En 2023, la Fundación Maelva, propiedad del empresario Valentín Diez Morodo –uno de los abiertos opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y miembro de los consejos de administración de Banamex, Kimberly Clark, DESC, Multivisión MVS, Grupo Alfa, Grupo Ferroviario Mexicano, y Avantel– donó 7 millones de pesos a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad,
El dinero financió parte de las campañas de propaganda negras contra el gobierno federal, orquestadas por la organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo, que preside María Amparo Casar Pérez. Entre ellas, los trabajos destinados a desprestigiar la imagen de los hijos del primer mandatario.
De acuerdo con la información contable de la Fundación Maelva, en 2023 además de los 7 millones de pesos que le donó a MCCI, financió con 1 millón 50 mil pesos a México Unido Contra la Delincuencia, otra de las organizaciones opositoras a la 4T.
En total, el año pasado la Fundación Maelva donó 88. 8 millones de pesos a otras asociaciones civiles, entre las que también destaca una donación a la Fundación Conde de Valenciana –del exrector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers– por 13 millones 889 mil 221 pesos.
Otras donaciones que llaman la atención son a las fundaciones Teletón: 11 millones 500 mil pesos a la Fundación Teletón Vida, IAP; y 4 millones 500 mil pesos a Fundación Teletón México, AC.
MCCI y la guerra sucia
Entre 2019 y 2023, la fundación del magnate Valentín Diez Morodo le ha donado 29 millones de pesos a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el brazo jurídico y mediático de Claudio X González Guajardo, “líder moral” de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática.
Entre 2019 y 2021, la Fundación Maelva entregó 5 millones de pesos a MCCI. Y en 2022 y 2023, aumentó los donativos a 7 millones de pesos por año. Esas transferencias son deducibles del impuesto sobre la renta, y fueron “justificadas” como apoyos económicos para “promover y fomentar con los medios a su alcance todo tipo de actividades educativas, culturales, asistenciales, en beneficio de la salud, científicas, tecnológicas, deportivas, y en general en toda actividad relativa al mejoramiento social”.
Pero lejos de que esos 29 millones de pesos apoyaran el desarrollo de los más necesitados, financiaron textos disfrazados de periodismo y análisis jurídicos que propagan falsedades o verdades a medias con fines propagandísticos. Además, costearon sus “litigios estratégicos”.
En 2019, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se asoció abiertamente con Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Confederación Patronal de la República Mexicana, Consejo General de la Abogacía Mexicana y México Unido Contra la Delincuencia en el colectivo #NoMásDerroches. Desde ahí, promovió más de un centenar de juicios de amparo contra la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y otro tanto para frenar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.
Los juicios de amparo fueron interpuestos directamente por el abogado Gerardo Carrasco Chávez, entonces director del área de Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El financiamiento para ello fluyó desde los grupos empresariales –incluido el de Diez Morodo– y del gobierno de Estados Unidos. En esos tres años, MCCI obtuvo donativos por 171 millones 962 mil 813 pesos, de los cuales 48 millones 980 mil 418 pesos provinieron de la Embajada de Estados Unidos en México. Ello, a pesar de que la asociación civil se caracteriza por ser abiertamente opositora a la actual administración federal y de que las leyes mexicanas prohíben el intervencionismo de gobiernos extranjeros en el país.
Miembro de los consejos de administración de Grupo Financiero Banamex; Kimberly Clark de México; DESC; Multivisión MVS Comunicaciones; Avantel; Grupo Ferroviario Mexicano; y Grupo Alfa, el empresario Diez Morodo ha manifestado abiertamente tener diferencias con el gobierno del presidente López Obrador. De estas corporaciones en las que participa, Banamex y Alfa recibieron trato preferencial en los gobiernos pasados: a la primera le fueron condonados 15 mil 848 millones de pesos de impuestos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, mientras que a Alfa, 4 mil 90 millones en el calderonismo.
Por ejemplo, en el contexto de la pandemia de Covid-19 –a fines de julio de 2020–, declaró: “usando términos futbolísticos, [el presidente de la República] nos patea cada vez que le proponemos algo. Ésa es la realidad. Entonces sí existe ese problema”. Al participar en una conferencia virtual del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, agregó que López Obrador no permite “que los empresarios se cuelguen las medallas por resolver los problemas. Aclaro que no tengo un problema personal, pero los empresarios estamos evitando tener contacto directo con él porque no resuelve los problemas”.
La Fundación Maelva
En el órgano de gobierno de la Fundación Maelva no sólo participa su presidente, Valentín Diez Morodo, sino también su esposa Marina Ruiz Maza; sus brazos derechos Arturo Pérez Arredondo y Pedro Santamarina Noriega; el empresario Ricardo Paullada Nevarez; y el banquero Francisco Javier Cervantes Sánchez Navarro.
Con registro federal de contribuyentes FMA020225DY7, la asociación civil fue creada con el único objetivo de aportar donativos a otras asociaciones civiles autorizadas, en el rubro “organizaciones civiles y fideicomisos de apoyo económico de donatarias autorizadas”, con registro vigente ante el Servicio de Administración Tributaria: 325-SAT-IV-E-92472.
De acuerdo con su información contable, a diciembre de 2023 mantenía una bolsa de 101 millones 287 mil 697 pesos sin gastar. El monto es casi idéntico a los ingresos que reporta: de acuerdo con su información contable, el año pasado la Fundación Maelva recibió un donativo por 100 millones de pesos de parte del magnate Valentín Diez Morodo, quien prefirió transferir esos fondos a la AC a pagarlos al fisco.
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