos al Licenciado por varios millones de dólares” por tales servicios, mediante el abogado Oscar Paredes. Otro fin era conocer el curso de las averiguaciones previas en contra de miembros del CBL en la PGR.

Entonces, el acuerdo fue “sobornar al propio presidente de la República”. Esta información fue dada a Lemus por Sergio Enrique Villareal en la propia prisión de Puente Grande. En ésta, estuvieron juntos, aunque por causas distintas.

—¿Cómo hacerlo llegar?—, preguntó el Barbas, a través de Sergio Enrique Villarreal, el Grande.

No olvidar que, según Wornat, Calderón y Sergio Villareal se encontraron y socializaron en un bautizo del cuñado de Villareal (octubre, 2006), un senador del PAN electo, casado con la hermana de éste último (pág. 29).

Además, se acordó que “no escatimarían en dinero”. El Grande se puso en contacto con su familiar –cuñado– y le pidió una reunión con Felipe Calderón. En este momento, Lemus sitúa los preparativos del bautizo de su hija –sobrina del Grande e hija de su hermana–. Ahí, coincidieron y platicaron ambos: Felipe Calderón y Sergio Villarreal (págs. 18-20).

En los tiempos previos a la toma de posesión de la presidencia de México por Calderón, encontramos a García Luna agrupado en actividades de inteligencia con su jefe en el CISEN, el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, además de Luis Cárdenas Palomino. Supieron de la derrota del PRI frente a Fox antes que nadie, mediante las encuestas practicadas en el mencionado órgano administrativo.

Esto es importante. Los tres acumularon información “de miles y miles de documentos” producto “de la inteligencia policial y el espionaje” sobre el candidato Fox y otros panistas y priistas. Estaban al servicio del candidato del PRI, Labastida Ochoa, quien tuvo acceso a carpetas en manos de Enrique Jackson. “Entregaron a la prensa” las indagaciones.

Nada funcionó. Sin embargo, se quedaron con un acervo importante que llegó a manos del secretario de gobernación Diodoro Carrasco, mando superior en el CISEN.

Había otras carpetas con información de priistas en manos de Fox integradas y analizadas por Ramón Martín Huerta –luego muerto en “accidente” aéreo–. En ambos casos, había copias de varios cheques millonarios de grandes empresas mexicanas y fuentes extranjeras para ambas campañas. Eran operados desde oficinas privadas y “casas de seguridad”, las cuales funcionaban con equipo para espionaje.

Aparte, estaban los archivos acumulados durante el paso de García Luna por la AFI creada por Vicente Fox (noviembre, 2001). Nadie sabe cuál fue el destino o el final de esos documentos. Lo seguro es que están en manos del exsecretario de Seguridad Pública (págs. 68-69).

Mi hipótesis es que, del cambio de unas manos a otras de estas carpetas, pudieron haber surgido los casos “Amigos de Fox” y “Labastida con el Sindicato de Pemex”, parte de las cuales llegaron a los consejeros del IFE. Con esto, se neutralizaron ambas fuerzas políticas.

Después del triunfo de Fox, se desarrolló una especie de “operación limpieza” mediante la destrucción masiva de documentos, fotografías y grabaciones y videos. García Luna fue el encargado de ello.

Probablemente guardó la información más relevante para sí y su grupo criminal en desarrollo. Ésta incluía datos sobre grupos criminales, organizaciones y líderes políticos, acopiada en el CISEN.

Dentro de lo que se destruyó, había evidencias de su propia historia. De pronto García Luna apareció encumbrado, pero “sin datos”. Tramitó la protección de su nombre y apellidos contra fines comerciales –expediente 2050567–, así como su imagen –expediente 2052045– (Cruz, págs.17-32).

Pronto se especializó en inteligencia y contrainteligencia de campo identificando opositores, agitadores, guerrilleros, orientados contra el gobierno de Salinas de Gortari, con especial cuidado en Chiapas –le encargaron “el caso” del subcomandante “Marcos”– y la selva lacandona.

Luego se hizo “amigo y protector de Felipe Calderón”. Dirigió la seguridad durante su “toma de posesión” en la Cámara de Diputados entrando por la puerta trasera y poniéndose él mismo la banda presidencial. Desde entonces, Fecal “daba licencia ilimitada a las operaciones de García Luna” (Cruz, pág. 59). Ya había aprendido a negociar con los narcotraficantes. Por eso lo reclamaban como el policía ideal en la SSP.

Este personaje propondría “la gerencia” como SSP, a través de un soborno relevante al presidente Calderón, según Lemus. Respecto a García Luna, Francisco Cruz dice: “hay pruebas de que desde 2006 ya estaba asociado al narco y de que su guerra personal contra los cabecillas del crimen organizado […] era una mera pantalla para cimentar el poder de Joaquín el Chapo Guzmán Loera e Ismael el Mayo Zambada, líderes del Cártel de Sinaloa” (pág. 75).

Tomen nota, ustedes lectores, de las coincidencias de tres autores distintos que por diferentes caminos llegan a una misma zona de conocimiento: el García Luna, que asciende al poder con Calderón, era un narcotraficante asociado y consumado.

No inicia su actividad criminal desde el cargo de SSP. No, era un criminal consumado y reconocido. Por ello, lo quieren los líderes de las organizaciones criminales agrupados en “la gerencia” como “su” SSP. Tenía un negocio hecho que lleva a Calderón como “presidente” y deciden compartirlo. Es nuestra hipótesis.

En conversación privada con Lemus, Sergio Enrique Villareal, el Grande –jefe de sicarios del CBL–, confesó haber sido el encargado de negociar y entregar el dinero del soborno directo a Presidencia de la República, con el objetivo de colocar a García Luna –formado hasta antes en los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, más con Vicente Fox– en la SSP.

Era necesario mucho dinero, porque varias “quejas y acusaciones” de acciones delictivas previas pesaban sobre él, como la represión en el “caso Atenco” –en mayo de 2006, al frente de la AFI–.

Sin embargo, el 20 de noviembre de 2006 –luego de que el TRIFE reconoció el triunfo de Calderón–, García Luna fue nombrado secretario de Estado en la cartera de la SSP (Lemus, págs. 119-120).

Para entonces, la relación con Arturo Beltrán Leyva estaba consolidada. “Lo presentó con el Mayo Zambada durante una reunión en Ciudad de México en abril de 2004” (Lemus, pág. 121).

Felipe Calderón tenía total confianza en el cuñado del Grande. Fue coordinador de la bancada del PAN –con Fox– y luego Senador –también había sido comandante de la policía judicial en Coahuila–, quien había tenido una relación con García Luna desde su responsabilidad al frente de la AFI (Lemus, pág. 123). Vayan tomando nota de esta red de vinculaciones delictivas.

Sergio Enrique Villareal Barragán operó antes para el Cártel de Juárez (CJ) por conducto de Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. En ese entonces, José Guillermo Llamas era comandante de la policía judicial en Coahuila, luego rompió con el CJ y se unió a los Beltrán Leyva (CBL).

En la reunión de 2004, GGL-Villarreal Barragán, el mensaje de Arturo Beltrán fue que lo dejara operar libremente. García Luna aceptó a cambio de “una contraprestación” de 500 mil dólares mensuales (Lemus, pág. 124). Sin embargo, también se consideró el pago para la filtración constante de información “para ayudar a la AFI a obtener resultados rápidos”.

Quedó en 250 mil dólares mensuales para los colaboradores del jefe de la AFI, y 150 mil dólares para el Licenciado” (Lemus, pág. 124). Además, “había luz verde” para que la AFI capturara miembros de bajo rango del CBL y justificar así la lucha contra la narco-criminalidad.

En muchas ocasiones, el dinero se entregaba por medio del hombre de confianza del Grande: Edgar Valdés Villareal, la Barbie, quien después se reveló que era informante de la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés), además de jefe del grupo de los Negros, un grupo de reacción del CBL (Lemus, pág. 125).

Hasta aquí destacan cinco cuestiones de importancia. La primera: García era un producto directo y nato de los organismos de seguridad, policía e inteligencia del aparato autoritario, represivo y presidencialista del PRI, luego imbricado con el PAN –Fox y Calderón–.

Se convirtió en socio de los intereses del CBL y en consumado facilitador del narcotráfico en México, además de informante de dicha organización criminal –órdenes de captura, operativos militares, etcétera.– cuando se integró en primera línea al gabinete de alto nivel.

La segunda: García Luna negoció con dicha estructura criminal transnacional, la cual ofrece a Fecal desde antes de su toma de posesión de la presidencia. Éste acepta, a partir del momento en que acuerda con el CDS y CBL colocarlo como secretario de seguridad.

La tercera: se estaba convirtiendo al CBL en el cártel más poderoso de México –esto al atacar a los rivales con información del Grande–. Sin embargo, cuando el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán rompen relaciones, García Luna trata de trabajar para los dos cárteles. No es posible y se decanta en favor del más fuerte: el CDS.

Esta decisión influyó sobremanera en la reconfiguración del mapa político y de fuerzas criminales en México, entre 2008-2009. Con la ayuda de las fuerzas policiales federales al mando de Fecal-GGL, el CDS salió fortalecido de su enfrentamiento con sus anteriores aliados (Hernández, pág. 230). En adelante, nada volvió a ser igual.

La cuarta: así como Felipe Calderón es un producto natural de la alianza criminal entre PRI-PAN para desarrollar y expandir un ciclo de captura del Estado mediante una mafia, García Luna es un prototipo de la corrupción y el asalto al poder público de dicha alianza que caracterizó al PRIANATO, desde el ascenso de Carlos Salinas a “la alternancia” con Fox, alianza articulada al crimen trasnacional.

¿Nadie supo ni sospechó nada? Demasiado difícil de aceptar como verdad. Por ello, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la influencia, negocios con contratos a su favor y corruptelas diversas de García Luna establecen una línea de continuidad. No hay nada accidental ni coyuntural.

Y la quinta: un grave problema –el cual forma parte de la corrupción y la impunidad estructural en el Estado mexicano– es que la “oligarquía política y económica” en México no se investigaba entre sí.

Realizaban un “pacto mafioso de silencio” –el Omertá de la oligarquía mexicana corrupta– que se renovaba cada sexenio. Por ello, se podía ser un capo consumado y un negociante que lavaba dinero producto de las asociaciones criminales, como García Luna, y nadie decía nada.

Venía del PRIANATO. A ellos servía y trabajaba. Se enriquecía para sí mismo. Aunque se supo que en el ejército y la Marina empezaron a investigar a García Luna. Tres generales pretendieron entregar un informe al presidente electo Fecal. Para ello, se reunieron con Juan Camilo Mouriño y trataron de bloquear su continuación en la inteligencia y la seguridad. En una cena en el restaurante Winston Churchill’s, entregaron el documento a Mouriño. Al leerlo, lo lanzó sobre la mesa y se fue. La relación había crecido.

Entre otros temas, en las carpetas militares había datos sobre los “donativos” del Cártel del Pacífico a la campaña de Felipe Calderón, a través de García Luna (Wornat, pág. 81). La pudrición venía de atrás y llegaba al presente. Fecal se engancha desde la campaña con el crimen trasnacional.

Nunca hay que olvidar los grandes acervos de información de muchos líderes políticos y diversos funcionarios públicos de una década atrás, por lo menos, cuando no nos expliquemos por qué tantas condescendencias con García Luna.

Tenía “en sus manos” una parte importante de la clase política corrupta –incluyendo a la familia de Fox y Calderón–. Bastaban algunas filtraciones a la prensa y pondría en cuestión su carrera política. Como nunca antes era cierto que “la información es poder”, sabiéndola usar.

En esa línea de acción, formó el “cartel de narco-funcionarios” llamado “los siete jinetes del apocalipsis”, su más estrecho círculo de poder y complicidad criminal.

Durante el sexenio de Fox –y unos años después, en el de Calderón–, explotaron los secuestros como una veta de negocio. De esto, José Antonio Ortega –autor del libro El secuestro en México– responsabiliza a García Luna y a Luis Cárdenas Palomino. Ofrece varios datos para sustentarlo (Wornat, pág. 69).

Una segunda reunión se realizó en la sierra de Durango a mediados del mes de septiembre de 2006. Su fin era concretar el plan de sobornar al presidente de la República y colocar a un aliado probado entre Arturo Beltrán Leyva y el Mayo Zambada como secretario de Seguridad Pública.

Además, por el Cártel de Sinaloa, estuvieron Juan José Esparragoza, Dámaso López Núñez y Joaquín Guzmán Loera. Con Arturo, estuvieron Héctor y Alfredo Beltrán Leyva, Alfredo Beltrán, alias el Mochomito, y Sergio Enrique Villarreal Barragán.

Se informó “de lo avanzado de la operación”. Arturo el Barbas se encargó de terminarla. Asimismo, pidió integrar una bolsa de 20 millones de dólares; la primera mitad para iniciar la negociación directa a través de Guillermo Anaya Llamas, cuñado del Grande y senador electo del PAN, ya conocido de García Luna.

Nuevamente, se comisionó a Sergio E Villareal para ello. Debería quedar cerrado en un mes (Lemus, págs. 130-131). El primer contacto entre Calderón Hinojosa y el Grande fue en el bautizo de la sobrina de este último, dato en el que coinciden Wornat y Lemus, el 24 de agosto de 2006, en Torreón, Coahuila. Lo narra así:

“Le pedí al ‘licenciado’ García Luna que él mismo me concertara una cita con el licenciado Calderón”, dijo el Grande y pidió “un plazo de unos días”. Una semana después (en octubre de 2006), se concretó en una casa de la Ciudad de México. Duró unos 20 minutos.

En ese momento, Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, era colaboradora estrecha del Mayo Zambada. Asimismo, se encargaba de los contactos en Colombia para la provisión de cocaína (Lemus, pág. 130). Más abajo establecemos por qué este dato es relevante.

Ante la oferta “Calderón no contestó nada”, le pidió que llevara un mensaje de regreso: “Dile a los señores que estén tranquilos, que no se les va a molestar”.

El Grande le preguntó al presidente “electo” que a dónde le hacía llegar el dinero. A esto, respondió que “ya se lo harían saber” (Lemus, págs. 133-134). Villarreal Barragán contó que entregó el dinero a un “teniente del ejército que me recibía en la puerta de Los Pinos, y luego entraba a saludar al presidente”. Dijo “allí está el saludo de los señores” (Lemus, pág. 134). El negocio se había cerrado. La compra se había consumado.

En el juicio del Chapo Guzmán en la Corte de Brooklyn, Nueva York, Jesús Reynaldo Zambada García, el Rey –líder de plaza del Cártel de Sinaloa en la Ciudad de México–, presentó su testimonio en contra.

El Chapo Guzmán fue arrestado en 2008 y extraditado en 2012. Firmó un Acuerdo de Colaboración con el gobierno de Estados Unidos, después de declararse culpable de los cargos.

Fue interrogado por el abogado de apellido Purpura, quien le preguntó: “¿Si el Mayo pudiera corromper al Presidente de México lo haría?”. “Tal vez”, respondió el Rey.

Siguió el abogado: “Su hermano tenía un particular interés en una persona llamada García Luna, ¿cierto?”. “Correcto”, admitió Zambada”. De igual manera, reconoció haberlo sobornado en 2007, a nombre del Cártel de Sinaloa.

Antes, entre 2005 y 2006, el Rey se había reunido con García Luna por primera vez y con el abogado de su hermano, Oscar Paredes, en un restaurante de la Ciudad de México.

En esa ocasión, el soborno fue de 3 millones de dólares, con el propósito de colocar a un hombre del Mayo como líder de la policía de Culiacán. El segundo fue en 2007. Éste consistía entre 3 y 5 millones de dólares para que el cártel pudiera operar sin contratiempos (Ibarra, pág. 84). Esta versión es plenamente coincidente con lo contado por el Grande a Lemus, como consignamos más arriba.

Las relaciones con el gran capital, productivo, comercial y de servicios de Felipe Calderón estuvieron marcadas por dos pivotes centrales: la exoneración del pago de impuestos se estima en 4 billones de pesos que Fecal perdonó a los grandes empresarios –la deuda que dejó equivalía a 5 billones de pesos; son cifras cercanas–.

Y el gran capital con enormes partidas publicitarias –20 millones de pesos, cinco veces más que el promedio sexenal– para los medios masivos de comunicación.

Ya “ablandados”, llegó el “pacto del silencio”, la autocensura comunicativa suscrita con 715 medios de comunicación, “para redefinir la cobertura y el tratamiento dado a las noticias sobre violencia, crimen organizado y narcotráfico”. El presidente Calderón y García Luna les garantizaron protección a sus diversos intereses. (Cruz, pág. 92).

La prensa y los medios escritos, hablados, no molestarían ni incomodarían. Tampoco derivarían temas que pudieron causar dudas o disensos sobre los espinosos asuntos que gestionaban y procesaban a diario. Había vía libre.

Ello ofrecía una amplísima cobertura, una inmensa burbuja protectora de simulación y complicidades implícitas, en favor de la red de captura del Estado e impunidad. La misma partía del poder presidencial y nutría como nadie a García Luna.

De igual manera, fue lo que hizo posible que prosiguiera el desarrollo de las estructuras de asociación y negocios criminales con los cárteles del crimen trasnacional.

Como Jesús Reynaldo Zambada, el Rey, dijo en el juicio al Chapo: “los funcionarios públicos eran una división específica de la estructura del Cártel de Sinaloa […] los pagos se distribuían una vez al mes [iniciando con] 300 mil dólares al director de la Procuraduría General de la República” (Ibarra, pág. 65).

En una entrevista de más de dos horas en el programa de Adela Micha, Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, habló de muchas cuestiones relativas al narcotráfico.

En un momento de la conversación –que se desarrolla con medias palabras, medios relatos, sin nombres–, probablemente refiriéndose al Mayo Zambada, Adela Micha pregunta: “¿Para qué quieres vivir 30 años en el monte? ¿Para qué quiere acumular tanto dinero? ¿Para vivir 30 años en el monte escondido?”. Sandra responde: “Es su hábitat, están acostumbrados a eso”.

En otro momento, aludiendo a la incorporación de niños en las filas del narco, Adela Micha pregunta:

—¿Qué se hace para que esto no suceda?

—El gobierno. Si el gobierno lo permite, va a seguir pasando. Si no lo permite, no va a pasar. ¿Cómo le dices al gobierno que no se involucre con ellos?—, contesta Ávila.

—Bueno, esa era una posición muy firme de Felipe Calderón, por ejemplo—, dice Micha.

—¿Lo hizo?—, cuestiona Ávila.

—Bueno, lo intentó—, contesta Adela Micha.

—¿Felipe? No. Felipe estaba bien metido con el narco—, responde la Reina del Pacífico.

—¿Cómo puedes hacer esas declaraciones públicamente sin tener pruebas? Sandra también, es muy grave lo que estás diciendo—, indica Micha.

—¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Si yo ahorita entrego una tonelada de droga, ¿le voy a decir dame un recibo? ¿Verdad que no?

—Pues no, no…

—Entonces yo no tengo pruebas, si voy y le cobro me van a decir, no te pago porque no tienes pruebas para cobrarme—, señala Ávila.

—Entiendo. Pero tú de oídas dices que Felipe Calderón estaba metido con el narco, y él fue el que le declaró la guerra al narco…

—Era su slogan—, responde Ávila. —De todo lo que hemos hablado, ¿de qué tengo prueba? ¿Cuál sí me crees y cuál no me crees?

—¿Te consta? ¿Tienes pruebas?

—Me consta—, prosigue Sandra Ávila. —Porque lo vi, lo viví y lo oí.

Recomendamos ver y escuchar desde 1 hora con 50 minutos, hasta el 1:57 minutos, en que transcurre esta discusión en concreto.

De esta manera, observamos en esta entrevista en televisión nacional, como Sandra Ávila, la Reina del Pacífico, colaboradora estrecha de Ismael el Mayo Zambada, líder primero del Cártel de Sinaloa, coincide en sus afirmaciones con los autores que hemos citado; en especial, con Lemus y Wornat.

Asimismo, corresponde con el testimonio del Rey Zambada en el juicio del Chapo. Se dice por la autora del libro surgido de su presencia en el propio juicio:

“Días antes, en una conversación filtrada entre los abogados y el juez Cogan, se dijo que el Rey confesaría haber sobornado al presidente de México. Antes de la última sesión de testimonio de Zambada, la fiscalía presentó una moción para suprimir una línea de interrogación que podría implicar a terceros” (Ibarra, págs. 85-86).

Se entiende que el juez Cogan decidió no proceder con esa parte del interrogatorio, en el cual se sabía lo que venía: una verdadera “bomba diplomática”.

Sin embargo, esto no fue así porque se pusiera en duda el testimonio de uno de los testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia. Son muchas coincidencias en puntos centrales, que provienen de dentro del Cártel de Sinaloa como coprotagonistas del proceso que venimos describiendo e interpretando.

Hay un punto álgido más, y una modalidad de criminalización del poder y la institucionalidad pública que se produjo durante ese sexenio calderonista: la compra de droga por los mandos policiacos y altos funcionarios públicos. Posteriormente, ellos mismos revendían los cargamentos de cocaína “a precios de mercado”.

Este dato y circunstancia se revela en el libro El traidor (2020) basado en el diario de Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada, apodado el Vicentillo. Se narra en los siguientes términos:

“El dinero sucio fue el abono que hizo crecer la eficaz colaboración entre policías y el Cártel de Sinaloa […] no sólo les ayudaban a combatir a los Zetas, cuando estaban en guerra contra ellos, sino también a mover droga tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como vía terrestre. [….] La SSP de García Luna y la PF llegaron a estar tan comprometidas con el Cártel de Sinaloa que hasta se volvieron clientes. Sí. Les compraban droga que luego los propios mandos de la PF vendían por su cuenta. Cifuentes comentó que esos servicios de recuperar maletas y vender droga, no sólo se lo brindó la servil gente de la SSP a él, sino también a la Barbie” (Hernández, págs. 187-188).

Hildebrando Alexander Cifuentes Villa fue un narcotraficante colombiano que se integró al primer círculo de colaboradores del Mayo Zambada y el Chapo Guzmán.

Y aquí surge una nueva hipótesis: ¿Cuánto de los “decomisos” que se publicitaban en medios de comunicación producto del trabajo “combativo” de la SSP-PF eran realmente destruidos?

Es decir, “decomisar cargamentos” de otros grupos criminales enemigos del Cártel de Sinaloa era parte del narco negocio asociado que llevan al cabo “las huestes” de GGL-Fecal, con esta última estructura criminal.

Probablemente, eran repartidos entre ambos “cárteles” que formaban una sola red de macro criminalidad trasnacional e impunidad, a partir de la jefatura del Estado mexicano. A eso, lo llamamos la criminalización del poder presidencial.

El conjunto de actos, hechos, acciones y procesos al interior de las instituciones públicas del Estado mexicano durante el gobierno de Calderón son materia del Derecho Penal; de los ordenamientos públicos que castigan las conductas delictivas deliberadas y asociadas con fines de vulneración del Orden Constitucional y del Mandato otorgado por la Nación a un Jefe del Poder Ejecutivo.

Hoy es un estado de veracidad histórica, ya que se produjo una captura del Estado con fines delictivos por una red criminal que aseguraba la impunidad para quienes estaban eslabonados en la cadena de esta mafia.

El vértice de esta red de macro criminalidad trasnacional era el propio presidente de la República, aunque el gran operador de esta cadena en el frente policiaco y del narcotráfico multinacional fuera García Luna, de acuerdo con lo antes citado. El eje estratégico de la red mafiosa “de narco-funcionarios” era Fecal.

Esta dualidad se parece a la simulación táctica producida dentro del propio Cártel de Sinaloa: el “jefe de capos” real fue siempre el Mayo Zambada. Sin embargo, todo hacía pensar, y de esa manera fue simulado, que el líder superior era Joaquín Guzmán Loera.

No era así. De igual manera, el jefe mayor de la red sexenal de macro criminalidad trasnacional e impunidad no era García Luna, sino Calderón, toda vez que dicha red o pirámide mafiosa tenía en su vértice al mismo presidente como pieza fundamental de la propia captura del Estado mexicano.

Estamos hablando de una macro estructura criminal trasnacional de doble naturaleza dentro de las instituciones públicas del Estado y desde los espacios del crimen organizado; ambos fuera del orden constitucional.

Esta impunidad duraría mientras el PRIANATO estuviera en el poder. De allí, el renovado pacto de impunidad de Calderón-Peña Nieto. En televisión abierta y en horario estelar, Jorge Castañeda lo mencionó en varias ocasiones. También, lo reveló en una entrevista a un diario nacional –El Universal, 6 de junio, 2018–.

Calderón tuvo la información sobre la estructura de financiamiento paralelo-caso Monex-Odebrecht, que se generó en la campaña de Peña Nieto. Tan grave que hasta el IFE se vio obligado a investigarlo –La Jornada, 13 de agosto, 2020–. Pero no pasó nada.

Esta macro estructura criminal trasnacional de doble naturaleza, simbiótica, no termina con el fin del régimen calderonista que prosigue la captura de facto mediante la red de macro criminalidad trasnacional del Estado y el gobierno mexicano.

El cambio de régimen no trajo consigo la ruptura de la red de macro criminalidad transnacional y de impunidad. Ésta venía desde el gobierno anterior y de los gobiernos precedentes del PRI. Continuó en el gobierno posterior de 2012-2018.

Es necesario ampliar y profundizar la investigación.

Jorge Retana Yarto/Primera parte

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