El nuevo gobierno de México está comprometido a continuar la lucha para mantener el maíz transgénico fuera de la dieta nacional. Así, si el gobierno estadunidense esperaba que una nueva presidenta debilitaría la determinación de México de prohibir el cultivo y consumo de maíz transgénico, esas esperanzas se han desvanecido.

“No permitiremos el cultivo de maíz transgénico”, declaró la doctora Claudia Scheinbaum Pardo en su discurso de investidura.

La oposición de México al maíz transgénico –expresada por primera vez en un decreto presidencial de febrero de 2023 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador– se ha convertido en la fuente de un conflicto comercial histórico entre Estados Unidos y su mayor socio comercial. En agosto de 2023, el representante comercial de Washington respondió con una queja formal en virtud del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que argumentaba que las restricciones de México –destinadas a mantener el maíz transgénico fuera de las tortillas y otros productos de maíz para consumo humano– no tenían base científica. Tras un año de idas y venidas ante un tribunal comercial, se espera que los tres árbitros emitan un fallo en noviembre.

La determinación de México –reafirmada por el nuevo Secretario de Agricultura, Julio Berdegué en su discurso inaugural– representa un audaz desafío no sólo para el gobierno de Estados Unidos, sino para un régimen comercial mundial ampliamente acusado de favorecer a las empresas multinacionales por encima de los compromisos legales de los países de proteger la salud pública y el medio ambiente.

México ha argumentado de forma convincente que sus políticas cautelares sobre el maíz transgénico están respaldadas por una gran cantidad de pruebas científicas que demuestran que los altos niveles de consumo plantean riesgos para la salud tanto del maíz transgénico como de los residuos de herbicidas que lo acompañan. Dado que las medidas apenas afectan a los 5 mil millones de dólares en exportaciones de maíz estadunidense a territorio mexicano, utilizado en su inmensa mayoría para alimentación animal, el reto de México es simple y directo: ¿Puede utilizarse el T-MEC para socavar las políticas nacionales de salud pública y medio ambiente, aun cuando apenas afecten al comercio?

¿Dónde está la infracción comercial?

El caso de Estados Unidos se ha tambaleado desde el principio. Aunque el T-MEC (el sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte) incluye una nueva sección sobre biotecnología agrícola favorable a la industria, el texto no obliga en modo alguno a México a aceptar productos biotecnológicos estadounidenses que considere inseguros. De hecho, el acuerdo permite explícitamente la aplicación de políticas de precaución para la salud pública y el medio ambiente, según un análisis del Institute for Agriculture and Trade Policy.

Las restricciones de México tampoco han afectado significativamente a las exportaciones estadounidenses de maíz. En el año y medio transcurrido desde el decreto presidencial, las exportaciones han aumentado. ¿Por qué? Porque la producción mexicana se redujo debido a una sequía, por lo que la demanda fue mayor, y –como México no deja de recordarnos– no hubo restricciones a las variedades de maíz amarillo, en su inmensa mayoría transgénicas, que constituyen el 97 por ciento de las exportaciones de maíz estadounidense a México. El año pasado, un récord de 5 mil 300 millones de dólares en maíz estadunidense entró en México.

Tampoco hay pruebas de una disminución significativa de las exportaciones de maíz blanco como consecuencia del decreto, según los documentos presentados por México. México no restringió las importaciones de maíz transgénico para su industria de la tortilla, que se abastece casi por completo de productores mexicanos a los que se prohíbe sembrar maíz transgénico. Restringió el uso de maíz transgénico, procedente de cualquier país, en el sector que produce tortillas y la masa. Las fronteras siguen abiertas al maíz blanco estadounidense, incluso al maíz blanco transgénico; sólo que no puede utilizarse en las tortillas.

Eso puede haber reducido temporalmente los mercados para unos pocos exportadores estadounidenses, que representan como mucho el 1 por ciento del maíz exportado. Pero aún tienen ellos la opción de producir maíz blanco no transgénico para conservar sus mercados mexicanos.

En ningún momento de la disputa comercial el gobierno estadunidense ha presentado pruebas de que las restricciones de México hayan reducido las exportaciones de maíz estadunidense de manera significativa. Sin duda, México tiene razón al preguntarse por qué se cuestionan sus medidas de salud pública en el marco de un acuerdo comercial.

El emperador no tiene ciencia

El quid de la cuestión de EU radica en su afirmación de que la seguridad de los cultivos transgénicos es “ciencia consolidada” demostrada por años de consumo seguro en Estados Unidos y en todo el mundo. Como declaró el secretario de Agricultura estadunidense, Tom Vilsack, cuando EU presentó su queja formal, “el enfoque de México sobre la biotecnología no se basa en la ciencia”. El gobierno estadunidense retó a México a demostrar lo contrario.

México lo ha hecho. En sus presentaciones en la disputa comercial, México proporcionó montañas de pruebas de la literatura revisada por pares que mostraban una amplia causa de preocupación por los riesgos del consumo de maíz transgénico y los residuos del herbicida glifosato –más comúnmente conocido como Roundup– que suelen acompañarlo.

Argumentando que sus residentes comen más de 10 veces la cantidad de maíz que comemos en Estados Unidos, México devolvió la carga de la prueba a su vecino del norte. Apuntando a un proceso regulador estadounidense defectuoso que se basa en estudios de sus propios productos financiados por la industria y en evaluaciones científicas obsoletas, México desafió a Estados Unidos a demostrar que su maíz transgénico es seguro para el consumo en las cantidades y formas en que lo consumen los mexicanos.

Como decía un titular de Reuters en marzo: “México espera pruebas de EE.UU. de que el maíz transgénico es seguro para su población”. Ninguna prueba de este tipo se presentó mientras el gobierno de Estados Unidos se agitaba en sus intentos de contrarrestar los cientos de estudios identificados por México que mostraban el riesgo. Una presentación estadounidense que pretendía refutar las pruebas no hizo tal cosa. Estados Unidos se limitó a ignorar algunos de los datos científicos más recientes, como los estudios publicados en las revistas Environmental Health Perspectives y Toxicology and Applied Pharmacology, que mostraban preocupantes dolencias renales y hepáticas en adolescentes incluso tras exposiciones de bajo nivel al glifosato. Otras investigaciones sugirieron posibles daños en el tracto gastrointestinal en mamíferos por el consumo de variedades insecticidas de maíz transgénico, que matan a los insectos atacando sus estómagos.

La falta de pruebas científicas deja al gobierno de Estados Unidos expuesto como México lo ha descrito: insensible, anticuado y dependiente de una ciencia corrompida por la industria. Sobre el maíz transgénico, el emperador no tiene ciencia.

Reabrir debates sobre cultivos transgénicos

Con su presentación pública en el caso del maíz transgénico, México puede reabrir el debate en Estados Unidos y otros países sobre la seguridad de los cultivos transgénicos y sus productos químicos asociados. El organismo científico nacional de México, el Conahcyt, ha compilado la evaluación científica más completa basada en sus años de investigación. Gran parte de ella se ha publicado y traducido en el curso de la disputa comercial. (Están disponibles en esta página web de recursos     .)

“El Conahcyt hizo una revisión exhaustiva de la literatura científica”, dijo la directora saliente del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, “y concluimos que la evidencia era más que suficiente para restringir, por precaución, el uso de maíz transgénico y su agroquímico asociado, el glifosato, en las cadenas de suministro de alimentos del país”.

La agencia científica publicó la semana pasada los resultados de su monitoreo del cumplimiento de las restricciones impuestas al maíz transgénico. Su investigación mostró la continua contaminación de las existencias de maíz destinado a la industria de la tortilla, con un 25 por ciento de las muestras que dieron positivo por la presencia de rasgos transgénicos y un 39 por ciento por residuos de glifosato. Calificando los resultados de “preocupantes”, los investigadores pidieron el etiquetado del maíz transgénico para mejorar su cumplimiento.

La presidenta Sheinbaum se enfrentó desde el primer día a presiones para que cambiara la postura de su predecesor. El día de su toma de posesión recibió la noticia de una carta de miembros del Congreso de EU al secretario del Comercio Internacional y el secretario de Agricultura, al exhortarlos a que exijan a la prresidenta mexicana que dé marcha atrás.

En cambio, el congreso mexicano está redoblando sus esfuerzos. El poder legislativo está a punto de aprobar una enmienda constitucional que prohíbe el cultivo de maíz transgénico y su uso en tortillas y otros preparados de maíz comunes, las mismas medidas que se discuten en el caso comercial. El partido Morena de Sheinbaum cuenta con una amplia mayoría en ambas cámaras del congreso y en la mayoría de las legislaturas estatales, lo que abre la puerta a reformas constitucionales.

Una polémica reforma judicial que exige la elección popular de todos los jueces ha acaparado los titulares, pero la enmienda sobre el maíz transgénico es una de las 18 medidas constitucionales presentadas a principios de año por López Obrador. El último disparo del ex presidente en el conflicto comercial daría a México un arma legal adicional en su lucha comercial.

El mensaje parece claro para los funcionarios estadounidenses y para los árbitros: Nadie va a obligar a los mexicanos a comer tortillas de maíz transgénico con residuos de pesticidas. Los ciudadanos mexicanos también han manifestado su determinación. En junio, la coalición Sin Maíz No Hay País envió más de 100 mil cartas al tribunal comercial instándoles a respetar el derecho de México a decidir por sí mismo cómo alimentar a sus habitantes.

“Una decisión del tribunal a favor de Estados Unidos demostraría que el acuerdo comercial no es más que un instrumento para que Estados Unidos imponga su voluntad a México”, afirma Tania Monserrat Téllez, de la coalición. “Independientemente de la decisión del panel, México debe proteger la salud de su población y el patrimonio biocultural que representa nuestro maíz nativo.”

Este artículo fue publicado en inglés por Truthdig.