El primer paso para las futuras elecciones del Poder Judicial debería ser informar a la sociedad del funcionamiento y las responsabilidades de ministros, magistrados y jueces, explica la doctora Silvana Torres. Para la experta en comunicación, el reto de esas campañas informativas es que diversos grupos poblacionales entiendan la importancia y el impacto de su futura decisión respecto de su propia realidad. En entrevista con Contralínea, agrega que para ello se tendrán que tomar en cuenta los 68 pueblos indígenas, las mujeres, los campesinos, y otros sectores vulnerables, puesto que no todos decodifican los mensajes de la misma manera

Si a la ciudadanía no le interesa y no entiende qué hacen y qué función tienen los ministros, magistrados y jueces, cuando vote en las siguientes elecciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) será en función de quién le cae bien o quién es más popular o más guapo o guapa, advierte la doctora Silvana Citlalli Torres Campoy. Por ello, considera que antes de los comicios del 1 de junio de 2025 este conocimiento debe estar al alcance de la sociedad.

En entrevista con Contralínea, la comunicóloga, doctora en filosofía de la ciencia y experta en políticas públicas señala que es importante que las siguientes elecciones del Poder Judicial sea un proceso comprensible para la población, de tal forma que ésta pueda votar de una forma consciente e informada.

Al ser el PJF una esfera de élite, sólo unos pocos conocen lo que ocurre dentro de este órgano, y únicamente de forma general, incluso entre aquellos que se dedican a la academia o que son servidores públicos pero trabajan en otras áreas, lamenta la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

La experta señala que, a lo anterior, se suma el propio desinterés de la población, que puede estar más concentrada en sus problemas inmediatos –particulares o comunitarios– y no en estar pensando “¿qué hará un magistrado?” Eso, dice, “es una cosa que a la mayoría no nos interesa, pero ahora sí nos tiene que interesar porque ahora vamos a votar por esas personas”.

La doctora Silvana Torres considera que la iniciativa de informar a la sociedad sobre el funcionamiento del Poder Judicial y el papel de los juzgadores debería venir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha institución, agrega, tendría que promover las campañas informativas, e incluso dialogar con el gobierno federal, en aras de construir estrategias comunicativas para que la gente vea temas que no les importan, y los cuales asumen ajenos a ellos.

Al respecto, detalla que esta desconexión que existe entre el Poder Judicial y la ciudadanía mexicana ha provocado que, cuando se es víctima de alguna violación de derechos humanos no se sabe qué hacer. También observa que parte del problema es que se asume que nunca se va a ser víctima de un delito, o que nunca se necesitará interponer una denuncia o una demanda.

“Aunque sabemos que estamos en riesgo latente, asumimos que nunca nos vamos a tener que parar en el famoso MP [Ministerio Público]. Y creo que eso es un problema, porque cuando ocurre (porque, probablemente, va a ocurrir que seas víctima de un delito, víctima de corrupción, o de algo), los procesos se saben que son tan tardados, tan tediosos, tan engorrosos que la gente no quiere vivirlos. Entonces, lo que hace es no denunciar”.

La académica universitaria agrega que “las pocas denuncias que llegan a los Juzgados de Distrito pasan después de dos años. O sea, tienen una continuidad o una sentencia después de años. Incluso, a veces como las sentencias no son satisfactorias, no son justas –digamos, a partir de evidencias, etcétera– empiezan a escalar ya sea a fiscalías especializadas o a los tribunales, y de ahí a la Suprema Corte; pero ese proceso lleva años”.

De los 31.3 millones de delitos que ocurrieron en 2023, sólo el 10 por ciento se denunció, de acuerdo con la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (Envipe), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El comunicado también revela que el MP abrió una carpeta de investigación en 68 por ciento de estas denuncias, lo cual implica que, del total de delitos ocurridos, 92.9 por ciento no fueron investigados.

Sobre este problema, la doctora Silvana Torres afirma que la reforma judicial puede hacer más eficientes estos procedimientos: “de hecho, uno de los artículos modificados es en torno a ello”. Por otro lado, para la académica, es necesario que se le haga saber a la ciudadanía la importancia de hacer denuncias y, por lo tanto, de que sus derechos sean garantizados por el Estado, así como por los servidores públicos.

Es primordial informar que no es normal los delitos ni la corrupción, y que se puede construir un sistema en el que se castiguen todas esas faltas de manera más punitiva, indica. Asimismo, estima que si se le hace saber a la población que podrá tener un proceso más efectivo, en donde se le darán todas las herramientas para que ponga una denuncia y ésta proceda, verá viable que haya un juez, una jueza que sea justa, que tenga una formación, que tenga experiencia. “Pero hasta que a la sociedad no le digas que eso le va a afectar directamente, no le va a importar quién queda”.

Por consiguiente, se vuelve crucial comunicar todo este conocimiento a todos los mexicanos. Para ello, Silvana Torres considera que se debe tener en claro los sistemas bajo los cuales las personas significan; es decir, sus códigos culturales. “Interesa cómo la persona significa y cómo se comporta y cómo interpreta a una figura política, a un derecho humano, a una denuncia.

La creación de estrategias comunicativas es un reto si se considera, por ejemplo, la cantidad de comunidades indígenas. Para la doctora en filosofía de la ciencia, no sólo se tendría que pensar en las 68 lenguas indígenas, sino que la traducción de tendría que ser en las 364 variantes lingüísticas.

De igual manera, se tendrá que considerar las diferentes formas en las que ciertas colectividades entienden su realidad. “Incluso, en términos de género, se tiene que segmentar todo eso, porque, al final, si tú votas por una jueza o juez, desde mi género en relación con una población vulnerable –dado que nos matan diario, nos desaparecen diario [sic]– me preocupa que haya una jueza, un juez, que haya una magistrada, magistrado, ministras, ministros que tengan sensibilidad a la perspectiva, mínimamente, de género; pero se tendrá que ser también multicultural en términos de derechos humanos”.

“Entonces, las estrategias de comunicación tendrían que estar interseccionalmente segmentadas [contemplar diversos factores sociales]. Si soy una mujer lesbiana de Oaxaca, todas esas categorías me cruzan y me ponen frente a otra mujer en un lugar inferior [sic]. O sea, una vez que ya segmentas a tus públicos de esa forma, a partir de sus códigos interpretativos y de significación, a partir de las creencias que tengan, a partir de una metodología interseccional, las estrategias de comunicación tendrían que estar construidas desde allí para que los propios mensajes que emitan puedan ser interpretados por cada una de esas comunidades segmentadas”

Para llevar a construir y divulgar estos mensajes, la estudiosa en semiótica señala que se necesita una gran maquinaria que, por un lado, realice investigación de campo y que, por otro lado, construya tales estrategias comunicativas, además de que debe haber los recursos suficientes.

Asimismo, esta comunicación efectiva debe existir durante los foros de debate que tendrán los distintos candidatos a jueces, ministros y magistrados; es decir, se debe utilizar un lenguaje claro y no uno con tecnicismos jurídicos, “para, realmente, poder como ciudadanía de a pie, como persona que no sabes qué hacen, cómo persona que no te interesa que hacen, poder decir ‘a esa persona le confío mi persona o mi familia si pongo una denuncia o si tienen que velar por mis derechos’”, refiere.