Uno de los argumentos que empleó María Amparo Casar Pérez para que le fuera restituida la pensión vitalicia millonaria que Pemex le paga presuntamente de forma irregular desde 2004 –cuando ella era alta funcionaria del gobierno de Fox, y su esposo laboró 4 meses en la petrolera y luego se suicidó– es que no tenía manera de subsistir sin ese recurso público. El testimonio dado al juez es falso: en 2023, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad le pagó 5 millones 714 mil 360 pesos (476 mil pesos mensuales) por sus servicios de presidenta de esa asociación civil, consta en su información contable. Además, se revela que el año pasado la organización fundada por Claudio X González Guajardo recibió donativos del gobierno de Estados Unidos por 40.8 millones de pesos; que destinó 25.9 millones al pago de textos cocinados como supuestos reportajes, entre los que se incluyen los montajes contra los hijos del presidente López Obrador; y que destinó 35 millones a la especulación financiera (inversiones en valores de renta fija), entre otros detalles relevantes como el sueldo de su secretario Darío Ramírez, por 2 millones 712 mil 488 pesos
Los archivos contables de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de 2023, revelan que su presidenta, María Amparo Casar Pérez, habría rendido un falso testimonio ante el Poder Judicial de la Federación para obtener un amparo y seguir cobrando la pensión vitalicia de Petróleos Mexicanos, por más de 1 millón 500 mil pesos anuales. Y es que uno de los principales argumentos en el juicio que promovió contra Pemex para que le restituyera los 125 mil pesos mensuales y el pago del gas y la canasta básica con dinero del pueblo, fue que no tenía otros medios económicos de subsistencia.
Sin embargo, la información interna indica que, tan sólo el año pasado, Casar Pérez cobró 5 millones 714 mil 360 pesos por sus servicios como presidenta de dicha asociación civil –fundada por el empresario Claudio X González Guajardo, abierto opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y uno de los principales difusores de desinformación, como las campañas de propaganda negra del narco presidente, narco candidata y narco gobierno–; esto es que, cada mes, la exfuncionaria del gobierno de Vicente Fox se embolsó 476 mil pesos.
El monto representa 3.6 veces el sueldo neto del presidente de la República, que asciende a 129 mil 87 pesos. El dato es relevante porque la organización de Claudio X se financia con dinero público: recibe donativos deducibles de impuestos, lo que se considera una transferencia indirecta del erario de la nación, pues esos ingresos los deja de percibir la Hacienda Pública a través del Servicio de Administración Tributaria.
En su conferencia del 13 de mayo pasado, López Obrador dio a conocer que el abogado de la señora María Amparo Casar “sostiene, entre sus argumentos, que si le quitan la pensión –los 125 mil pesos– se queda sin recursos, se afecta su subsistencia; pero Pemex, y cualquiera de ustedes, puede encontrar en las páginas oficiales… que en ese instituto para ‘combatir la corrupción’ entre comillas [en referencia a MCCI] le pagan creo que 250 mil pesos mensuales. ¿Entonces, cómo se va a quedar [sin dinero]?”
La realidad es que no son 250 mil pesos, sino casi medio millón de pesos lo que le paga Mexicanos Contra la Corrupción cada 30 días. A pesar de que claramente es un salario muy por encima de lo común –el salario mínimo en México asciende a 7 mil 468 pesos mensuales–, en menos de 24 horas el juez federal ordenó a Pemex que le restituyera la pensión vitalicia. Decisión que tampoco tomó en cuenta que la petrolera denunció a Casar Pérez y a sus hijos Fernanda y Carlos Márquez Padilla Casar ante la Fiscalía General de la República, por un presunto fraude continuado contra sus finanzas, por más de 31 millones de pesos.
Como Contralínea lo informó, el expediente de este caso revela que la pensión vitalicia se habría otorgado presuntamente de forma ilícita durante la administración de Fox –cuando Casar Pérez era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel–, luego de que el esposo de la presidenta de MCCI (Carlos Fernando Márquez Padilla García) se suicidó en las instalaciones de la petrolera el 7 de octubre de 2004, con sólo cuatro meses de laborar en la empresa.
El 1 de junio de 2004, el esposo de María Amparo Casar fue contratado como coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex, entonces a cargo de Octavio Aguilar Valenzuela, hermano del entonces vocero de Fox, Rubén Aguilar Valenzuela.
A pesar de que desde los primeros días los peritajes arrojaron que el funcionario recién ingresado a Pemex se había quitado la vida de forma voluntaria, al arrojarse desde una ventana del piso 12 del edificio A de la Torre de Pemex en la Ciudad de México, el 15 de octubre María Amparo Casar y sus dos hijos tramitaron las pensiones, y ese mismo día se les autorizaron. En aquel año, la paraestatal estaba encabezada por Raúl Muñoz Leos, quien fue despedido en noviembre por otro caso de corrupción relacionado con los negocios que cabildearon los hijos de Marta Sahagún a favor de Oceanografía.
De acuerdo con la información de Pemex, para el 28 de octubre de 2004 empezaron a cobrar, a pesar de que el reglamento de la paraestatal indicaba que sólo procedían cuando era muerte accidental o natural. En el caso de los hijos, se les pagó con dinero del pueblo las colegiaturas de licenciatura y maestría en el ITAM, por 1.8 millones de pesos. Mientras que Casar Pérez se embolsó más de 29 millones de pesos desde aquella fecha y hasta febrero de 2024 por concepto de pensión vitalicia. A estos montos se suman los 17.6 millones de pesos que ella también cobró por los seguros de vida.
Así, mientras entre 2019 y 2024 ha sido una de las principales artífices –junto a su jefe Claudio X– de decenas de estrategias mediáticas y jurídicas para debilitar al gobierno federal, con el erario de la nación se le pagaba hasta el gas y la canasta básica. Luego de que el caso se hizo público, la presidenta de MCCI promovió un juicio de amparo para que le fuera restituida la paga, lo que ocurrió hace un par de semanas, por lo que Pemex ya le habría entregado otros 375 mil pesos del erario nacional correspondientes a los meses de marzo a mayo.
El expediente contable de MCCI
Entre los opositores a la 4T vinculados a MCCI fluye el dinero a raudales. No sólo María Amparo Casar es beneficiada con salarios elevados. Otros honorarios a directivos del grupo de presión MCCI que quedan al descubierto en la información contable de la organización son los que pagó a su secretario Darío Manuel Ramírez Salazar –exrepresentante de la organización Artículo 19–, quien el año pasado obtuvo 2 millones 712 mil 488 pesos (lo que equivale a 226 mil pesos al mes); y a su vocal Sara Luz González Ortiz, quien percibió 573 mil 100 pesos al año (47 mil 758 pesos al mes).
En cuanto a la nómina general, la información contable de Mexicanos Contra la Corrupción reporta para 2023 un gasto de 24 millones 788 mil 619 pesos para 39 empleados (entre ellos, el equipo de abogados que han litigado contra obras públicas, programas de gobierno y políticas públicas de la actual administración; y el equipo que supuestamente realiza labores periodísticas, pero que en realidad cocina historias a favor de las narrativas del empresario Claudio X González, actual líder moral del PRIAN). Si todos hubieran ganado lo mismo, se habrían embolsado cada uno 635 mil 605.6 pesos el año pasado (52 mil 967 pesos mensuales).
Otros datos relevantes del expediente contable son que dicha organización continuó recibiendo donativos del gobierno de Estados Unidos, a pesar de que las leyes mexicanas prohíben a gobiernos extranjeros financiar actividades de corte político.
De acuerdo con el archivo interno de MCCI, en 2023 recibió donativos por 53 millones 974 mil 70 pesos, de los cuales, 40.8 millones de pesos se atribuyen a persona moral extranjera, lo que coincide con el más reciente informe de la USAID, agencia del gobierno estadunidense que por años la ha financiado, y que en febrero de 2023 admitió haber transferido 6 millones de dólares (3 millones de forma directa y otros 3 millones por coinversión) a la asociación civil.
Además, desglosa que recibió 10 millones 929 mil 500 pesos por donativo de persona moral nacional, y 2 millones 234 mil 705 pesos de donativo de persona moral física.
Acerca de sus gastos, Mexicanos Contra la Corrupción refiere que destinó 25 millones 965 mil 246 pesos al pago de textos supuestamente “periodísticos”, entre los que se incluyen los montajes contra los hijos del presidente López Obrador. Detalla que los supuestos reportajes sobre conflictos de interés costaron 3 millones 341 mil 5 pesos; los “reportajes” sobre uso irregular de recursos públicos, 5 millones 577 mil 775; los trabajos sobre redes de corrupción, 3 millones 559 mil 675; y los textos sobre impunidad, 5 millones 989 mil 509.29 pesos.
Adicionalmente, reporta un gasto de 26 millones 362 mil 121 pesos en “investigaciones aplicadas” contra la corrupción en el sector privado; para fortalecer el “estado de derecho, la justicia y la democracia”; la equidad y concientización de la ciudadanía sobre la corrupción; para la evaluación de políticas públicas y la percepción ciudadana; la vigilancia del gasto público; y para mejorar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Y para difundir masivamente esas narrativas, se reporta un gasto de 3 millones 105 mil 441 pesos para difundir campañas en redes sociales.
Del expediente también sobresale que la organización que se presenta como “sin fines de lucro” destinó 35 millones 550 mil pesos a la especulación financiera, particularmente en “inversiones en valores de renta fija”.
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