Como cada año, el 8 de marzo, millones de mujeres se manifestaron por las principales ciudades del mundo. Exigen acabar con el sistema machista y misógino que el capitalismo ha alentado como medio de dominación.

En éste, ellas vienen luchando por el reconocimiento a su derecho a la educación; a la equidad laboral;  por el respeto a decidir sobre sus cuerpos; entre otras demandas.

En el actual contexto de conflictos armados –como la Guerra de Rusia-Ucrania y la invasión de Israel a la Franja de Gaza–, miles de mujeres han sufrido los terribles efectos colaterales, como violaciones y vejaciones de todo tipo por parte de los ejércitos enemigos.

Por la necesidad de evacuar las zonas bélicas, están expuestas a las mafias de las redes de trata de personas. Sin mencionar que un número indeterminado han perdido la vida, en una clara infracción a los acuerdos internacionales.

En México, y pese a las leyes aprobadas para que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia, los índices de feminicidios siguen siendo preocupantes.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 6 mil 837 mujeres fueron asesinadas en el país en 2024. Sin embargo, sólo 839 casos se clasificaron como feminicidios. En 2023, la cifra fue de 853 casos, y tan sólo en enero de 2025, se documentaron 54 feminicidios; es decir, 1.7 al día.

Desde 1910, durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague, se decidió conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

El camino –que millones de mujeres han debido recorrer hasta materializar el respeto a sus derechos en leyes– ha sido azaroso. Sobre todo en el terreno laboral, si se considera que a principios del siglo pasado, las mujeres trabajaban en condiciones infrahumanas de explotación, sin acceso a la seguridad social. Tampoco, tenían derecho al voto y menos a ser electas para un cargo de representación.

Aunque en México se ha legalizado el aborto y se busca materializar la equidad de género en diversos campos de la política, la ciencia, la academia y diversas ramas de la economía, aún persisten brechas salariales y violación a sus derechos humanos y laborales en cadenas trasnacionales –como las tiendas Walt Mart–, o consorcios a nivel global –como Amazon–.

Uno de los rezagos laborales que apenas comienza a ser atendido es el reconocimiento al trabajo no remunerado, que incluye las labores domésticas y el trabajo de cuidados, el cual acapara muchas horas diarias y es ejecutado de manera preferente por las mujeres.

Otro de los temas pendientes relacionados con la necesaria reforma al Poder Judicial es el abordado en diversos foros por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

A las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha exigido a jueces y ministros impulsar los cambios jurídicos para que las víctimas de feminicidio obtengan justicia, mientras luchan contra los procesos amañados, los cuales han permitido la liberación de los agresores.

El OCNF ha denunciado que persiste la cultura patriarcal y machista de parte de la mayoría de los impartidores de justicia. La misma establece la ligereza de criterios para otorgar amparos a los violentadores.

A nivel global, conflictos armados como la invasión de Rusia a Ucrania han desatado una ola de violencia de género; especialmente de carácter sexual. De acuerdo al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), más de 3 millones de personas huyeron de Ucrania desde que Rusia inició su invasión el 24 de febrero del 2022; en su mayoría, mujeres.

Naciones Unidas ha señalado que mujeres y niñas han sufrido violaciones en grupo, tortura sexual, desnudez forzada y otras formas de abuso. Todas estas situaciones denigrantes han sido documentadas por periodistas y organizaciones de derechos humanos, sin dejar de mencionar el riesgo que se han enfrentado al cruzar sus fronteras por las mafias de los traficantes de personas.

Al igual que en Rusia, las mujeres ucranianas han padecido desde hace décadas de la violencia doméstica, acostumbradas a que el sistema legal les otorgue mínimas garantías. Y ahora que han debido salir de su país junto con sus hijos, se han visto en una situación de vulnerabilidad extrema.

Además, por lo menos unas 80 mil mujeres –que se calcula han dado luz en Ucrania– se han expuesto al riesgo de partos sin condiciones mínimas de seguridad e higiene, ya que muchos de los objetivos de ataque ruso han sido los hospitales.

Una de las voces de alerta sobre el grado de emergencia que enfrentan las ucranianas es la del secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, quien denunció que “para los traficantes de personas y depredadores, la guerra en Ucrania no es una tragedia, sino una oportunidad”.

Otra de las zonas de conflicto donde las mujeres y niñas han sufrido la brutalidad del ejército israelí es la Franja de Gaza y Cisjordania. Ahí, expertos de la ONU denunciaron atroces violaciones de derechos humanos a las mujeres y niñas palestinas.

Esta inaceptable brutalidad señala que mujeres y niñas han sido ejecutadas arbitrariamente en Gaza, a menudo junto con miembros de sus familias. “Al menos en una ocasión, las mujeres palestinas detenidas en Gaza fueron presuntamente mantenidas en una jaula bajo la lluvia y el frío, sin comida”, denunciaron los expertos.

De acuerdo a sus informes, las mujeres y niñas detenidas por el ejército israelí fueron sometidas a múltiples formas de agresión sexual, como ser desnudadas y registradas por oficiales masculinos. Las violaciones sexuales se convirtieron en los abusos habituales. Parte de esta brutalidad es que muchas fueron asesinadas a pesar de tener banderas blancas.

El gobierno de Israel violó en todos los sentidos su obligación de defender el derecho a la vida, la seguridad, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas palestinas y, menos aún, garantizó que no fueran sometidas a violencia, tortura, malos tratos o tratos degradantes; incluida la violencia sexual.

Y aunque estos abusos pueden constituir graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; además de equivalen a crímenes de derecho penal internacional, los cuales podrían ser enjuiciados en virtud del Estatuto de Roma, para Israel nunca ha sido prioridad llamar a cuentas a los responsables.

Las redes sociales, por ejemplo, sirvieron a los soldados israelíes para posar con objetos y ropa interior femenina pertenecientes a mujeres palestinas, cuyas casas habían sido saqueadas. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y provocaron una indignación generalizada.

Por estas atrocidades es que el camino de las mujeres por alcanzar una realidad plena a sus derechos humanos, de seguridad y el respeto a su dignidad, todavía es largo.

La sororidad debe extenderse más allá de fronteras y creencias, porque resulta inaceptable que, en pleno siglo XXI, los conflictos armados sean la excusa para violentarlas o asesinarlas sin que los culpables paguen por tan atroces delitos.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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